En el último trecho del juicio por encubrimiento al atentado contra la AMIA los abogados que representan al Estado cambiaron su alegato final y no pidieron penas para los ex fiscales acusados este jueves.
Los abogados decidieron no pedir condenas para los ex funcionarios del Ministerio Público Eamon Mullen y José Barbaccia porque “no hay elementos para pensar que hubieran cometido delitos”. A los ex funcionarios se los responsabilizaba por no seguir la “Pista Siria” en la causa para investigar el atentado.
La decisión desató la polémica entre agrupaciones y referentes. Memoria Activa denunció que Santiago Otamendi, secretario de Justicia le ordenó al titular de la Unidad de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla “revocar el poder” del abogado Enrique Ventos, que iba a encabezar el alegato luego de la feria judicial. La razón según la agrupación fue que el letrado tenía planeado mantener las condenas y en su lugar fue asignado José Console.
Mariana Stilman, exabogada querellante manifestó a través de su cuenta de Twitter que “ es mentira que las conclusiones que dice haber presentado Console son las conclusiones de la mayoría del equipo”.
El juicio se encuentra a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) e investiga cómo actuó la Justicia y el Gobierno luego del ataque terrorista a la AMIA el 18 de julio de 1994. EL juicio que inició en agosto de 2015 se encuentra a cargo de los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Entre los acusados se encuentran el ex mandatario Carlos Menem, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces director de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.
En diciembre los fiscales de la Unidad AMIA habían solicitado penas para Mullen y Barbaccia de 8 años de prisión. Además pidieron 4 años de cárcel para Carlos Menem, 13 para Galeano, 6 para Hugo Anzorreguy, ex titular de la SIDE y un año de prisión en suspenso para el extitular de la DAIA, Rubén Beraja. Las últimas palabras de los acusados y el veredicto final se espera para mediados de 2018.
