POLITICA

Declaró el empresario que llevó a Boudou: "Fue una gauchada"

Marcelo Juan Scarmellini dijo ante la Justicia que fue un pedido de gente conocida. Ahora, quieren que pase de testigo a imputado.

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Una de las causas que más preocupa al vicepresidente Amado Boudou es el caso por presuntas irregularidades en dos viajes en helicóptero, primero en uno de Gendarmería para la campaña K y luego en uno de la empresa Ecodyma SA, contratista del Estado para inaugurar la campaña de verano en Necochea. La denuncia surgió a raíz de una investigación de Perfil.com.

La semana pasada declaró el piloto y directivo de la empresa, Marcelo Juan Scarmellini, quien llevó a Boudou y al intendente de la ciudad, Horacio Tellechea "de prestado". Y sin dudas que lo que dijo a la Justicia complicó aún más el panorama.

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Scarmellini declaró que fue una "gauchada" que realizó el titular del Senado aquel 17 de diciembre de 2011 para trasladarlo unos 20 kilómetros desde el aeródromo de Necochea hasta el Casino de esa ciudad, ubicado en el parque Lilio.

Ante el juez Luis Rodríguez, Scarmellini reconoció que la aeronave es propiedad de la empresa Ecodyma, tal como había anticipado este portal. También admitió que fue contratista de obra pública del Estado y hace 55 años está inscripta en el registro de contratistas tanto de la Nación, como de las provincias y municipios.

Lo llamativo fue que Scarmellini dijo que no le pagaron por el viaje sino que fue "una gauchada" tras un pedido que le hizo el entonces intendente Tellechea, hoy suspendido por presunta corrupción.

Tras sus dichos, para el fiscal Carlos Rívolo, el empresario se auto incriminó y en consecuencia, pidió que deje de ser testigo para convertirse en imputado, ya que Scarmellini podría ser parte de la maniobra de supuestas dádivas que recibió Boudou mediante los viajes gratuitos.

El juez Rodríguez no hizo lugar al pedido fiscal para declarar nula la testimonial y ahora la decisión está en manos de la Cámara Federal, que definirá si Scarmellini es testigo o imputado.

La causa había sido cerrada en primera instancia por el juez Luis Rodríguez, pero el fiscal Rívolo y luego su colega de segunda instancia, Germán Moldes, apelaron el sobreseimiento porque consideraron "prematura" la decisión, lo que fue avalado por la Cámara.