La singular Presidenta que supimos conseguir no puede quejarse de la Justicia. A modo de ejemplo, Oyarbide exime al matrimonio de toda responsabilidad respecto de un más que sospechoso crecimiento del patrimonio. El Fiscal, silencio de radio. Y caminan sus funcionarios y sus ex funcionarios –muchos emparentados públicamente con la corrupción- muy sueltos y por la calle.
Ni la Procuración General –tiempos de Righi, tiempos de la actual Gils Carbó- se dan por enterados de investigaciones sobre temas que avergüenzan desde la democracia. Pero nos habla ¡ella! de que es menester democratizar la Justicia. ¿Ella? Sí, la que siendo senadora en el año 2006 impulsó el dictado de la ley 26.080, apta para la conformación de un Consejo de la Magistratura donde ha venido pasando …de todo. Peor: ni como legisladora ni como Presidenta, ha querido derrotar la clandestinidad del trámite de los expedientes vinculados con el funcionariado público.
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Desde el Código Procesal Penal (1991: Menem más Arslanian) se consagró una norma (art. 204) que no permite al que se ha ocupado de hacer una denuncia sobre alguno de los infinitos casos de corrupción, de poder él –que ha puesto “la carrocería”- enterarse si el Juez y/o el Fiscal la hacen dormir; o la desechan sin investigar nada o se la cierra sin que el Fiscal apele.
Si democratizar quiere decir lo que la palabra dice, lo primero que debió hacer la autora de aquella ley fue no impulsarla; lo segundo, poner “el todo” para el libre acceso a expedientes que se vinculan, en definitiva, con la cosa pública: con la res-publicae; con la República. El pasado muy cercano debería llevarla a la prudencia. Pero quizás yo esté pidiendo peras al olmo.
Ricardo Monner Sans. Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.
