Este sábado 1 de noviembre se realizará la 34ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Buenos Aires bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.
En ese marco, Amnistía Internacional publicó un informe en el que alerta sobre la regresión de los derechos hacia la comunidad LGBTIQ+ en Argentina y el mundo.
El documento, titulado “La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina. Estado de situación: políticas en retroceso, violencia contra las personas LGBTI+ y acceso a la justicia”, enmarca lo que ocurre en el país dentro de una tendencia internacional.
Según la organización, “Argentina enfrenta una ola creciente de discursos que niegan las desigualdades de género, patologizan la diversidad sexual y alimentan un clima de intolerancia que habilita la violencia”. Estas narrativas, advierte, se traducen en decisiones políticas “que ponen en riesgo la vida de mujeres, infancias y personas LGBTI+”.
Amnistía subraya que este fenómeno “no es exclusivo de Argentina” y que forma parte de una “reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual”.
El documento describe la ofensiva global como un “backlash” (represalia de ciertos grupos frente a cambios, ideas o movimientos que consideran amenazantes) impulsado por líderes políticos que utilizan “la demonización y la división para ganar apoyo popular”, y que, bajo la retórica de proteger a la familia o preservar los valores tradicionales, construyen un enemigo común que cohesiona sectores conservadores y religiosos.
Estas estrategias, señala, “perpetúan estereotipos dañinos y alimentan prejuicios que profundizan la vulnerabilidad y la exclusión de las personas LGBTI+”.
En relación con el contexto nacional, Amnistía sostiene que, aunque Argentina fue históricamente pionera en el reconocimiento de derechos, “desde diciembre de 2023, con la asunción del gobierno de Javier Milei, el país atraviesa un proceso de regresión acelerada”.
El documento atribuye este retroceso a la hostilidad de las autoridades, el desmantelamiento de políticas públicas y el incremento de la violencia hacia las personas de la diversidad sexual. “Diversos organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado y manifestado su preocupación ante este escenario regresivo”, indica.
Javier Milei fue denunciado penalmente por su discurso contra la comunidad LGTB
Entre los ejemplos citados, el informe menciona declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien afirmó ante la Cámara de Diputados que el gobierno “no considera la existencia de políticas de género”, así como un discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos donde el presidente realizó “asociaciones infundadas y estigmatizantes entre la orientación sexual y la decadencia social”.
Tras estos episodios, Amnistía registró un aumento de la hostilidad estatal y mediática. En ese clima se inscribe el ataque al diputado nacional Esteban Paulón, quien, el 24 de junio de 2025, fue víctima de un hostigamiento coordinado en redes sociales.
Según el informe, el episodio comenzó cuando un usuario publicó mensajes con “insultos homofóbicos, falsas acusaciones y expresiones de odio” que luego fueron replicados masivamente.
A partir de allí, diversos programas de streaming repitieron esas acusaciones y sumaron comentarios discriminatorios. Amnistía interpreta este caso como un ejemplo de “violencia de género digital y mediática utilizada para orquestar ataques contra defensores de derechos LGBTI+”, lo que genera un “efecto de silenciamiento colectivo” que desalienta la participación en el debate público y debilita la pluralidad democrática.
La organización interpreta este episodio como un caso paradigmático de violencia digital basada en género y orientación sexual, que combina el acoso en redes sociales con la difusión masiva de información falsa.
En palabras del propio documento, “este caso ilustra cómo la violencia de género digital y mediática puede ser utilizada para orquestar ataques contra defensores de derechos LGBTI+, combinando hostigamiento digital y falsas acusaciones para deslegitimar su activismo, así como las políticas públicas de diversidad sexual”.
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Además, Amnistía advierte que cuando las agresiones se dirigen contra personas con voz pública, como funcionarios o activistas, “a la afectación de la integridad y la seguridad personal se suma un efecto de silenciamiento colectivo (chilling effect) que disuade a otras personas de expresarse o participar en el debate público por temor a represalias”. Según el informe, ese efecto “restringe la libertad de expresión, debilita la pluralidad de voces y erosiona la calidad democrática del espacio público”.
Clima de violencia y casos de homofobia recientes
El documento también detalla una serie de hechos violentos que ocurrieron en 2025, en paralelo con lo que describe como una “naturalización de la discriminación desde las altas esferas del poder”.
Menciona el ataque en Cañuelas, donde un hombre prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas y su hija; la agresión en Recoleta contra otra pareja, a quienes golpearon tras insultarlas por su identidad; y el intento de femicidio en Orán, Salta, donde una activista lesbiana fue apuñalada en su domicilio.
También relata la agresión sufrida por la artista afrotravesti Joy Hoyos, conocida como "Joy Yeguaza", quien fue golpeada brutalmente en la vía pública, y el asesinato en Moreno, donde un policía mató a la novia de su expareja y se suicidó.
Denuncian que una pareja de lesbianas fue golpeada en plena calle en Recoleta
En agosto, otro caso conmovió a la opinión pública cuando un joven de 24 años fue atacado a golpes al salir de un boliche en Palermo mientras escuchaba insultos como “puto de mierda”. “Como consecuencia del brutal ataque, Juan debió ser operado por una doble fractura en la mandíbula”, señala el texto.
Amnistía subraya que estos hechos no son aislados. Cita relevamientos oficiales que registraron 140 crímenes de odio en 2024 y recuerda que “la violencia motivada por prejuicio es un fenómeno social que transmite un mensaje colectivo de intimidación destinado a reforzar la exclusión y el miedo dentro de toda la comunidad”.
Desmantelamiento de políticas públicas y retroceso institucional
En otro de sus apartados, el informe describe la eliminación de estructuras estatales clave y el retroceso presupuestario en políticas de género. “Desde diciembre de 2023 se desmantelaron políticas públicas e instituciones fundamentales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”, afirma.
Señala la eliminación del INADI y de la Dirección de Géneros y Diversidades del Ministerio de Salud, la conversión de la Línea 144 en un servicio general y la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública.
También menciona que “durante 2024 sólo se distribuyó el 3,4% de los tratamientos hormonales previstos” y que “la Educación Sexual Integral tuvo el presupuesto más bajo de los últimos siete años, sin partida asignada en 2025”.
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Además, denuncia la eliminación del Programa de Acompañamiento a Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género y otros trece programas del Ministerio de Justicia destinados a atender emergencias y garantizar derechos a personas travestis y trans.
Amnistía sostiene que la supresión de estos organismos significa “la primera vez en treinta y ocho años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina”.
El impacto de los DNU de Javier Milei y los derechos de las infancias trans
El documento dedica un capítulo al Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025, que “impuso una prohibición total que impide a menores de 18 años acceder a tratamientos hormonales y/o intervenciones quirúrgicas vinculadas a su identidad de género autopercibida”.
La organización considera que la medida constituye “una grave regresión en materia de derechos humanos” al restringir “el derecho a la salud integral, la autonomía progresiva y el libre desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes”.
El texto señala que el decreto fue declarado inconstitucional por la Justicia Federal de Entre Ríos y que distintas organizaciones denunciaron persecución y hostigamiento hacia familias y colectivos que promueven derechos de infancias y juventudes trans.
“En este contexto, organizaciones de familias y adolescencias trans enfrentan situaciones de persecución y difusión de noticias falsas que ponen en riesgo su integridad y su labor como defensores de derechos humanos”, agrega Amnistía.
Violencia homofóbica extrema y el deber del Estado
La organización también aborda casos emblemáticos de violencia, entre ellos el crimen de Barracas, donde cuatro mujeres fueron atacadas con una bomba incendiaria mientras dormían. Tres de ellas murieron por las quemaduras y la cuarta sobrevivió con graves secuelas. El informe lo sintetiza con una frase contundente: “Las mataron por lesbianas”.
Otro caso destacado es el de Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido en 2021. Amnistía repasa que en 2024 un tribunal condenó a prisión perpetua a uno de los imputados “como coautor del homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual”, y que la sentencia fue confirmada en 2025.
La propia justicia bonaerense, recuerda el documento, subrayó que “la conducta violenta no es solamente la expresión de un acto individual, sino un fenómeno social que reproduce y refuerza jerarquías de género y sexualidad”.
En paralelo, el informe denuncia la criminalización de la protesta y cita el caso de la activista lesbiana Pierina Nochetti, procesada por participar en una manifestación pacífica bajo la consigna “¿Dónde está Tehuel?”, hecho que Amnistía considera parte de “un incremento de prácticas estatales que buscan restringir las voces disidentes y el contenido de sus reivindicaciones”.
En cuanto a las obligaciones estatales, la organización recuerda que los Estados tienen la responsabilidad de “respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas”, lo que incluye “garantizar la debida diligencia reforzada en las investigaciones de violaciones de derechos humanos”.
Amnistía enfatiza que la inacción o la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales puede constituir una forma de “tolerancia institucional que refuerza los patrones de discriminación y exclusión”.
Un llamado a la acción
El informe concluye que “la regresión en materia de derechos de las personas LGBTIQ+ forma parte de una ofensiva global orientada a desmantelar los avances en igualdad de género y diversidad sexual”.
En el caso argentino, advierte que la agenda regresiva “se ha traducido en la eliminación de instituciones y políticas públicas de igualdad, la reducción drástica de recursos destinados a la protección de las mujeres y personas LGBTI+, y la promoción de discursos de odio desde las más altas esferas del poder”.
El vacío legal en redes sociales facilita la proliferación de discursos de odio y desinformación
Amnistía Internacional Argentina exhorta al Estado a “adoptar un compromiso público y sostenido con la igualdad y la no discriminación” y a “condenar sin ambigüedades toda expresión de odio y violencia hacia las personas LGBTI+”.
Por último, el informe insta a restablecer políticas públicas integrales de prevención, sanción y erradicación de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, garantizando el acceso efectivo a la salud, a la educación —incluida la Educación Sexual Integral— y a la Justicia desde un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.
NG cp
