Lejos de limitarse a los tribunales de La Plata, la causa “Gestapo sindical”, por el presunto armado de causas contra opositores durante la administración Macri, se traslada a la política. Mientras crece la incertidumbre sobre qué jurisdicción será competente para tratar el expediente, la Dirección General de Investigaciones (Datip) del Ministerio Público Fiscal se prepara para peritar lo incautado en los allanamientos que ordenara el juez Ernesto Kreplak la semana pasada.
Fuentes cercanas al expediente confirmaron a PERFIL que la pericia comenzaría el lunes y duraría unos pocos días. Lo incautado –computadoras, teléfonos celulares, tabletas y memorias USB– pertenece a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y a ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentes durante la reunión que dio lugar a la denuncia. Entre ellos figuran el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas y el actual intendente de La Plata Julio Garro.
Está aún pendiente el allanamiento a las oficinas del senador bonaerense Juan Pablo Allan, dado que el procedimiento fue frenado por no contar con el aval correspondiente.
Si bien la causa avanza a paso firme, y continuará durante la feria judicial, hay expectativas de que pueda pasar a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde Juan Pablo “Pata” Medina, principal querellante, ya había denunciado en 2019 los mismos hechos que Kreplak investiga actualmente en La Plata. Lejos de serle funcional, el gremialista teme que ello pueda ser favorable al macrismo y produzca un desenlace similar al de otras causas que involucraron al servicio de Inteligencia. Existe también otro motivo para que la causa pase a Retiro: la reunión que dio origen a la denuncia tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
Medina también pretende involucrar a Vidal de manera directa en la causa y solicitó extenderle la imputación. Presentando una desgrabación de una entrevista televisiva concedida por ella, estima que sus dichos “resultan indicativos de su posible participación en los hechos investigados”. Según la solicitud, a la cual accedió PERFIL, pidió también que se requieran los informes de llamadas entrantes y salientes entre Vidal y los funcionarios involucrados de mayo a diciembre de 2017, año en que ocurrió la reunión que se denuncia.
En diálogo con LN+, la gobernadora había comentado sobre el dirigente gremial: “Estamos hablando de gente mafiosa. Medina no necesitaba que nadie le armara una causa para ir preso, pero el kirchnerismo hace eso de victimizarse y decir que han sigo perseguidos políticos”.
La causa también ha también dado lugar a la polémica fuera del terreno judicial. “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas. Eso que se muestra es una reunión de trabajo grabada ilegalmente que no sirve como prueba”, afirmó Vidal desde su cuenta en Twitter. “Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora, luego de dos años, por la AFI”, agregó. No obstante, no dejó de calificar como “repudiable e injustificable” que Marcelo Villegas, quien fuera su ministro de Trabajo, utilizara la idea de crear una Gestapo (policía secreta del nazismo) para perseguir sindicalistas.
Cuestionó también a Cristina Caamaño: “Tardó dos años en encontrar este video y, cuando lo denunció, lo hizo ante un juez que es incompetente porque es de La Plata, cuando el hecho ocurrió en la Capital”.
Respondiendo a los comentarios de Vidal, Caamaño sostuvo que la ex gobernadora “no hace más que negar la realidad”.
