“La procuradora Alejandra Gils Carbó debe ser removida por juicio político, aunque lo que hay que debatir es si por mayoría especial o simple”. Quien lo dice es un hombre que sabe lo que es haber ocupado la cabeza de una procuración y haber sido desplazado. Eduardo Sosa era el jefe de los fiscales de la provincia de Santa Cruz en los tiempos en que Néstor Kirchner gobernaba, y promovió una serie de investigaciones penales que complicaban al poder. Entre ellas, el derrotero de los más de US$ 1.200 millones que el gobierno santacruceño retiró del país sin controles. También sospechaba de créditos incobrables del Banco de Santa Cruz y del cobro de regalías petroleras. “Siempre había causas que tocaban intereses de funcionarios”, recuerda.
Por su cargo, Sosa gozaba del derecho a la inamovilidad. Pero en 1995 el gobierno de Kirchner modificó por ley la estructura del Poder Judicial y desdobló el cargo de procurador en dos: un agente fiscal ante el máximo tribunal santacruceño y un defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. A Sosa no lo nombraron en ningún cargo y quedó cesanteado. Su caso llegó a la Corte Suprema para obtener respuesta. No hubo un fallo judicial para reponerlo: hubo cuatro desde 1998 hasta 2011 emplazando a devolverle su cargo, pero nunca se cumplieron. En breve, el ex gobernador Daniel Peralta deberá enfrentar un juicio por desobediencia.
A Sosa trataron de convencerlo con una indemnización para desistir de los reclamos, y no acepó. Pero cuando vio que ya estaba perdido y que nunca volvería al Ministerio Publicó, hizo un juicio civil por daños. Todavía no le pagaron. “Tengo los bolsillos flacos, aunque tal vez lo cobren mis nietos”, comenta sabiendo los números en rojo de su provincia.
Ayer, cuando se cumplían ocho años de uno de los fallos de la Corte en su favor, habló con PERFIL sobre la situación de la procuradora Gils Carbó. Ya procesada por administración fraudulenta, la funcionaria había asemejado su caso con la figura de Sosa, pero el entonces procurador de Santa Cruz no encuentra el parecido. “No hay coincidencias entre mi caso y el de Gils Carbó. Son circunstancias muy distintas”, aseguró.
Para Sosa, “el fallo dictado ayer es un debate sobre la constitucionalidad de un artículo de la ley de 2015 que pone al procurador como un ministro de la Corte. A la procuradora no se la puede expulsar sin este proceso. No se la puede echar por decreto”. Sin embargo, entendió que sí podría darse el caso de proceder a un juicio político, sin necesidad de los dos tercios, con una mayoría ordinaria, un objetivo más alcanzable para el oficialismo. “Obviamente, es una opinión”, aclaró.
Sosa criticó la labor de la procuradora: “Gils Carbó ha demostrado parcialidad y fanatismo en su función, y eso solo ya sería causal de mal desempeño”. Subrayó que la procuradora “persiguió a los que investigaban” la gestión anterior y “protegió” a imputados ligados al kirchnerismo. Entre esos ejemplos aparecen el intento de desplazar al fiscal José María Campagnoli o el inicio de la investigación sobre la ruta del dinero K. “Es muy triste. Como triste me pareció la renuncia del procurador Esteban Righi cuando lo enfrentó Amado Boudou (en el caso Ciccone). Se desprestigió mucho con la postulación de Daniel Reposo. Y después vino una persona con capacidad técnica como Gils Carbó pero que tuvo un sesgo claro de falta de imparcialidad”, opinó.
