Por estas horas, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, se prepara para una sesión clave en la que se discutirá la crisis política y social en Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este jueves 23 para analizar un informe elaborado por Almagro en el que se afirma que el país caribeño atraviesa una grave alteración del orden constitucional.
El Secretario General acusa al gobierno chavista de obstaculizar la convocatoria antes de fin de año a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Almagro planteó la posibilidad de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática de la OEA, una alternativa que podría derivar en su expulsión del organismo. La propuesta generó un fuerte debate en el ámbito diplomático ya que varios estados miembros –entre ellos, la Argentina– consideran que por ahora no es conveniente apelar a un instrumento que consideran muy extremo.
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Por su parte, Caracas acusa a Almagro de haberse extralimitado respecto de sus funciones como Secretario y de operar contra Maduro. La semana pasada, durante el plenario de la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez presentó una moción para revisar y evaluar el desempeño de Almagro. Argentina y Brasil apoyaron la iniciativa, mientras que otros países como Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay la rechazaron.
El Secretario General considera que dicha moción es “superflua”, según le dijo a PERFIL en un cuestionario que respondió por escrito. Dijo que coincidió con la canciller argentina Susana Malcorra en la necesidad de “impulsar una agenda que facilite el diálogo para encontrar una salida constitucional como la del referéndum revocatorio” en Venezuela.
―¿Qué espera de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se celebrará este jueves 23 para tratar la crisis en Venezuela? ―El objetivo es que se aborden los temas que preocupan a los venezolanos y pasar a la instancia de las soluciones. En el informe de 132 páginas, detallé ocho recomendaciones muy concretas y específicas, algunas de las cuales son más imperativas que otras a la hora de resolver la crisis política en Venezuela, y la crisis social y humanitaria. Entre ellas están la necesidad de celebrar el referendo revocatorio en 2016, la liberación de los presos políticos y abrir canales de asistencia humanitaria internacionales para Venezuela. Desde que el 30 de mayo invoqué la Carta Democrática, se han convocado dos reuniones del Consejo Permanente para hablar de la situación en Venezuela. Eso ya es un avance, ya nadie oculta que existe un problema que debe ser resuelto. Pero es necesario hablar de los temas sustantivos, de los problemas que afectan a la democracia y los ciudadanos de Venezuela. No podemos mirar para otro lado cuando hay un problema, y en Venezuela lo hay.
―¿Mantiene la convicción de que invocar la Carta Democrática es una opción viable para buscar una salida al tema Venezuela? ―Por supuesto que es una opción viable. La Carta Democrática es un compromiso que todos los estados miembros, incluida Venezuela, firmaron voluntariamente, y ellos mismos decidieron que tuviera instancias para resolver problemas. Nosotros estamos utilizando el mecanismo del artículo 20, que faculta al Secretario General a pedir un Consejo Permanente extraordinario si aprecia una alteración grave del orden constitucional en un estado miembro. Ya detallé las razones por las que considero que existe esa alteración en mi informe, las reiteraré el jueves, y espero que haya un debate sustantivo entre los estados miembros. A partir de ahí, les corresponde a ellos decidir por mayoría simple cómo proceder.
―¿Qué opina de la reciente declaración de la Asamblea General que remite al Consejo Permanente la solicitud de Venezuela de revisar el “respeto a la institucionalidad y normativas de la organización” por parte de usted? ―Eso es incorrecto. Venezuela presentó un proyecto de resolución relativo a las funciones y competencias de la Secretaría General. Ese proyecto fue rechazado dos veces por los estados miembros, primero en la Comisión General y luego en el plenario de la Asamblea. Después, para que nadie quedase herido, pidió que la Asamblea remitiese el tema –no la resolución ni su contenido– al Consejo Permanente. Esto es superfluo, por cuanto los estados miembros ya pueden pedir que cualquier tema sea tratado en el Consejo Permanente, no hace falta una decisión de la Asamblea General. La votación fue favorable a eso, como no podía ser de otra manera, de lo contrario los países estarían votando contra sus propias normas. Es decir, lo que aprobó la Asamblea fue que Venezuela puede llevar al Consejo Permanente el tema. Está en su derecho, como los países estarán en su derecho de rechazarlo por tercera o cuarta vez.
―¿Cómo interpreta el apoyo de Argentina y Brasil a dicha iniciativa venezolana? ―Como señalé, votaron a favor de un derecho preexistente. Tenga en cuenta que esa misma noche Argentina y Brasil firmaron una declaración en la cual quince estados miembros han dado un paso adelante y han dicho inequívocamente que es necesario buscar una solución a la actual situación del país y que, entre otras cosas, apoyan la reunión del 23 de junio. Esa carta va mucho más en la línea de nuestro informe de 132 páginas que presentaremos ante el Consejo.
―¿Cómo fue su diálogo con Susana Malcorra sobre el tema Venezuela durante las reuniones de la semana pasada en Santo Domingo? ―Hablamos de varios temas, entre ellos Venezuela, y creo que concordamos en que es necesario impulsar una agenda que facilite el diálogo para encontrar una salida constitucional como la del referendo revocatorio, además del respeto a los Derechos Humanos en todas las áreas.
―¿Qué lectura hace del reciente acercamiento entre Delcy Rodríguez y su par estadounidense John Kerry? ―Lo leo como muy positivo, por supuesto. Esperamos que esta vez ese diálogo pueda fructificar en una relación más vigorosa entre los dos países, basada en los principios y valores fundamentales que obviamente comparten en el Sistema Interamericano. Esto refuerza nuestra postura, porque nosotros hemos invocado la Carta para que, entre todos, encontremos soluciones y ayudemos a Venezuela y los venezolanos.
―¿Cómo responde a las críticas del gobierno venezolano acerca de que usted actúa supuestamente guiado por los intereses de la oposición? ―Actúo de acuerdo a los principios reconocidos en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos que los estados miembros han firmado. Ese es el papel del Secretario General. El informe de 132 páginas es absolutamente fáctico, imparcial, y de hecho aún nadie ha refutado una coma de lo que allí digo, y ya hace más de tres semanas que lo presenté. Defiendo la separación de poderes, defiendo que no haya presos políticos, defiendo que se cumplan la constitución, defiendo que se luche contra la corrupción.
