El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por decreto por el presidente Alberto Fernández, se reunió ayer por segunda vez desde que comenzó el trabajo formal el último martes. La reunión, vía Zoom, contó con la presencia de los once expertos elegidos por el Ejecutivo y del coordinador del grupo.
Entre los miembros del Consejo está el defensor de CFK, Carlos Beraldi, cuyo nombre fue el que más polémicas despierta desde su designación. Tal como está previsto, en estos primeros encuentros se trata lo relativo al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Para este martes está cursada la invitación para que participen las autoridades máximas de ambos organismos, Eduardo Casal y Stella Maris Martínez.
Procurador interino desde 2017, tras la salida de Alejandra Gils Carbó, Casal es hombre de un perfil bajo y muy respetado en tribunales. En el último tiempo su nombre se volvió objeto de intentos de desplazamiento por parte del oficialismo, que no logra obtener los votos necesarios, al menos hasta el momento, para designar como titular a Daniel Rafecas, el elegido de Fernández.
El Consejo tiene para analizar, respecto de la jefatura de fiscales la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios (ahora son vitalicios). También la posibilidad de incorporar la actual Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) a su estructura.
En los últimos días, luego de que se conociera que podría cambiarse la mayoría especial para designar al Procurador por una simple, el propio Rafecas usó su cuenta de Instagram para hacer saber su posición. “Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo, preparándome cada día para estar a la altura de ese desafío”, consignó el juez federal. Tras lo que agregó: “Confío además en que la Comisión de expertos que está trabajando en recomendaciones en el área de Justicia va a mantener la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoría especial de dos tercios en el Senado de la Nación”.
El plazo establecido para el trabajo del Consejo es de 90 días tras lo cual elevarán un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas a presidencia.De acuerdo a lo que sostiene el decreto presidencial con el que fue creado, sus propuestas se adoptarán por mayoría de la totalidad de sus miembros y cada integrante podrá incluir las disidencias y recomendaciones que estime necesario. Siguiendo esos lineamientos, el Consejo deberá expedir una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de los diferentes organismos a analizar.
En el Consejo, parte de Beraldi, está el ex juez y ex ministro, Carlos Arslanián; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y ex candidata a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro de Héctor Cámpora; la abogada Marisa Herrera, experta en temas de familia y los miembros de las Cortes de Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza: Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo, además de los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyran.
