Una nueva causa salpica al ex ministro de Planificación kirchnerista, el diputado Julio De Vido. También fueron acusados el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex responsable de Economía y diputado Axel Kicillof. Pero esta vez los ex funcionarios kirchneristas no están solos: la imputación alcanza también al ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, y el ex jefe de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Todos ellos quedaron bajo la sospecha de un presunto negocio que perjudicó al Estado y favoreció a empresarios chinos y argentinos para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz.
Algo que comenzó en la administración kirchnerista pero continuó en la actual gestión. Hasta el propio Leonardo Fariña, en su rol de arrepentido, relató los intentos de Lázaro Báez para no perderse el negocio.
Según la documentación a la que accedió PERFIL, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral acaba de pedirle al secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior que envíe copias del expediente Licitación Pública 2/2012 por la obra “Aprovechamientos Hidroeléctricos de Río Santa Cruz”. Justamente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorrió el viernes el lugar donde la UTE de las empresas China Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo levantará las represas. Macri las había frenado al llegar al Ejecutivo para evaluar el daño ambiental pero en agosto las autorizó.
Ahora, una nueva denuncia cuestiona el proyecto. A la par de una demanda contra el Estado, el abogado Alfredo Daniel Casal acusó días atrás por defraudación a la administración pública a De Vido, López y Kicillof. Y también a Aranguren, los funcionarios de Energía Alejandro Sruoga y Jorge Marcolini y el ex ministro Prat-Gay, entre otros.
El objetivo es saber si hubo irregularidades desde que López, hoy tras las rejas, firmó en 2013 un contrato con la UTE ganadora y la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó a Kicillof a firmar un acuerdo de crédito millonario entre el Estado y tres bancos de capitales chinos. La particularidad radicaría en la intervención del China Gezbouba en carácter de tercero. De los US$ 850 millones que se desembolsaron, a 2015 habrían ingresado menos de 500 millones mientras Argentina pagaba intereses y las obras no avanzaban, dice la denuncia.
En 2016, Aranguren habría efectuado una propuesta de adenda al convenio marco: pese a saber “que la alternativa generaba un grave daño económico, financiero, ambiental y sin costo-beneficio” hubo una adjudicación directa en beneficio de UTE para construir una línea extra de alta tensión por 175 km a razón de US$ 212 millones, se agregó.
A pedido del fiscal Federico Delgado, Canicoba requirió al Gobierno los papeles de la licitación, ofertas de los perdedores e impugnaciones, control de la obra, presupuestos, montos pagados, extras y el nombre del que las aprobó. Y sobre todo “el historial del dinero obtenido a partir de la financiación externa y su efectiva inversión, el detalle del pago de los intereses y el origen de esos fondos”.
