La compra del hotel Alto Calafate con 2 millones de dólares por parte del ex presidente Néstor Kirchner hizo que en la Argentina surja el debate acerca de la necesidad en la transparencia y el control del patrimonio privado de los funcionarios durante su paso por la gestión pública.
Si bien en Argentina existe la Ley de Ética Pública, son muchos los que consideran que esto no es suficiente para garantizar la transparencia, sobre todo para el presidente o ministros de primera línea.
Adrián Lucardi es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés e investigador del Consejo Académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). En diálogo con Perfil.com consideró que "si bien tenemos esta ley, no está confirmado que se cumpla con la misma, por lo que es necesario actualizar la legislación".
Cuál es la alternativa. El "blind trust" o fideicomiso ciego es un mecanismo utilizado para evitar un conflicto de intereses en las decisiones que debe adoptar en su cargo un funcionario público. Ya lo pusieron en marcha, entre otros, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. En Latinoamérica el primero en plantear el debate fue Chile. En este último surgió a raíz de la candidatura del millonario Sebastián Piñera (su fortuna se estima en los 2 mil millones de dólares).
Este mecanismo consiste en la transferencia temporal de bienes, acciones e inversiones a un tercero independiente, que deberá administrarlos de manera libre y autónoma y que tiene legalmente prohibido consultar o informar a su dueño sobre la gestión de estos activos.
En ese sentido, Lucardi explicó que "es cierto que (el fideicomiso ciego) se utiliza en varios países. Habría que ver si en Argentina resulta, ya que uno puede tener la mejor medida pero si en los hechos concretos no se cumple, no creo que ayude a la transparencia".
Hernán Charosky es director ejecutivo de Poder Ciudadano. Ante Perfil.com explicó que el objetivo del "blind trust" es que "las decisiones sobre inversiones de los recursos personales de estas personas se hagan mediante mecanismos que no puedan aprovechar de ningún modo su posición privilegiada".
Los casos en el mundo. En Estados Unidos se obliga al presidente, secretarios y funcionarios de primera línea a declarar por escrito sus bienes patrimoniales y prevé la intervención de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE, en sus siglas en inglés) en casos de potenciales conflictos entre el interés económico privado de la autoridad y el desempeño de sus funciones oficiales.
En Gran Bretaña, tanto el Premier como sus colaboradores tienen que declarar sus bienes y los de sus familiares, y en caso de riesgo de conflicto de intereses también deben vender sus activos o colocarlos en un "blind trust".
La legislación española dispone que los funcionarios no pueden tener participaciones societarias directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan contratos o reciban subvenciones del Estado. La prohibición es total si se trata de compañías que puedan condicionar “de forma relevante” la actuación de la autoridad. En ambos casos, tiene tres meses para desprenderse de estas posiciones.
El debate en Chile fue impulsado a partir de la candidatura presidencial de Piñera. El objetivo es que el mandatario, sus ministros y los legisladores deban delegar el manejo de sus activos que superen los 20 millones de dólares.
Sobre si esta metodología puede servir en caso de usarse en la Argentina, Charosky consideró que " pueden mejorar la transparencia pública si se implementan con criterios claros, públicos y se diseñan de modo tal de garantizar la separación de los intereses públicos y privados"
En ese sentido consideró que la Ley de Ética Pública "es mejorable en muchos aspectos. Es necesario empezar a discutir la posibilidad de complementarla con mecanismos como éstos, y otros, como los acuerdos de ética, donde los funcionarios se comprometen al principio de su gestión, a renunciar a determinados negocios o decisiones, o a someterse a mecanismos de transparencia y auto-restricción".
(*) De la redacción de Perfil.com.
