El directorio del FMI se reunirá el próximo miércoles 31 para tratar la revisión del acuerdo que se realizó con Argentina luego de la misión de principios de mes, anunciaron fuentes oficiales.
En caso de aprobarse, como se espera que ocurra, se desembolsarían US$ 4.700 millones para el país, con los que se podrá hacer frente a los vencimientos que operan justamente el mismo 31 de enero y el 1 de febrero.
“Luego del acuerdo con el FMI a nivel de staff en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, el Board del organismo mantendrá un encuentro el próximo miércoles 31 de enero para tratar el caso de Argentina”, informaron fuentes de Economía.
Argentina debe cancelar el 31 de enero las cuotas de capital que acumuló del mes de enero por el programa de facilidades, que ascienden a la suma de US$ 1.954 millones. Al día siguiente, operan vencimientos por intereses que son impostergables, por otros US$ 844.500. Esto totaliza unos US$ 2.800 millones.
La información surge el mismo día en que el Banco Central logró romper el techo de los US$ 25 mil millones de reservas brutas. Esta semana acumuló US$ 802 millones y, en lo que va de la gestión Milei, compró casi US$ 5.900 millones. Por lo que, seguramente, la semana entrante Economía no tendrá mayores inconvenientes en cumplir con los pagos de capital más intereses con las reservas actuales, independientemente de que el desembolso se confirme el 31 y el dinero llegue unos días más tarde, y no habrá que echar mano de préstamos puentes con otros organismos internacionales como ocurrió en los últimos vencimientos.
La Argentina se propone lograr un superávit primario del 2% del PBI este año mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos.
Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola.
La racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad.
Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, a través de mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributarios y de gasto. La clave de lograr esto, sin dudas, está puesta en la discusión en el Congreso con el proyecto de ley ómnibus y los cambios en el DNU. Todavía está en discusión y con final abierto.
El informe del Fondo emitido el día del acuerdo anunciaba: “El Gobierno está firmemente comprometido a seguir eliminando prácticas monetarias múltiples y restricciones cambiarias, al tiempo que busca desmantelar las medidas de gestión de flujos de capital a medida que se abordan los desequilibrios y las condiciones lo permiten”.
