El Gobierno dejó para después del receso la ley que modifica el financiamiento partidario

Después del receso invernal, el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de ley para reformar la forma de financiarse que tienen los partidos políticos. Un tema que inevitablemente quedará envuelto en la polémica que se generó por la denuncia de aportantes truchos detectados en los informes de campaña del año pasado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, aunque en el Ejecutivo niegan que los plazos para avanzar estén relacionados con esa noticia.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio del Interior, luego de ser analizado y debatido con sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática. En febrero de este año, la Secretaría de Asuntos Políticos, que lidera Adrián Pérez, terminó de darle los últimos retoques y lo envió a la Jefatura de Gabinete. Todos estos meses estuvo en análisis en los despachos de la cartera de Marcos Peña, y la decisión política es enviarlo a la Cámara de Diputados en agosto, cuando se reactive la actividad parlamentario. El propio Mauricio Macri planteó la necesidad de modificar la ley en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, en marzo. “El proyecto está listo, y la denuncia no influye ni en el tiempo ni en el contenido”, aclaran en la Casa Rosada ante la consulta de PERFIL.
El proyecto tiene dos puntos principales que buscan modificar: la habilitación de la empresas para figurar como donantes (hoy donan pero en los informes figuran directivos, gerentes o empleados) y la bancarización de todos los aportes. Este punto fue uno de los que hizo hincapié María Eugenia Vidal cuando le consultaron sobre la denuncia. Hoy la opción de bancarizar los aportes existe, pero no se cumple. Según difundió el sitio El Destape, que fue el que realizó la investigación inicial de aportantes truchos, en la campaña de Cambiemos el 89% de los aportes fue en efectivo. De aprobarse la nueva ley, la bancarización será obligatoria.
La posibilidad de aportar de las empresas fue algo que se quitó de la legislación con el objetivo de generar mayor niveles de equidad y transparencia. Diversos especialistas coinciden en que no funcionó, ya que el financiamiento empresarial sigue existiendo lo que cambió es que aparecieron mecanismos para ocultarlo. Ahora se pretende volver a admitir los aportes de empresas aunque con un tope del 2% del total de los gastos permitidos por partido o alianza electoral.
Otros cambios son la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real (máximo 5 días), un registro de proveedores de bienes y servicios para campañas, la coordinación entre la Cámara Electoral y los organismos financieros, y la extensión a 30 días de la prohibición de los actos de gobierno en una campaña.