El Gobierno buscará desterrar la “Ley Guzmán” y asegurarse, así, la libertad de tomar deuda en dólares sin la necesidad de una aprobación del Congreso. Ese artículo fue uno de los reclamos que el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó para que estuviera incorporado en el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso. El objetivo es poder emitir bonos en moneda extranjera por encima de lo permitido en el Presupuesto, que fue prorrogado para el funcionamiento del Estado durante el 2024.
Con el capítulo 4 del artículo 107 de la ley ómnibus, el Ejecutivo nacional busca derogar el artículo primero de la ley 27.612, que dice: “La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
Y agrega: “Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.
El cruce de Guzmán
El exministro de Economía y autor de la ley que el Gobierno busca desactivar, Martín Guzmán, reapareció en la escena pública local para cuestionar las intenciones oficiales: “Presidente @JMilei, ¿no era que tomar deuda era inmoral?”. El cuestionamiento apuntó a uno de los puntos de la campaña presidencial que había realizado Milei, cuando a mediados de septiembre pasado y antes de las elecciones generales, posteó en la red social X: "La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado (sic) por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal”.
Guzmán utilizó el mismo canal, ex Twitter, para denunciar el resurgimiento del mecanismo que utilizó el gobierno de la Alianza a mediados de 2001: “Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001?”.
El economista, que pocos días antes cuestionó el rol del Fondo Monetario Internacional en la relación con los países en crisis, le cuestionó a Milei: “¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública? Esto es lo que hace tu ley Ómnibus en el plano de la deuda”.
El Megacanje, la sombra del 2001
Según Guzmán, la ley Ómnibus “busca modificar la Ley de Administración Financiera, que estipula que una reestructuración de deuda pública debe redundar en un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (y que ha sido interpretada como requiriendo de mejoras en dos de esas tres dimensiones). Ya no sería necesario que ello ocurra. O sea, sería legal que una reestructuración de deuda implique un aumento en lugar de una reducción de la carga de la deuda, si esas son las ‘condiciones imperantes del mercado financiero’ (como en el 2001)”.
“La ley Ómnibus también busca modificar el Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021, que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación. El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI, con consecuencias para varias generaciones, como ocurrió en 2016-2019. @JMilei, tu ley volvería a hacerlo posible”, disparó.
El mega proyecto de ley dispone que todos los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) pasen a manos del Tesoro nacional y salgan del patrimonio de la Anses. “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”, señaló el artículo 226.
AM / ED