Las denuncias por condiciones de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento de Formosa comenzaron a repercutir en el Gobierno nacional. Sin romper el vínculo ni enfrentar al gobernador aliado de Formosa, Gildo Insfrán, en la Casa Rosada buscan una salida a la dura estrategia sanitaria con la que avanzó para enfrentar el coronavirus en la provincia que comanda.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó a una reunión para analizar las distintas denuncias y el informe que realizó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Horas antes del encuentro que se produjo este lunes, ingresó a la Casa Rosada otro documento de la Defensoría de la Niñez que también fue debatido en este encuentro ya que solicita rever algunas de las prácticas utilizadas por el estado formoseño.
Pietragalla llegó a Balcarce 50 con un paper en el que plasmó las conclusiones de su viaje a esta provincia en el que analizó los protocolos implementados en los centros de aislamiento, blancos de denuncias. Desde Formosa, el funcionario ya había desestimado las fuertes acusaciones que investiga la justicia y solo habló hasta ahora de “arbitrariedades en las fuerzas de seguridad, violencia institucional con una comunidad wichi, pero esto pasa a lo largo y ancho del país".
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Cafiero también se manifestó en este sentido al asegurar que “no hay en Formosa centros clandestinos de detención ni violación de los derechos humanos" aunque aclaró que "hay casos de violencia institucional de la policía (de la provincia) que se están estudiando".
Pero la escalada de las denuncias encabezadas por la oposición llevaron al Gobierno de Alberto Fernández a intervenir para buscar una salida sanitaria moderada al conflicto generado por una estrategia de confinamiento que ya había provocado un fallo de la Corte Suprema por la situación de los varados que no podían ingresar a esta provincia.
La reunión encabezada por Cafiero duró más de dos horas. Además de Pietragalla participaron la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, el ministro de Gobierno de la Provincia, Jorge Abel González y la representante de la Dirección de Epidemilogía del ministerio de Desarollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez. El ministerio de Salud de la Nación estuvo representado por el jefe de Gabinete de la cartera, Lisandro Bonelli; la subsecretaria de Medicamentos y de Información Estratégica, Sonia Tarragona y el subsecretario de Estrategia Sanitaria, Alejandro Costa. Además participó, el secretario de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerne.
Allí se adelantó el informe preliminar de la secretaría de Derechos Humanos y se resaltó el compromiso de los Estados “que deben asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida”. En este sentido, se resolvió "una planificación para un abordaje territorial conjunto y coordinado entre los ministerios de Salud de la Nación y de Formosa hacia todos los centros de aislamiento", explicaron a este medio.
No solo avanzaron sobre el informe de Pietragalla. Esta mañana, el Ejecutivo nacional también recibió un documento de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, a cargo de Marisa Graham. “Respecto a la situación en la Provincia de Formosa, en el mes de octubre del año 2020, esta Defensoría recibió denuncias efectuadas por algunas organizaciones no gubernamentales que manifestaban la existencia de situaciones de vulneración de derechos en el marco de las medidas epidemiológicas dispuestas. En dicha oportunidad nos fue informado de algunas situaciones particulares de niñas y niños que no accedían a los tratamientos de salud indicados en razón de estas mismas medidas sanitarias”, detalla el paper al que accedió PERFIL.
Se agrega: “Ponemos en su conocimiento que, recientemente, hemos recibido nuevamente solicitudes de intervención por parte de organizaciones de la sociedad que darían cuenta de serias irregularidades en las condiciones de alojamiento en los centros destinados a tal fin. Las mismas se corresponden con imágenes que circularon en los medios periodísticos donde se visualizan que en los centros de alojamiento provisorio habría situaciones que implicarían privaciones de libertad de niños y niñas”.
A partir de entonces desde la Defensoría se solicitaron distintos pedidos de informes al gobierno de Insfrán mientras se requirió “en caso de existir dichas situaciones, se disponga el inmediato cese de dichas medidas”. Mientras se espera una respuesta de la provincia, funcionarios de esta institución viajaron a Formosa. Después de una visita a los centros de aislamiento y entrevistas con personas alojadas allí, se solicitó:
Se tengan en cuenta criterios más flexibles en las políticas epidemiológicas tendientes a evitar la propagación del virus, como por ejemplo la posibilidad de realizar aislamientos domiciliarios cuando se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes, evitando realizar alojamientos compulsivos.
Se tomen en cuenta las mejores prácticas existentes en las provincias, a casi 11 meses de la aparición de la pandemia compatibilizando de manera armoniosa los derechos de niñas, niños y adolescentes con la protección de la salud de la población.
Se revea y se disminuya la alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes alojados en los CAS y CAP, requerirse solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario y habiéndose agotado toda otra alternativa domiciliaria, y garantizando la presencia de personal especializado en el cuidado de los mismos.
Se extremen los cuidados respecto a pueblos indígenas garantizando un abordaje que respete la integralidad de sus derechos y propiciando a través de las áreas gubernamentales especializadas, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un diálogo intercultural, fundamental para un sector vulnerable como el de las comunidades indígenas.
