El FMI desembolsará US$ 4.700 M, pero analiza la crisis política y el nuevo ajuste

Al filo del vencimiento, el organismo mandará los dólares que el país necesita para pagar la deuda de enero. En febrero y abril habrá renovadas presiones, pero el próximo muro será en julio, cuando venzan US$ 3.880 millones. En el Fondo preferían un nuevo esquema de ajuste fiscal, antes que un fracaso legislativo que debilite el programa. Caputo podría darle mayor ritmo a la quita de subsidios en los servicios públicos.

El Gobierno deberá enfrentar el último día de enero el pago de US$ 1.945 millones en concepto de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, en momentos en que las reservas del Banco Central están por encima de los US$ 8 mil millones en negativo. Ese mismo día, el directorio del FMI revisará el “staff level agreement” que su equipo técnico alcanzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, y pondrá su mirada exclusivamente en la posibilidad cierta de que el gobierno de Javier Milei tenga la capacidad de alcanzar el déficit fiscal comprometido, luego del golpe de knock out al capítulo económico que estaba en juego en el proyecto de la ley ómnibus.

Fuentes consultadas por PERFIL descartaron que el Fondo “le juegue en contra” a la administración Milei y restrinja el envío de los US$ 4.700 millones que el staff acordó en su paso por Buenos Aires. Sucede que el organismo multilateral de crédito tenía menores expectativas del recorte fiscal e, incluso, consideraba “excesivo” el plan del Gobierno, temeroso de poder soportar el embate político en el Congreso de la Nación, pero especialmente en las calles. Para la primera preocupación, reclamó acuerdos. Para la segunda, contención social. El eventual rechazo en la Cámara de Diputados y la multitudinaria marcha de los gremios del jueves pasado pusieron en duda los dos puntos de ese planteo.

La administración económica esperará hasta el último minuto del miércoles próximo para que se acrediten los derechos especiales de giro (DEG, la moneda que utiliza el FMI) para poder saldar el pago de la deuda por un total de US$ 1.945 millones con el propio organismo, que tenía vencimientos el 9 de enero (US$ 1.300 M) y el 16 de enero (US$ 650 M) pasados, pero que se unificaron por el uso del “bundle”, una herramienta que permite unificar y trasladar al último día del mes las obligaciones de pago.

Además, Caputo deberá devolverle un crédito puente por casi US$ 1.000 millones al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (ex CAF), que utilizó para poder afrontar los vencimientos ante el FMI de diciembre. En total, durante enero el Gobierno enfrenta deuda por capital e intereses con distintos organismos de créditos y acreedores privados por US$ 3.972 M, contando los US$ 1.945 M del FMI, pero sin sumar el préstamo de la CAF. Por eso es clave el desembolso de US$ 4.700 M.

Según un cálculo realizado por la consultora Eco Go, enero será el mes más desafiante en términos de vencimientos de la primera mitad del 2024, aunque en febrero (US$ 1.139) y abril (US$ 2.238) las exigencias generarán tensión en las arcas del BCRA. Sin embargo, habrá otro paredón difícil de saltar en julio, cuando venzan títulos públicos y letras del tesoro por US$ 2.793 M, que se sumarán a obligaciones de pagos con el FMI, el BID, entre otros, que suma un total de US$ 3.880 M.

Conocedor del manejo político y económico del FMI, por haber integrado el directorio del organismo multilateral de crédito como representante de la Argentina, Héctor Torres sostuvo que el traspié del Gobierno en el capítulo fiscal de la ley de Bases que envió al Congreso “sin duda que va a incidir en el análisis y será un tema a considerar en el directorio”, aunque aclaró: “No creo que impida la aprobación del giro”. “Si el FMI condicionara la continuidad del programa a la aprobación legislativa del paquete fiscal, estaría ofreciendo una herramienta para extorsionar al Gobierno. Creo que evitarán eso”, afirmó, en diálogo con PERFIL.

Claudio Loser, quien también fue director en el FMI y conoce las expectativas del directorio, sostuvo que “como el programa termina en septiembre, las metas son importantes, pero no atan al país como tal”. Sin embargo, dijo “si hay un ajuste importante acordado para la primera mitad del año, no habrá mayores problemas de parte del board para que se apruebe el programa”.

“Habrá que explicar que se tomarán medidas más duras, con un ajuste importante e, incluso, si dicen que hay una probabilidad de que no se cumpla con la meta cero, el Fondo lo entendería bastante bien. Pero, por supuesto, tendrán que venderlo en forma muy cuidadosa”, aseguró, en declaraciones a PERFIL.

Otras fuentes conocedoras del análisis del FMI señalaron a este diario que un formal rechazo político en el Congreso al paquete de ajuste “dejará sin margen de aprobación social al programa acordado con el Fondo”. “Es mejor un acuerdo posible”, aclararon. Por ese motivo, en Washington seguían de cerca las negociaciones por el tratamiento del proyecto y no pareció casual que la confirmación del caso Argentina en la agenda del directorio se haya conocido horas antes de la conferencia de prensa del ministro Caputo, anunciando la retirada del paquete fiscal de la ley ómnibus. Durante toda la semana, hubo silencios en el entorno de Kristalina Georgieva sobre el tratamiento del nuevo “staff level agreement”.

Sin embargo, la caída en desgracia del capítulo fiscal en la ley ómnibus no significó una claudicación del ajuste. Caputo, en la misma improvisada conferencia de prensa, admitió que utilizará otras vías para los recortes necesarios para lograr el déficit cero. En Economía estudian una aceleración en el recorte de subsidios a los servicios públicos y un avance en la venta de activos. Este año, según Eco Go, Argentina deberá pagar por deuda externa un total de US$ 17.286 millones.