El Gobierno nacional enfrenta este jueves una posible derrota legislativa en el Senado, donde una mayoría opositora podría unirse por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo es aprobar el reparto de fondos que los gobernadores reclaman como propios y que, según dicen, la Casa Rosada mantiene retenidos para garantizar el equilibrio fiscal.
La vicepresidente Victoria Villarruel optó por no convocar oficialmente a la sesión con el objetivo de evitar mostrar una posible debilidad institucional y política frente a la presión opositora. Sin embargo, ante el clima adverso al Ejecutivo que se percibe en varios bloques, confirmó que presidirá el debate en caso de que haya quorum.
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La realidad es que el inicio del debate estuvo prácticamente asegurado gracias a un acuerdo momentáneo entre el bloque kirchnerista, senadores de la UCR y del PRO.

Este grupo respalda un proyecto que plantea una suba del 7,2% en las jubilaciones, eleva el bono para el haber mínimo a $110.000 y declara la emergencia en la prestación de servicios para personas con discapacidad. Estas propuestas ya cuentan con media sanción de Diputados desde el 5 de junio, por lo que su aprobación definitiva en el Senado está prácticamente garantizada.
En cambio, la iniciativa que establece una nueva moratoria previsional enfrenta más dificultades. El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, no cuenta con el respaldo del resto de la oposición, que considera que su implementación tuvo fines electorales al ser promovida durante la campaña de Sergio Massa en 2023.
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Además, señalan que generó un aumento en la cantidad de jubilaciones sin aportes, lo cual afectó el sistema previsional.

Los gobernadores en plan de lucha
Los proyectos impulsados por los gobernadores provinciales también deberán ser habilitados para su tratamiento sobre tablas. La semana pasada, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios decidieron avanzar con dos proyectos de ley para exigir la distribución de fondos que consideran legítimos para sus jurisdicciones.

Las propuestas apuntan a eliminar diversos fondos fiduciarios que, según indican, no se utilizan con el fin previsto, y establecen un nuevo esquema de reparto de recursos con base en los criterios de coparticipación. Esto incluye tanto los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como una parte significativa del impuesto a los combustibles líquidos.
Los proyectos cuentan con el respaldo de 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, lo que anticipa un amplio consenso parlamentario. Se espera que bloques radicales, kirchneristas, provinciales e incluso del PRO acompañen las propuestas.
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Esta votación representaría la primera vez que la oposición se unifica en su totalidad en una acción legislativa desde el inicio de la gestión de Javier Milei, dejando de lado las diferencias entre sectores más duros como el kirchnerismo y los espacios dialoguistas como la UCR, el PRO y partidos provinciales.
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