El Gobierno consiguió ayer cerrar el año con un trabajoso triunfo, al aprobar luego de intensas semanas de negociaciones la ley para modificar el impuesto a las Ganancias. Pero el resultado político le deja un sabor amargo: quedó en evidencia, como nunca antes desde que asumió el poder, la debilidad política que tiene si el peronismo decide unirse en su contra.
En una sesión más corta de lo habitual, el proyecto que consensuó el Gobierno con la CGT, los gobernadores y sectores de la oposición encabezados por Sergio Massa, consiguió 167 votos afirmativos, contra sólo 4 negativos. Y con un alto número de ausentes (82), en su mayoría del Frente para la Victoria que en el transcurso de la sesión decidió retirarse, aduciendo que era mejor el proyecto que había sido votado originalmente en Diputados. Situación similar se había dado en el Senado la jornada anterior: 56 a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, que fueron de los senadores del FpV-PJ que están más alineados con el kirchnerismo.
En los pasillos del Congreso, sin embargo, primó esta semana la lectura de que no había un claro ganador de esta contienda. El Gobierno consiguió su objetivo de modificar el impuesto a las Ganancias, pero sufrió un duro revés parlamentario, se vio obligado a recular y terminó asumiendo un costo fiscal mayor al pretendido –pretendía que sea de $ 27 mil millones y ahora especula que será de $ 34 mil millones–. El massismo logró mover al macrismo de su intransigencia, pero terminó compartiendo foto con el kirchnerismo y acusado de “impostor”. El Frente para la Victoria, a su vez, se mantuvo como la oposición más dura al oficialismo, pero después de los acuerdos alcanzados volvió a quedar solo y aislado. El sindicalismo quedó afuera de las negociaciones en una primera instancia, pero terminó siendo un actor clave. Y los gobernadores del PJ volvieron a mostrar su peso pero también su dependencia de los fondos que le gira la Nación.
Números. La ley aprobada fijó que a partir de 2017 el mínimo no imponible para empezar a pagar Ganancias será de $ 28 mil (brutos) para un trabajador soltero y de $ 37 mil para uno casado con dos hijos. Esas cifras varían en la Patagonia, donde por las características salariales de la región el mínimo no imponible será más alto. Además, se actualizaron las escalas, algo que no se hacía desde 2001. Para financiar, en parte, el costo fiscal de la medida, se aumentan los impuestos al juego y a la compra de dólar futuro. Y se incluyó que deberán pagar el impuesto aquellos jueces y empleados del Poder Judicial que sean designados a partir del año próximo.
“Hubo una decisión valiente por parte del presidente Macri, que fue primero convocar al diálogo y luego avisar que no iba a vetar la ley: que la dirigencia política debía hacerse cargo de sus decisiones”, aseveró el diputado del PRO Luciano Laspina, quien sumó protagonismo en las últimas semanas como uno de los negociadores. Es que la reacción inicial del Gobierno, luego de que la oposición votará otro proyecto en Diputados, fue anticipar que lo vetaría si el Senado lo avalaba. Pero reconocieron que iban a pagar todo el costo político y cambiaron la estrategia. “Este es el primer Gobierno que le baja los impuestos a los trabajadores, no se dejen engañar”, remarcó Laspina.
Como contrapartida, Héctor Daer, diputado massita y titular de la CGT, calificó como un “error político” la postura inicial del oficialismo de no negociar. Y describió que se encontró “el punto posible” en la negociación.
