Marta Valiñas, Alex Neve y María Eloísa Quintero, miembros de la Misión internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019 por la ONU «para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos desde el 2014» expresó su «profunda preocupación tras el ataque de los Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro», subrayando «la necesidad de garantizar la rendición de cuentas». (1)
«Fuertes explosiones y ruidos parecidos al sobrevuelo de aviones fueron escuchados en Venezuela al inicio del sábado 3 de enero de 2026, deflagraciones comentadas por cadenas televisivas estadounidenses, evocando las promesas de Donald Trump de ajustar cuentas con Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar «una red de narcotráfico», un ataque atribuido a la intención de ampararse de recursos petroleros, y quebrar la independencia política del país». (2)
El bombardeo se verificó «en los Estados de Miranda, Aragua y la Guaira», para «ampararse de recursos estratégicos de Venezuela, particularmente el petróleo y minerales, buscando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación», atacando además el Fuerte Tiana, principal enclave militar del país, la base aérea de La Carlota y el cuartel de la Montaña, observándose el vuelo de helicópteros, en presencia de un portaviones y navíos de guerra en el mar Caribe». (3)
Así fue la operación secreta de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro
«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprensión de Nicolás Maduro», según lo indicara el gobierno de Donald Trump, «por cargos de narco-terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos», Marta Valiñas reclamó «mantener el foco en los crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana», que «incluyen detenciones» sin base legal, «ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida; desapariciones forzadas, torturas» y «tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como violencia sexual y de genero». (4)
«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve. Añadió que «de igual modo la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan el derecho internacional». (5)
«La responsabilidad por estas violaciones no se limita a Nicolás Maduro», afirmó María Eloísa Quinteros. «Otras personas que ejercieron mando o autoridad sobre las fuerzas de seguridad, o que de otro modo contribuyeron a la comisión de estos crímenes, también deben rendir cuentas». Existe «una profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de los derechos humanos en los próximos días o semanas, en un contexto volátil». (6)
Resulta además inquietante para la Misión «la afirmación del gobierno de los Estados Unidos de que tiene la intención de «administrar» el país en el futuro previsible, al mismo tiempo que» los funcionarios de Caracas «han declarado un estado de emergencia». Los 3 expertos exhortan «a las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto al derecho internacional. Los derechos del pueblo venezolano han sido vulnerados de manera sistemática mucho tiempo». Hoy «deben ocupar el primer lugar». (7)
Para la «oenegé» Alerta Venezuela, el «operativo militar dirigido para capturar a Nicolas Maduro y su esposa», Cilia Flores», ha sido parte «de una acción de seguridad de gran escala bautizada «Operación Resolución Absoluta». (6) Tal vez dirigentes del descabezado gobierno de Maduro, emerjan en un régimen provisorio, como Delcy Rodriguez, y su hermano, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, y Vladimiro Padrino Lopez, sin contar a quienes ganaron las últimas elecciones y debieron exilarse o pasar a la clandestinidad, particularmente a Edmundo González Urrutia, refugiado en España, y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, con paradero desconocido. (8)
De momento, no se disipa la incertidumbre. El supuesto «Cartel de los Soles», el cual jugaría algún rol en la sorprendente coyuntura que parece gestarse en el vacío de poder venezolano, resulta una incógnita. No hay base legal para atribuirle a un potencial protagonismo a cualquier actor que pretenda emerger en ese contexto, dado el retiro de las fuerzas estadounidenses que intervinieron para capturar a Maduro y llevárselo a Estados Unidos, a fin de comparecer ante un tribunal de Nueva York, presuntamente acusado por ejercer el narcotráfico a escala planetaria. (9)
Que se sepa, no existe ningún ataque armado previo de Venezuela a los Estados Unidos que justifique una eventual defensa legítima, ni autorización del Consejo de Seguridad que lo avale. Se ha vulnerado la base fundamental del derecho internacional que descansa en el principio de soberanía. La entrada de tropas extranjeras en Venezuela junto a la practica de detenciones y «extracciones» no autorizadas es una vulneración de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza, incluso si el objetivo es un gobernante de facto acusado de crímenes graves. (10)
Resulta evidente que los Estados Unidos han quebrado la paz y la seguridad internacional al atacar militarmente con el fin de resolver situaciones de carácter político, aun si producen implicaciones locales y globales, en desmedro de la integridad territorial e independencia de Venezuela, considerando los daños y la cuestión de «tutelar una transición». (11)
En el ámbito de los derechos humanos, cualquier traslado forzoso de una persona a otro Estado, sin procedimiento de extradición o mecanismo procesal pertinente entre los países involucrados, constituye una operación arbitraria y de alto riesgo, que la doctrina política podría calificar de «entregas extraordinarias» (12)
Estas practicas de Estados Unidos consisten en conseguir la custodia de una persona sospechosa de participar en un delito grave en violación cuanto menos de las normas del debido proceso y la protección judicial. El hecho que no exista democracia ni separación de poderes en un país, o que la operación sea «quirúrgica» contra criminales más atroces, no sirve de excusa para legitimar este proceder arbitrario. (13)
Si el marco existente del Derecho Internacional no permite otra salida al conflicto venezolano es parte de una discusión más profunda, pero eso es responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, que se han comprometido a sujetar sus normas y políticas internas al Derecho Internacional. (14)
Ante la magnitud de la ofensiva desplegada sobre Venezuela que, según el secretario de guerra de los Estados Unidos, contó con 150 aviones y un gran número de helicópteros militares, no hubo reacción perceptible por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ni obstáculo que se opusiera a los bombardeos que atacaron Caracas. Los voceros oficialistas, salvo contadas excepciones, como los de los ministros de relaciones exteriores e interiores, no comunicaron la posición del régimen ni las medidas a tomar para defender la integridad de las personas ante la grave situación. (15)
Al iniciarse la ofensiva, el gobierno ilegítimo emitió un comunicado señalando que «el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada». (16)
El ataque de Estados Unidos a Venezuela: ¿Adiós a la seguridad regional?.
No obstante, es poco clara la entidad jurídica de ese comunicado, que parece haber tenido sólo fuerza propagandística, dado que la declaratoria de tal estado de conmoción debe ser producida por el Consejo Ministros y refrendada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, lo que no ha sucedido. Sin embargo, horas después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en alocución pública, informó acerca de un decreto similar e hizo entrega de este a la presidenta del Tribunal. Igualmente señaló que dada la ausencia del presidente, el Consejo de Estado se mantiene en sesión permanente. (17)
Tampoco se produjo, al menos hasta la redacción del presente texto (6.00 pm, hora de Venezuela, del 3 de enero del 2026), una convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, un hecho que, frente a los acontecimientos en desarrollo, debería tener la mayor urgencia. Por otro lado, el llamado oficialista a la «lucha armada» fue abiertamente desoído por la ciudadanía, que ni durante la ofensiva ni al término de la misma salió a la calle a manifestarse en defensa del régimen. Cabe destacar que tampoco hubo presencia visible de los milicianos, que son el sector más evidentemente politizado de la Fuerza Armada. (18)
Mas de seis horas después de confirmada la detención de Maduro y Flores, la líder de la oposición, María Corina Machado, publicó un mensaje por rede sociales que comenzaba con una afirmación que no se corresponde con la realidad, al señalar que Maduro «enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos». Ni el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York es un tribunal que se califique como parte de un sistema de justicia internacional, ni los cargos sobre narco-terrorismo se asocian con los crímenes atroces cometidos contra venezolanos. El men- saje también sugería que la captura de Maduro es el fin de la dictadura. Por ahora no es así, y lo peor es que Trump no ve a Machado como la persona capaz de conducir una transición. (19)
La reacción internacional ha reflejado la polarización que persiste en torno a la situación de Venezuela, pero algunos críticos de Maduro, incluyendo la Unión Europea, no aplaudieron incondicionalmente la intervención armada de Trump, al recordar que «en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas». Las ofertas de mediación hechas por los gobiernos de Colombia y Brasil no parecen muy viables cuando perdieron la mejor oportunidad que tenían después del fraude electoral de julio de 2024. Otras ofertas de mediación por parte de España, Catar y Panamá tendrían que contar con el beneplácito de Trump, quien mantiene una actitud triunfalista, desafiante y arrogante, pues se auto percibe como un actor central en la resolución de conflictos, no como parte de ellos, aunque lo sea. (20)
Como país fronterizo, Colombia también anunció que la promulgación de un decreto de emergencia económica, social y ambiental en la frontera para hacer frente, entre otras cosas, a un posible flujo de migrantes, al tiempo que Brasil, otro país fronterizo, cerró temporalmente la frontera, pero la reabrió horas después. En el escenario multilateral el primero en pronunciarse fue el Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, seguido horas después por el vocero del Secretario General de la ONU. En ambos casos las reacciones se centraron en la necesidad de la moderación y respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional. (21)
Tras describir algunos detalles de la operación Trump afirmó «Nosotros vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura. Vamos a administrar ese país». Además, repitió una vez más la falsa narrativa sobre las cárceles y psiquiátricos que habría vaciado Maduro para enviar a delincuentes y enfermos a los Estados Unidos, persistiendo de esta forma en la criminalización de los migrantes venezolanos para justificar su detención y deportación arbitrarias, e insistió en el supuesto «robo» del petróleo que, según asegura, pertenece a los Estados Unidos. Una vez mas, las palabras democracia, Estado de derecho y derechos humanos, estuvieron ausentes en el discurso de Trump». (22)
Tampoco debe olvidarse que Trump anunció que Delcy Rodriguez, vicepresidenta del gobierno de facto, habría sido juramentada como presidenta y que ella estaba dispuesta a cooperar con los Estados Unidos en lo que solo podría calificarse como una transición tutélala. Pero horas más tarde aparecieron los principales voceros del gobierno de facto, encabezado por Rodriguez, quien denunció el secuestro de Maduro. (23)
¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional?. Ni el gobierno de Trump, ni el gobierno de facto en Venezuela se caracterizan por su apego a la verdad y a la transparencia, así que pasaran varios días hasta saber quien realmente está a cargo. Por lo pronto, el control de población y territorio parece seguir en manos del chavismo y es a ellos a quienes hay que exigirles cuentas, pero si prospera una transición tutélala, un gobierno extranjero sería corresponsable de las violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y futuras, resultando imprescindible exigirles cuentas. (24)
Mientras tanto, quienes hacen un llamado a respetar la soberanía, deben recordar que la soberanía de Venezuela, expresada por el pueblo en la elección robada el 28 de julio de 2024, ya había sido burlada. Quienes temen un saqueo de los recursos, deben recordar que los recursos ya habían sido entregados a potencias extranjeras. El respeto a la voluntad popular, expresado el 28 de julio de 2024 y la recuperación de las ganancias de las riquezas para los venezolanos no pueden relativizarse ni postergarse en nombre de una transición tutelada. (25)
En el ámbito de los derechos humanos cualquier traslado forzoso de una persona a otro Estado, sin procedimiento de extradición o mecanismo procesal pertinente entre los países involucrados, constituye una operación arbitraria y de alto riesgo, que la doctrina califica de «entregas extraordinarias». Tales practicas consisten en la obtención de la custodia de una persona sospechosa de participar en un delito grave en violación cuando menos de las normas del debido proceso y la protección judicial. El hecho que no exista democracia ni sepa- ración de poderes en un país, o que la operación sea quirúrgica contra los criminales más atroces, no sirve de excusa para legitimar este proceso arbitrario. (26)
Si el marco existente del derecho internacional no permite otra salida al conflicto venezolano es parte de una discusión más profunda, pero es responsabilidad exclusiva de los Estados, que han comprometido a sujetar sus normas y políticas internas al Derechos Internacional. Por otra parte los voceros oficialistas, en contadas excepciones, como los casos de los ministro de relaciones exteriores e interiores, no comunicaron la posición del régimen ni las medidas a tomar para defender la integridad de las personas ante la grave situación. (27)
Ni el gobierno de Trump, ni el gobierno de facto en Venezuela se caracterizan por su apego a la verdad y a la transparencia, así que pasaran varios días hasta saber quien realmente está a cargo. Por lo pronto, el control de la población y el territorio parecen seguir en manos del chavismo y es a ellos a quien hay que exigirles cuentas, pero si prospera una transición tutelada, un gobierno extranjero sería co-responsable de las violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y futuras, y será imprescindible exigirle cuentas. (28)
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
(1,4,5,6,7) Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ONU, Panamá-Ginebra, 3 de enero de 2026.
(2,3) Le Monde, Paris, 4 y 5 de enero de 2026.
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28) «Alerta Venezuela», oenegé de la sociedad civil venezolana: Consulta de títulos: «Terminó Maduro, comienza una transición tutelala», y «¿Hay realmente un estado de conmoción exterior en Venezuela?», 3 de enero de 2026. (AlertaVenezuela es una iniciativa de análisis e incidencia internacional en derechos humanos que alimenta de manera regular y estratégica a las instancias internacionales de decisión política, desde una perspectiva de derechos, a partir de la información generada por las organizaciones aliadas en Venezuela y otras de producción propia. Se centra en 2 ejes: derechos humanos y asistencia humanitaria; sin embargo sus áreas de trabajo incluyen también crisis institucional, justicia penal internacional, violencia y delincuencia organizada, ya que estas tienen efectos en la situación de los 2 ejes mencionados).
