El ex mano derecha del cardenal Antonio Quarracino, monseñor Roberto Toledo, y dos hijos del ex embajador argentino ante el Vaticano durante el menemismo, Francisco Eduardo Trusso, irán a juicio oral y público por una supuesta estafa de diez millones de dólares al Banco de Crédito Provincial.
Los tres imputados están acusados de “estafa cometida mediante el uso de documento privado falso”, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión.
La acusación del fiscal Patricio Lugones, que el juez de instrucción Juan María Ramos Padilla elevará a juicio, cerrará el ciclo de un hecho que ocurrió hace diez años, en el marco de la quiebra del Banco de Crédito Provincial (BCP), vinculado con la curia católica.
La causa gira en torno a un préstamo aparentemente fraudulento de diez millones de dólares de una mutual militar al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un “ardid” que “habría funcionado como sustento de la confianza” que le depositaba el arzobispo porteño a Toledo. Es que el prelado consideraba a su secretario “como a un hijo”.
En junio de 1997, la Sociedad Militar Seguro de Vida otorgó diez millones de dólares pagados con dos cheques de cinco millones cada uno, en favor del Arzobispado. Ese préstamo, según la investigación, fue gestionado por Francisco Javier Trusso ante el presidente de la mutual militar, el capitán de Navío retirado Baltasar Trejo Lema: el BCP era el garante del préstamo.
Ante las dificultades que atravesaba la entidad bancaria, emisarios de la Sociedad Militar recordaron anticipadamente al Arzobispado el vencimiento de la primera cuota de intereses y solicitaron el cambio de fiador. Pero allí se encontraron con que monseñor Roberto Toledo desconocía la operación.
Allí, el secretario adujo que las firmas de Quarracino utilizadas para el préstamo habían sido falsificadas y advirtió que el préstamo lo pagaría “Mongo”.
El fiscal Lugones explicó que los Trusso gestionaron el préstamo "en nombre y representación de Quarracino y con cierta urgencia, a los fines de hacer frente a diversos compromisos financieros contraídos con el exterior", y fue monseñor Toledo quien cobró los diez millones de dólares mediante esos cheques.
"Cada uno de los participantes desempeñó un papel fundamental que derivó finalmente en el perjuicio sufrido por la Sociedad mencionada, la cual erogó la suma de diez millones de dólares a favor del Arzobispado de Buenos Aires, a una cuenta de la cual el dinero fue extraído sin que haya sido posible establecer cuál fue su destino o beneficiario final", sostiene la acusación.
