En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas, dejando la capital a oscuras, y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro de su complejo en Fuerte Tiuna. Al amanecer, operadores de la Fuerza Delta habían trasladado a Maduro en helicóptero —con los ojos vendados, esposado y vestido con un conjunto Nike— al USS Iwo Jima, con destino a Nueva York para comparecer ante el tribunal por diversos cargos federales relacionados con narcotráfico y terrorismo.
El presidente Donald Trump anunció su propia versión de la "operación militar especial" del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania en su aplicación Truth Social antes de que la mayoría de los estadounidenses se despertaran. En una conferencia de prensa posterior en Mar-a-Lago, declaró que Estados Unidos "gobernaría" Venezuela "hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y juiciosa".
Una vez más, la administración Trump ha emprendido una operación militar en apoyo de un objetivo político que no ha logrado explicar de forma coherente y convincente. Este primer paso drástico, si bien se ejecutó con eficacia, se dio obviamente sin preparar con antelación los pasos posteriores.
No es que al gobierno le faltara tiempo para planificar con antelación. La operación culminó meses de escalada: un bloqueo naval, la incautación de petroleros en alta mar, más de cien muertos en ataques contra supuestos barcos narcotraficantes y un ataque con drones de la CIA contra un astillero venezolano. La "Operación Resolución Absoluta" tuvo un éxito rotundo. Pero ¿con qué fin? ¿Qué resolvió realmente?
Justificaciones contradictorias
El gobierno no puede decidir si el propósito de la operación era la aplicación de la ley o un cambio de régimen. El senador Tom Cotton, de Arkansas, defendiendo la ausencia de notificación al Congreso, argumentó que "no es necesario notificar al Congreso cada vez que el Poder Ejecutivo realiza un arresto". En este sentido, la operación consistía simplemente en que el Departamento de Justicia de EE. UU. detuviera a un narcotraficante que, casualmente, era el presidente de Venezuela. Sin embargo, Trump habló en Mar-a-Lago como si el cambio de régimen ya hubiera ocurrido. Estados Unidos "gobernaría" el país, las compañías petroleras estadounidenses intervendrían para "reparar la infraestructura deteriorada" y "empezar a ganar dinero".
Estas dos cosas no pueden ser ciertas. Arrestar a un criminal no es lo mismo que asumir el control de su país.
Pero el gobierno no ve la necesidad de conciliar la contradicción y ha ofrecido una serie de justificaciones habituales. La operación militar traería justicia y prosperidad a los venezolanos; prohibiría el fentanilo (aunque Venezuela no lo produce); frenaría la inmigración ilegal a Estados Unidos; combatiría el narcoterrorismo (aunque Maduro no controla la banda del Tren de Aragua); obtendría una compensación por los activos petroleros que Venezuela supuestamente robó a empresas estadounidenses; impediría el acceso de Irán y China al hemisferio occidental; restringiría el suministro de petróleo subsidiado a Cuba y amenazaría a sus líderes con el mismo trato que Maduro; y obtendría el elogio y el apoyo de los exiliados venezolanos en Florida.
A esta miscelánea de razones anunciadas públicamente se suma el deseo manifiesto de Trump de demostrar que ha "superado" a todos los presidentes estadounidenses anteriores. Pero la profusión de explicaciones y excusas se burla de la idea misma de justificación. Los argumentos de la administración funcionan como burla, diseñados para abrumar en lugar de persuadir. La Oficina de Washington para América Latina lo llama "teatro". Mostrar el irresistible poder de Estados Unidos era en sí mismo un objetivo, no un simple espectáculo colateral.
La flagrante violación del derecho internacional por parte de la operación —incluyendo, como señalan los juristas, el deber constitucional de Trump de cumplir fielmente las obligaciones de los tratados— no es un problema para esta administración. Es un argumento de venta. Desacatar la Carta de las Naciones Unidas demuestra que Trump no responde ante nadie, y menos aún ante un orden multilateral que limita a las potencias menores. Sus partidarios celebran la ilegalidad. Pero la ilegalidad no es una estrategia.
El argumento de las drogas es particularmente inverosímil. El mes pasado, Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien había sido extraditado a Estados Unidos y condenado en 2024 por cargos de narcotráfico. El caso contra Hernández era convincente: había convertido a Honduras en un narcoestado, alentado por sobornos del cártel de Sinaloa de México.
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Hernández cumplía una condena de 45 años, pero pertenecía a un partido de derecha afín a Trump. Así pues, Estados Unidos captura a Maduro por presunto narcotráfico, mientras libera a un narcotraficante convicto cuya culpabilidad fue probada judicialmente. El narcoterrorismo es una artimaña utilizada contra enemigos y descartada para amigos.
Los analistas que argumentan que el petróleo es la verdadera razón o que el cambio de régimen siempre fue el plan atribuyen a la administración más coherencia de la que merece. Como observa un analista, confunden el "caos" con la "improvisación" y la "moderación" con mera "selectividad". La verdad es más confusa: el petróleo es un motivo entre varios, y nunca se concilia con los demás. Trump quiere los hidrocarburos de Venezuela. Quiere mostrarse firme con las drogas. Quiere complacer a los votantes de Florida. Quiere humillar a un adversario de izquierda. Y quiere enviar un mensaje a Cuba y China.
Estos objetivos apuntan en direcciones diferentes, y nadie en la administración se ha tomado la molestia de preguntar cómo encajan entre sí ni cómo priorizar. El resultado es una política hecha a base de bricolaje: justificaciones ligadas al poder disponible.
¿Qué sigue?
Cuando las fuerzas estadounidenses detuvieron al entonces líder de Panamá, el general Manuel Noriega, el 3 de enero de 1990 y lo trasladaron a Miami para enfrentar cargos por narcotráfico, el líder de la oposición panameña, Guillermo Endara, quien había ganado unas elecciones anuladas por Noriega, estaba disponible para asumir la presidencia. La transición fue relativamente sencilla, y el presidente George H.W. Bush recibió apoyo bipartidista en el Congreso.
Hoy en día, no se dan condiciones similares en Venezuela. No hay ninguna figura de la oposición dispuesta a tomar el poder. Trump afirma que María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, carece de apoyo y respeto en Venezuela, y que su colega Edmundo González, quien ganó las elecciones de 2024 manipuladas por Maduro (a Machado se le prohibió postularse), se encuentra en el exilio. Lo más importante es que el régimen no se ha derrumbado. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ya ha jurado su cargo como presidenta.
Trump afirma que Rodríguez está "esencialmente dispuesta a hacer lo que consideremos necesario", pero ella ha oscilado entre la rebeldía ("Venezuela no será colonia de nadie"), la lealtad (insistiendo en que Maduro siga siendo presidente) y la conciliación (invitando a la "cooperación" con EE. UU.). Por lo tanto, no está del todo claro si está dispuesta a hacer lo que EE.UU. dicta.
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Pero incluso si lo estuviera, la capacidad de Rodríguez para cumplir es muy dudosa. Rodríguez no es una autócrata omnipotente capaz de accionar un interruptor y doblegar al país a la voluntad estadounidense. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha ordenado la movilización total y ha prometido que Venezuela "no se rendirá". Y si la percepción del gobierno de que es fácilmente manipulable es correcta, esa debilidad juega en su contra: lejos de entregarle su país en bandeja a Trump, se encontrará bajo una inmensa presión de facciones armadas rivales que perciben su vulnerabilidad y no tienen intención de ceder el poder a Trump.
Consciente de que las cosas podrían no salir bien, Trump advirtió sobre una posible "segunda ola" de intervención, "mucho mayor" que la primera. Así que el plan, si lo hay, es amenazar con más bombardeos si el régimen no entrega el control del país.
Si la acción estratégica implica tener en cuenta cómo podrían reaccionar los adversarios, entonces Trump ha echado la estrategia por la borda. Si las compañías petroleras estadounidenses deciden intervenir y explotar las reservas venezolanas, las fuerzas estadounidenses deberán protegerlas.
Pero ¿qué sucede cuando esas fuerzas son atacadas? ¿Qué sucede cuando los colectivos o los remanentes del antiguo ejército lanzan una insurgencia contra los yacimientos petrolíferos controlados por extranjeros? ¿Qué sucede cuando el país se fragmenta, el ejército se divide y ninguna potencia estadounidense puede imponer el orden? ¿Cómo podría una guerra civil venezolana desestabilizar la región, incluso provocando una nueva ola de emigración?
La respuesta de Trump a estas preguntas es el silencio, porque no se ha tomado la molestia de formularlas. Quería que Maduro se fuera. Tenía el poder de actuar. Contemplar las consecuencias habría arruinado el momento.
El Congreso, como era de esperar, no fue consultado. Ni siquiera el Grupo de los Ocho —la dirección bipartidista de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos— recibió notificación previa. Cuando se le preguntó por qué, Trump respondió: "El Congreso tiende a filtrar información".
Apenas unas semanas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían asegurado a los comités del Congreso que la administración no buscaba un cambio de régimen y carecía de autoridad para llevar a cabo ataques terrestres sin autorización. Chuck Schumer, quien lidera la minoría demócrata en el Senado estadounidense, señaló: "La administración me ha asegurado en tres ocasiones que no buscaba un cambio de régimen ni tomaría medidas militares en Venezuela". A un Congreso que desde hace tiempo entregó sus poderes de guerra al presidente ni siquiera se le debe mentir; simplemente se le puede ignorar.
Mentiras contra la Constitución
Los redactores de la Constitución estadounidense diseñaron un sistema para obligar al ejecutivo a explicar sus acciones. Alexander Hamilton advirtió contra la capacidad del presidente de "inventar pretextos de peligro inminente". James Madison advirtió contra los "peligros artificiales" diseñados para engañar al público. John Jay observó que "existen causas de guerra tanto fingidas como justas".
La solución que promulgaron los redactores exigía que los poderes de emergencia estuvieran justificados, no porque las justificaciones sean intrínsecamente fiables, sino porque exigirlas crea una estructura para comprobar las afirmaciones ante el Congreso y el público. Bajo el sistema que crearon, el ejecutivo actuaría, el legislativo interrogaría y los ciudadanos juzgarían. La genialidad del sistema no residía en prevenir las mentiras, sino en hacerlas costosas y detectables.
Trump ha vaciado este sistema. Sus declaraciones de emergencia en cascada, agravadas por justificaciones incoherentes y cambiantes, han desbordado la maquinaria constitucional que los redactores construyeron para exponer los "peligros artificiales" diseñados para engañar a la opinión pública. Las administraciones anteriores ofrecieron justificaciones falsas —la administración de George W. Bush inventó amenazas sobre armas de destrucción masiva—, pero esas invenciones se ajustaron a los poderes que se atribuían. La mentira fue diseñada para ser creída, lo que la hacía vulnerable a la exposición.
Hay una diferencia entre una mentira destinada a persuadir y un aluvión de medias verdades diseñadas para abrumar. La primera puede ser expuesta; la segunda escapa al escrutinio debido a la gran cantidad y la naturaleza cambiante de los argumentos alegados.
La administración Bush-Cheney tuvo que sostener una sola mentira el tiempo suficiente para llevar al país a la guerra, lo que significaba que su mentira podría ser descubierta. Las justificaciones en cascada de Trump funcionan de otra manera: su velocidad de salida es la clave. Para cuando se examina una justificación —drogas, democracia, petróleo, la Doctrina Monroe—, dos más la han desplazado. La mera cadencia de fuego impide una refutación efectiva.
Al ofrecer como justificaciones las drogas hoy, la democracia mañana, la compensación petrolera la semana que viene y la narcisista y rebautizada Doctrina Monroe cuando le conviene, la administración Trump no solo miente dentro del sistema; destruye su capacidad de autocorrección. Ninguna justificación puede contrastarse con la evidencia, porque ninguna es realmente operativa.
El colapso de los mecanismos de revisión interna ha agravado los efectos del fallo del sistema. El personal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) fue desmantelado durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, lo que significó que ningún proceso interinstitucional puso a prueba la coherencia de la política de la administración hacia Venezuela.
El NSC existe precisamente para obligar a las administraciones a plantearse preguntas difíciles: ¿Cómo se complementan nuestros objetivos? ¿Qué pretendemos lograr realmente? Si queremos el petróleo, ¿cuál es el plan para protegerlo de una insurgencia? Si queremos frenar el narcotráfico, ¿cómo lo logra un cambio de régimen cuando acabamos de indultar a un narcotraficante convicto? Si queremos una transición democrática, ¿por qué no nos coordinamos con la oposición?
Ese mecanismo para resolver los problemas con antelación ha sido desmantelado. La política nunca fue sometida a pruebas de resistencia internas. Solo podemos inferir su incoherencia por los estragos que deja a su paso.
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Es cierto que el Proyecto 2025, el plan de políticas integral que la Fundación Heritage diseñó para el segundo mandato de Trump, fue un plan de acción coherente. Pero su idea central era aumentar el poder unilateral del presidente para actuar sin tener que explicar sus acciones ni revisar sus planes ante las críticas o la oposición.
La libertad que la administración ha obtenido al no tener que dar explicaciones tiene un coste muy alto: una política a medias cuyas consecuencias imprevistas casi con seguridad se descontrolarán. La profusión de justificaciones endebles, mutuamente inconsistentes y poco sinceras para el uso de la fuerza refleja un patrón más profundo: la evasión sistemática de los controles de cordura y los mecanismos de autocorrección fundamentales para el orden constitucional estadounidense.
La autorización del Congreso, la deliberación interinstitucional, la revisión legal, la justificación pública: no son obstáculos burocráticos, sino salvaguardas contra errores catastróficos. Trump los trata como molestias que hay que eludir. Se comporta como alguien que espera desaparecer antes de que lleguen las consecuencias: antes de que los soldados estadounidenses que custodian los campos petrolíferos empiecen a regresar a casa en ataúdes, antes de que Venezuela se fragmente en una guerra civil, antes de que el orden constitucional que está socavando se enfrente a una crisis que ya no puede afrontar con éxito.
Libertad de Pensamiento
Lo sorprendente de la conferencia de prensa de Trump fue su confianza en que las preguntas difíciles sobre el futuro ya tienen respuesta, cuando claramente no es así. ¿Quién gobierna Venezuela ahora? "Un grupo". ¿Cuánto tiempo estará involucrado Estados Unidos? Hasta que haya una "transición segura". ¿Y si el régimen contraataca? Una "segunda ola". ¿Y si eso fracasa? Silencio. El gobierno no tiene respuesta, porque no ha pensado en el futuro. La libertad de justificación, en manos de Trump, significa renunciar a la previsión.
Al declarar una falsa "emergencia" tras otra, Trump ha abandonado cualquier esfuerzo por prepararse para las emergencias reales que inevitablemente se avecinan. Se asemeja al niño que gritó "¡Lobo!", destrozando la credibilidad estadounidense y haciendo menos probable el apoyo de los aliados en el futuro. No le importa, quizás porque cree que siempre puede salirse con la suya mediante la intimidación, la extorsión y las amenazas de fuerza.
Pero estas tácticas unilaterales no pueden reunir el apoyo voluntario necesario en una emergencia genuina. Y el problema va más allá de la pérdida de credibilidad en el extranjero. Más precisamente, la pérdida de credibilidad de Estados Unidos refleja el colapso del pensamiento crítico en su destripado y colonizado estamento de seguridad nacional por el MAGA. Tras demostrar la impotencia de la verdad en la política partidista estadounidense, Trump ha ido un paso más allá: ha disuelto las instituciones diseñadas para obligar al ejecutivo a justificar sus acciones con razones plausibles, corregir sus errores a tiempo y calcular las consecuencias y los costos de oportunidad del despliegue de fuerza letal en el extranjero.
Los redactores de la Constitución apostaron a que exigir justificaciones disciplinaría el poder y evitaría su ejercicio arbitrario. Trump ha apostado y ha ganado. ¿Qué sucede cuando la maquinaria construida para exponer pretextos y evitar desastres evitables ha sido desmantelada?
*Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y miembro del Premio Berlín en la Academia Americana de Berlín, es coautor (con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning (Penguin Books, 2019).
Project Syndicate, 2026.
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