La agenda legislativa del oficialismo entra en una fase decisiva en pleno verano, atravesada por la negociación con los gobernadores, la reforma laboral y la sombra persistente del conflicto en Venezuela. A una semana de la operación de Estados Unidos que derivó en la extracción de Nicolás Maduro del poder, el escenario político regional impactó de lleno en la dinámica interna de la Argentina y reconfiguró prioridades en el Congreso.
El interrogante central sigue siendo cuál será el temario que el Gobierno nacional logre impulsar en el período de sesiones extraordinarias, un mecanismo que limita la actividad parlamentaria a la convocatoria expresa del presidente de la Nación. Durante diciembre, Javier Milei hizo uso de esa facultad entre el 10 y el 30, una ventana breve pero clave en la que el oficialismo consiguió la sanción del Presupuesto 2026 y dejó encaminado un dictamen de reforma laboral en el Senado. Sin embargo, el decreto para un nuevo período de extraordinarias aún no fue firmado.
En la Casa Rosada manejan una fecha tentativa: el 2 de febrero como inicio de un nuevo tramo legislativo. Allí, el foco estará puesto en continuar los hilos que dejó la aprobación del Presupuesto y, especialmente, en avanzar con la reforma laboral, un proyecto que el Gobierno considera estructural pero que requiere un delicado equilibrio político para reunir los votos necesarios.
El oficialismo cerró 2025 con una victoria política significativa. Javier Milei inicia su tercer año de mandato con un presupuesto aprobado por el Congreso, algo que no había logrado en su primer tramo de gestión. La votación fue holgada: 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, con nueve votos de diferencia sobre el mínimo necesario. Al peronismo le faltaron tres voluntades para bloquear la iniciativa, y esa foto parlamentaria se convirtió en la base sobre la cual el Gobierno intenta ahora construir nuevas mayorías.
Sin embargo, esa mayoría no está garantizada para el próximo desafío. La reforma laboral abre un escenario distinto, con resistencias más marcadas y negociaciones más complejas. Por eso, el Ejecutivo activó una estrategia política centrada en el diálogo directo con los gobernadores, clave tanto en Diputados como en el Senado.
El año de Milei, marcado por agenda parlamentaria y los desafíos económicos
El encargado de esa tarea es Diego Santilli, ministro del Interior, quien comenzó el año recorriendo provincias con un mensaje claro: no hay fondos, pero sí gestos y compensaciones posibles. La consigna, que ya había sido planteada por Guillermo Francos durante su paso por la Jefatura de Gabinete, se tradujo en una agenda de visitas y reuniones con mandatarios provinciales para asegurar apoyos legislativos.
La primera escala fue Chubut, donde Santilli se reunió con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, una de las figuras emergentes del PRO. El encuentro no se realizó en la capital provincial, sino en El Hoyo, una zona afectada por incendios forestales, lo que volvió a poner sobre la mesa la tensión entre las provincias patagónicas y la Nación por los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La “sábana corta” del presupuesto y la sobreventa de expectativas marcaron el clima político.
Torres escuchó, tomó nota y dejó definiciones medidas. Desde el gobierno chubutense reconocen disposición a respaldar parte de la reforma laboral, pero sin entrar en una confrontación abierta con los sindicatos. En Chubut, los cambios laborales recientes se realizaron con acuerdos gremiales, no mediante choques frontales, y esa experiencia condiciona la postura provincial.
El gobernador patagónico también envió un mensaje hacia adentro del PRO: evitar nuevos conflictos que erosionen el capital político obtenido con la sanción del Presupuesto 2026. Esa cautela explica, en parte, la decisión del Gobierno nacional de correr los tiempos y abandonar la idea de una “guerra relámpago” legislativa.
Tras la reunión, Santilli ofreció una entrevista en el canal Neura, en la que dejó definiciones alineadas con la Casa Rosada. “La Argentina necesita una reforma laboral. Tenemos una del 75, es un tema que hay que abordar. También el Código Penal, con tolerancia cero al delito”, sostuvo. Y agregó que, si bien cada provincia tiene matices, “en líneas estructurales la mayoría quiere un nuevo Código Penal y una reforma laboral que saque a la Argentina de la informalidad”.
Torres fue el primer paso de una recorrida más amplia que también busca recomponer la relación del Gobierno con el PRO, en un contexto de crisis del liderazgo de Mauricio Macri dentro del espacio. Viejas figuras del macrismo reaparecen ahora como aliados del oficialismo libertario, y Santilli emerge como uno de los intérpretes más fieles del discurso de Milei.
Aun así, el ministro del Interior reconoce un límite claro: la última palabra no la tiene él, sino Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. Sin recursos frescos, la negociación se apoya en gestos políticos, promesas de gestión y compensaciones indirectas.
Reforma laboral: Santilli comenzó el operativo seducción en Chubut sin descuidar los incendios
Uno de los ejemplos más claros de esa lógica se dio en Catamarca, con el gobernador Raúl Jalil. En la capital provincial, el mandatario recibió a ejecutivos de Glencore, uno de los gigantes mineros globales, que confirmaron avances para recuperar el yacimiento Bajo La Alumbrera bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Poco después, Jalil celebró en redes sociales una decisión clave: la salida del Estado nacional de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), una empresa creada en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi. Con el DNU firmado por Milei, Catamarca pasó a controlar el 60% del paquete accionario, mientras que el 40% restante quedó en manos de la Universidad Nacional de Tucumán, institución que descubrió el yacimiento hace casi un siglo.
“Es un derecho histórico que vuelve a manos de Catamarca y marca un punto de inflexión para nuestro desarrollo”, destacó Jalil. En la Casa Rosada, la lectura es clara: comienzan a cumplirse compromisos asumidos durante la negociación del Presupuesto, y ese cumplimiento explica, en parte, los votos “de sobra” que tuvo el oficialismo en el Senado.
El trasfondo de estas decisiones está directamente ligado a la reforma laboral. Los cambios propuestos impactan en el impuesto a las ganancias y, por ende, en la coparticipación, un tema sensible para las provincias. Por eso, la Nación espera gestos concretos: resignar parte de esos ingresos futuros a cambio de respaldo político.
En ese esquema, Mendoza aparece como una provincia clave. El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que está dispuesto a negociar, y su relación con el Gobierno nacional es vista como estratégica. Cornejo será uno de los próximos mandatarios en recibir a Santilli, junto con Leandro Zdero (Chaco), un aliado radical de peso, y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), exministro del Interior durante el macrismo y figura central del PRO federal.
En Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo también juega su carta. La senadora Beatriz Ávila, alineada con el gobernador, se convirtió en una aliada clave en votaciones recientes, una señal directa a la Casa Rosada de que el apoyo legislativo puede sostenerse.
La estrategia oficial apunta a no depender de mayorías ajustadas, sino a consolidar números amplios como los logrados con el Presupuesto. Sin embargo, la reforma laboral muestra fisuras: el propio oficialismo debió postergar su tratamiento y admitir que la negociación sigue abierta.
Otra provincia central es Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, una de las más beneficiadas por aportes del Tesoro Nacional junto con Tucumán. Sáenz aportó votos clave en el Senado, entre ellos el de Flavia Royón, exsecretaria de Energía, hoy senadora alineada con el oficialismo por decisión del gobernador.
Royón encarna un puente entre el final del gobierno peronista y el inicio de la gestión libertaria, un dato que pasó inadvertido para buena parte del periodismo, pero no para los inversores ni para el sector energético. La minería y la energía aparecen como políticas de Estado, con continuidad más allá de los cambios de signo político.
En la Patagonia, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, espera a Santilli con una agenda cargada. Vaca Muerta y el impacto regional del petróleo venezolano son temas centrales, junto con un reclamo concreto: el estado de las rutas. La Nación no financia obras, pero ofrece compensaciones si las provincias se hacen cargo, una fórmula que ya generó tensiones con Torres en Chubut.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua será otro de los anfitriones. Los votos misioneros resultaron determinantes para el oficialismo, especialmente en el Senado, y el Gobierno busca consolidar ese respaldo en esta nueva etapa.
No todos los gobernadores están alineados. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) aparecen como los interlocutores más complejos. En Córdoba, la negociación avanza lentamente, con un único punto parcialmente destrabado: la controversia judicial por las cajas previsionales. Cerca de Llaryora advierten que no habrá nuevas reuniones hasta que se cumplan compromisos previos.
Pullaro, en tanto, fue explícito. Reconoció su buena relación personal con Santilli, pero reclamó respuestas concretas y no solo gestos. El gobernador santafesino viene de cerrar una reforma constitucional y proyecta su futuro político hacia 2027, lo que refuerza su autonomía frente a la Casa Rosada.
Mientras tanto, la crisis venezolana se filtra en la agenda local. Milei aún no firmó el decreto de convocatoria a extraordinarias, pero el oficialismo presentó un proyecto en Diputados para respaldar la decisión del presidente de apoyar la operación de Donald Trump en Venezuela. En la Casa Rosada no descartan incluir este tema en el temario legislativo.
El argumento oficial vuelve a mencionar supuestos vínculos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con el cartel de los soles, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos negó la existencia formal de esa estructura criminal. La falta de información precisa y las contradicciones internacionales alimentan dudas incluso dentro del propio arco político.
Así, el Gobierno enfrenta un verano intenso: negociaciones provincia por provincia, una reforma laboral en suspenso y un conflicto regional que amenaza con colarse en el debate parlamentario. La foto del Presupuesto aprobado fue solo el comienzo. El verdadero desafío será convertir esa mayoría circunstancial en un respaldo estable para el resto de la agenda oficialista.
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