A principios de esta semana el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA difundió el informe sobre "pobreza multidimensional", en diciembre pasado ya se había dado a conocer el informe acerca de "pobreza por ingresos" que había mostrado un incremento del nivel de pobreza de 29% a un 33%. En la actualidad, la Argentina mide oficialmente la pobreza de su población a través de los ingresos corrientes de los hogares. Este tipo de medición se basa en el supuesto de que los ingresos permiten a los hogares adquirir los bienes y servicios necesarios para garantizar un mínimo de calidad de vida normativamente aceptable, la capacidad de agencia que otorga el ingreso en el contexto de una economía de mercado constituye el elemento que define la condición de pobreza.
Actualmente en distintos países, estas medidas están siendo complementadas por mediciones multidimensionales que bajo distintas estrategias o modalidades buscan dar cuenta de la satisfacción efectiva de una serie de necesidades apoyadas en una medición directa de recursos, logros y funcionamientos. Entre otros aspectos, un enfoque multidimensional de pobreza permite hacer visibles privaciones no monetarias puntuales, su evolución en el tiempo y la definición de distintos grados de privación que permiten identificar situaciones de pobreza estructural.
Surge entonces el interrogante sobre qué aspectos deben ser considerados en calidad de privaciones no monetarias, qué dimensiones son relevantes y por qué deben ser tenidas en cuenta. Definiendo la pobreza como privaciones injustas que afectan el nivel de vida, las capacidades de desarrollo humano y las oportunidades de integración social de la población, el Enfoque de Derechos aparece como un criterio válido para definir el marco normativo de la pobreza. La medida multidimensional de pobreza que desarrolló el Observatorio de la Deuda Social Argentina parte de la consideración de un conjunto de derechos sociales y económicos que constituyen la expresión de realizaciones que, por su urgencia e importancia, son considerados comunes a todos los seres humanos. Este argumento se basa en la premisa de que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables para su dignidad y plena integración social, que al ser adoptadas por el marco jurídico nacional o internacional, se convierten en obligaciones para los Estados, que deben generar los mecanismos y condiciones que permitan el acceso de sus ciudadanos al pleno ejercicio de sus derechos sociales.
Se reconoce el carácter multidimensional de la pobreza a partir de la confluencia entre dos espacios de privación cualitativamente distintos a) el espacio del bienestar económico, y b) el espacio asociado al cumplimiento de esos derechos sociales (en la metodología del ODSA: alimentación y salud, servicios básicos de la vivienda, vivienda digna, medioambiente saludable, recursos educativos y empleo y seguridad social). Una persona es entonces pobre si forma parte de un hogar que es carente tanto en el espacio del bienestar como en el espacio de los derechos sociales.
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En 2018 tuvo lugar un importante incremento de la pobreza en ambas dimensiones en un contexto fuertemente inflacionario, mayor precarización laboral y estancamiento económico: 23% de los hogares, afectando a más de 31% de la población. Siendo estos valores los más alto desde el año 2010. Esta tendencia se explica principalmente por el deterioro de los empleos y de los ingresos de los hogares que no eran pobres por ingresos, pero se encontraban en situación vulnerable en relación a las dimensiones de derechos consideradas.
A pesar de que se observan mejoras en relación con la evolución en algunas dimensiones de derechos (particularmente servicios de la vivienda, agua y cloacas), esta tendencia tiende a equilibrarse con el deterioro experimentado en dimensiones de derechos fundamentales, como alimentación y salud o empleo y seguridad social. Al tomar en consideración el estrato socioeconómico, se destaca un deterioro sostenido desde el año 2014 para los estratos marginales, pero también se observa una tendencia similar para los hogares del estrato obrero integrado, e incluso aunque menor, un deterioro de la situación para sectores medios no profesionales. Este proceso, que se intensifica fuertemente a partir de 2016, tiene como consecuencia un incremento de las brechas de desigualdad entre sectores medios y bajos.
Tanto las tendencias de corto plazo como la evolución de largo plazo en la que se registran mejoras en algunos aspectos, aunque lentas y parciales, ponen en evidencia la necesidad de consensuar políticas integrales y de largo plazo que permitan modificar las condiciones sobre las cuáles se reproduce la pobreza y que se manifiestan no solamente a partir de la insuficiencia de ingresos sino también en otras privaciones que tienden a asumir carácter estructural.
* Investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
