Lisandro Bonelli, el renunciado jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y sobrino de Ginés González García, sumó una nueva denuncia penal en su contra por el escándalo de las vacunas aplicadas a personas a las que todavía no les correspondía. Esta vez, por las revelaciones de que en San Nicolás, localidad de la que tanto él como Ginés son oriundos, también se habrían dado privilegios para saltarse el orden establecido por el Gobierno.
“Nosotras recibimos la información de que había un vacunatorio vip y fuimos a denunciar, y las fiscales tenían la misma data, por eso ya habían avanzado con el allanamiento al hospital”, relata la diputada nacional Karina Banfi, quien motorizó la presentación junto a la legisladora provincial Sandra Paris. Luego de los primeros trascendidos (que incluyó un allanamiento de urgencia porque las autoridades del hospital no colaboraban y también el allanamiento en una escuela que funcionaba de vacunatorio), este jueves apareció un ahijado de Ginés González García reconociendo que también se había aplicado la vacuna Sputnik V, a pesar de no tener la edad para ser inoculado aun. “Me llamaron y me vacuné, no estaba todavía la vacuna Sputnik publicada, incluso había médicos que no querían vacunarse. Yo me anoté y me dieron el turno para vacunarme. En ese momento había un policía esperando que también se vacunó. Mi esposa se anotó un día antes y se vacunó un día después. Mi esposa tiene 48 años, ella es docente, pero tampoco puso que es docente”, explicó en declaraciones mediáticas.
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Las diputadas tienen la información de que los nombres no se terminan allí y podría alcanzar a toda la familia de Bonelli e incluso otros familiares más de Ginés. “Lo que estamos atrás es de ver si había un plan sistemático de primero los nuestros y después el resto o son casos aislados”, aseguró Banfi en diálogo con PERFIL. “Pero vemos que tiene la misma modalidad en diferentes lugares, por lo que te abre otro nivel de juego y otro nivel de responsabilidad y rendición de cuentas”, añadió.
Las diputadas radicales denunciaron "la posible comisión de delitos contra la Administración Pública vinculados al Plan Provincial de Vacunación contra el Covid-19", lo cual consideran una "grave violación al orden establecido por la normativa que procura, con criterio epidemiológico, la inmunización de la población provincial".
Además, solicitaron que para conseguir toda la información "se intime al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, a los funcionarios locales y regionales en los que se haya delegado la responsabilidad de ejecutar el plan regional de vacunación en la segunda sección electoral bonaerense”. Y solicitaron "la revelación pública de datos que permanecen ocultos, total o parcialmente, por el Gobierno provincial".
GZ
