América Latina atraviesa una convulsión social que se manifiesta en una serie de protestas y movilizaciones populares. A la ya crónica crisis venezolana se suman las protestas en Ecuador, la crisis política en Perú, la liberación de Lula Da Silva en Brasil que activó a la oposición del PT, y el fin de ciclo de las experiencias progresistas en Uruguay. Pero lo más sorprendente es que este proceso tiene como epicentro de esas movilizaciones por reformas sociales al vecino país de Chile, a lo que se suma ahora Colombia. Ambos países poseen regímenes de bienestar altamente liberales, con una gran participación del sector privado y un rol estatal marginal.
Con esta panorámica, la reforma a las pensiones entra nuevamente en la agenda. En Chile, los reclamos de las movilizaciones pugnan por “No + AFP”; en la Argentina se instauró un pilar no contributivo universal en 2016 y al año siguiente se corrigió la fórmula de movilidad de las prestaciones en medio de una enorme movilización popular en contra; Brasil este 2019 aprobó la controvertida reforma que elevó la edad jubilatoria, cumpliendo con una de sus políticas estandarte de la administración Bolsonaro, y en Colombia, la ola de protestas apuntan a los cambios en el régimen pensional que intentan acentuar la privatización.
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El experimento de las pensiones privadas empezó en 1981 cuando el Chile de Pinochet se convirtió en un laboratorio para el neoliberalismo, mercantilizando servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable, así como la salud, la educación y la seguridad social. Chile“cerró” el sistema jubilatorio público a los nuevos afiliados, reemplazándolo por prestaciones de pensión equivalente a lo que el trabajador ahorró en su cuenta individual prorrateada por la esperanza de vida. En el régimen anterior a 1981, las jubilaciones reemplazaban parcialmente el salario, como existe actualmente en Europa, en nuestro país y en Brasil, por ejemplo. En las décadas siguientes, Perú (1992), Colombia (1993), la Argentina (1994), Uruguay (1996), México y El Salvador (1997), Bolivia (1998), Costa Rica y Nicaragua (2000), Ecuador (2001) y República Dominicana (2003) incorporaron estos fondos privados obligatorios, algo que también sucedió en la Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín.
A partir del nuevo milenio, se experimentó una revisión de esta ola privatista en ambas latitudes, dado que el ahorro nacional, la cobertura de las pensiones y las jubilaciones no crecieron como los impulsores de las reformas profesaban. Así, en 2008, Bachelet inauguró un sistema no contributivo con la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Básico Solidario, prestaciones focalizadas que intentan solucionar la cobertura y la pobreza en los adultos mayores, respectivamente. Por su parte,la Argentina y Bolivia, en 2008 y 2010, eliminaron las cuentas individuales, volviendo a la jubilación estatal, en medio del dominó conocido como “reversión de la privatización”.
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En la actualidad, el debate sobre las jubilaciones vuelve a entrar con fuerza en la agenda. En Chile, quienes se jubilan hoy día obtienen una pensión del 25% de su salario, en promedio. Por ello, los chilenos se sienten “estafados” por casi 40 años de jubilaciones privadas. Frente a ello, se esperaban grandes medidas en medio de las movilizaciones, pero hasta ahora el presidente Piñera sólo aumentó un 50% las pensiones solidarias. Algo que a los ciudadanos les resulta insuficiente.
La Argentina creó en 2016 la Pensión Universal para el Adulto Mayor -no contributiva-, pero modificó el cálculo de la actualización de los haberes, perjudicando a los jubilados. Brasil, que tiene un robusto sistema público, fijó este año nuevos requisitos de edad y años de aporte para todos los regímenes de trabajadores, intentando solucionar el déficit que representa el pago de 35 millones de prestaciones de la seguridad social. En Colombia, sin embargo, se intenta profundizar la mercantilización, aumentando los aportes de los trabajadores del 16 al 20% y, al mismo tiempo, eliminando los pagos subsidiados que realiza COLPENSIONES -la entidad pública-, que pasaría a operar como un fondo pensional privado y gradualmente desaparecería.
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Los latinoamericanos se encuentran reclamando por una mejora de sus condiciones de vida. La desigualdad, la falta de oportunidades y el rol del Estado en la protección social son parte de estas demandas. Esto representa un malestar de los ciudadanos frente a la efectividad de los derechos que no se materializa en las arquitecturas del régimen de bienestar. Vemos en nuestra región polaroids diferenciadas en torno a las pensiones: un ajuste tradicional en el caso de Brasil y la Argentina; ausencia de reformas profundas en Chile, y finalmente un nuevo intento privatista en Colombia. Cuatro realidades que nos dan cuenta del dinamismo y contingencia de los acuerdos sociales en torno al bienestar. Algo que los escenarios de crisis no dejan tiempo para pensar y debatir en profundidad.
* Miembro del Centro de Estudios Económicos e Históricos sobre el Desarrollo de la Universidad de Belgrano.
