domingo 29 de enero de 2023
OPINIóN ECONOMISTA DE LA SEMANA

Razones y consecuencias de un crecimiento poco virtuoso

13-01-2023 23:55

Ya adentrados en el año 2023 todavía persiste la sorpresa por el desenlace que finalmente tuvo la economía argentina durante el año pasado: no solo se evitó una crisis, sino que además se logró cumplir con todas las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Este resultado era algo impensado tan solo seis meses atrás, cuando a principios de la segunda mitad del 2022 se sucedieron tres ministros de economía (Guzmán, Batakis y Massa) ante la persistencia de fuertes tensiones en los planos cambiario, financiero, fiscal y monetario, sumado a un contexto de gran debilidad política.

Sin embargo, este aparente éxito del equipo económico de Sergio Massa tiene un marcado carácter cortoplacista, con un programa cuyo objetivo único es finalizar el mandato en diciembre de la manera menos disruptiva posible, pero sin la posibilidad de resolver ninguno de los problemas de fondo.

Claro está que el acuerdo con el FMI fue por demás laxo desde sus inicios, agravado por el hecho que algunas de las metas fueron flexibilizadas por el propio Fondo, y otras efectivamente eludidas por la creatividad contable del Gobierno. De esta manera, al igual que lo ha sido durante los últimos tres años, los desequilibrios se acumulan y continúan profundizándose, asegurando mayores costos para el momento en el que, quizás, alguien decida resolverlos.

“Los factores incorporados en el 2022 cambiaron los incentivos para las personas y empresas”

Aun así, para evitar una crisis y al mismo tiempo cumplir con dichas metas, el equipo económico requirió aplicar medidas que agravaron las distorsiones presentes en la economía, generando perjuicios probablemente difíciles de revertir en el tiempo con tal de atravesar el presente.

Entre este grupo de medidas se encuentra, por ejemplo, el diferimiento forzoso de los pagos de empresas locales comprometidos con agentes extranjeros, al imponer plazos de hasta 210 días para acceder a las divisas solicitadas para importación. Como consecuencia, se pospuso de manera arbitraria el giro de más de 10 mil millones de dólares como medio para frenar la pérdida de divisas y así alcanzar la meta de acumulación de reservas, pero dejando en muchos casos gravemente dañadas las relaciones comerciales de los importadores con sus respectivos proveedores.

En el mismo sentido, el atraso cambiario, las restricciones a las importaciones (y al acceso de divisas en general) y las devaluaciones selectivas no han sido más que atajos para evitar artificialmente una verdadera corrección cambiaria junto con su consecuente impacto sobre los precios. Presumiblemente, la contracara de este accionar ha sido la nula transparencia del mercado de divisas y la convivencia de múltiples tipos de cambio, lo cual desincentiva la inversión en tanto dificulta la realización de proyecciones y la toma de decisiones. Sin duda, el cepo cambiario debe incluirse a la lista de políticas insostenibles a revertirse en el futuro cercano.

También el Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja, funcionó en sus dos versiones como recurso forzado del Gobierno para hacerse de dólares. En vistas de esto, el sector sojero estará a la espera de una nueva mejora en su tipo de cambio para liquidar divisas, al igual que muchos otros rubros ahora motivados para reclamar beneficios similares.

Por su parte, en el plano inflacionario los controles de precios fueron la principal y casi única política planteada para combatir los aumentos. Nuevamente, los resultados de esta medida fueron efímeros, pero han generado una importante alteración en los precios relativos y graves distorsiones sobre el entramado productivo. Por poner un ejemplo, el último dato de inflación refleja que las prendas de vestir y el calzado han aumentado 480% en los últimos tres años, mientras que en el mismo período el rubro de las comunicaciones registró un incremento de precios menor al 150%.

“Para evitar una crisis, el equipo económico aplicó medidas que agravaron las distorsiones”

Todos estos factores han modificado de manera perversa los incentivos tanto de individuos como de empresas, quienes se han volcado al consumo y a la compra de bienes de capital y acumulación de stocks, respectivamente. Esto ha dado como resultado un artificial estímulo al nivel de actividad, producto de la elevada y creciente inflación, la ausencia de alternativas de ahorro y la necesidad de personas y empresas por igual de encontrar algún destino para el excedente de pesos en circulación. Esto refleja entonces que el celebrado crecimiento observado durante el 2022 y el supuesto éxito del programa con el FMI no han sido montados sobre un proceso virtuoso y sostenible en el tiempo, sino que por el contrario cuenta con algunos pocos puntos destacables, como la incipiente moderación fiscal durante los últimos meses, pero muchos focos de preocupación. Resulta evidente que la economía argentina no podrá funcionar de esta manera por mucho tiempo más, y que los costos de la normalización serán mayores cuanto más se prolongue la situación actual. De hecho, ya el cuarto trimestre del 2022 mostró una desaceleración en el nivel de actividad, augurando que el 2023 ya no será un año de crecimiento sino uno de probable contracción, en un contexto de mayor fragilidad macroeconómica y crecientes tensiones políticas.

Afortunadamente, los pilares sobre los cuales deben apoyarse los intentos para dar solución a esta delicada situación son conocidos y su éxito está probado: involucran la liberación de los controles y las restricciones, así como de las intervenciones distorsivas, de modo que el sistema de precios nuevamente funcione como emisor de señales, la interacción entre oferta y demanda retome su rol fundamental en el mercado, y que los incentivos vuelvan a estar libremente definidos para guiar las acciones de los agentes en la economía.

*Director del Centro de Estudios Económicos de Fundación FREE.

**Director Académico de Fundación FREE (think tank que defiende y promueve la libertad, la iniciativa privada y el gobierno limitado, con sedes en Argentina, Uruguay y Venezuela).