El jueves pasado debía comenzar el juicio contra Ricardo Jaime por los delitos de dádivas que recibió de empresarios del transporte a los que debía controlar. Un claro hecho de corrupción. Tan claro que el propio funcionario lo admitió ante la Justicia. Vuelos en jets privados y el pago de alquileres de departamentos. La historia detrás del acuerdo que permitió que el ex funcionario aceptara su culpabilidad y se abreviara el juicio involucró a la hija del acusado y una amenaza de renuncia de su abogado.
El miércoles 23, Andrés Marutian, abogado del ex secretario de Transporte, se presentó ante el fiscal federal Guillermo Marijuan para pedir la postergación del juicio. Las razones de Jaime: una de sus hijas, Gimena Belén, tuvo problemas de salud vinculados a su parto (ver aparte). El ex funcionario se comprometía a asistir el jueves 1º de octubre para el inicio del debate.
Ese miércoles en realidad comenzó a acordarse el juicio abreviado que se dio a conocer esta semana, confirmaron a PERFIL fuentes directas de la reunión. El abogado de Jaime no fue sólo a presentar el certificado que avalaría la situación de Gimena Belén. Sacó un escrito y lo puso sobre el escritorio del fiscal. Era su renuncia a la defensa de Jaime. Si Jaime se quedaba sin abogado defensor, el juicio debía suspenderse. Para Marijuan, eso iba a hacer ganar tiempo a Jaime: iba a pedir un nuevo abogado, y éste podía exigir estudiar el caso. La causa no tenía mucha esperanza de vida si los plazos se extendían. Las pruebas son abrumadoras, pero la defensa sostiene que el delito prescribió tanto para Jaime como para su testaferro Manuel Vázquez y los empresarios que pagaron las dádivas, Claudio Cirigliano y Néstor Otero. Pero la Cámara de Casación ya había dicho que el juicio empezaba igual.
Para un juicio abreviado, con acuerdo del juez Julián Ercolini, Jaime y demás imputados admitían la responsabilidad y a cambio obtenían penas menores y devolvían $ 2 millones, el dinero que contabilizarían las dádivas.
Para el ex funcionario, se decidió un año y cuatro meses de prisión –el máximo es de dos años para este tipo de delitos–, que se suman a los seis meses de prisión en suspenso que acarrea de su primer condena en Córdoba. Vázquez, ex asesor de Jaime y procesado como su testaferro en la causa por enriquecimiento ilícito, acordó dos años y medio. Cirigliano, uno de los dueños de TBA, y Néstor Otero, titular de la concesionaria de la estación de ómnibus de Retiro, cumplirán tareas comunitarias.
Todos dijeron que sí. Menos Jaime. Recién el martes pasado confirmó a la fiscalía que reconocería su responsabilidad penal y firmaría el acuerdo el jueves. No tenía otra opción. El mensaje de Ercolini fue que lamentaba la situación de su hija pero que si no se presentaba a la audiencia quedaba detenido.
Algunos medios vieron este juicio abreviado como un acuerdo espurio. Jaime podría haber quedado detenido. La fiscalía y el juzgado lo defienden: por primera vez un funcionario público admitió ser culpable de corrupción durante la era K.
