Ordenan excarcelar a cuatro colaboradores de la familia Kirchner

Cuatro colaboradores de la familia Kirchner, que estaban procesados con prisión preventiva en el marco de los cuadernos de las coimas, fueron excarcelados ayer por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. Se trata de Ricardo Barreiro, Raúl Copetti, y los ex secretarios Roberto Sosa y Julio Daniel Alvarez. Todos ellos habían sido procesados por el juez del caso, Claudio Bonadio, como miembros de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015 en torno a la obra pública.
La decisión de la Cámara, integrada por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, fue de dictarles la falta de mérito en orden a ese delito, algo que alcanzó también a Fabián Gutiérrez, ex secretario de CFK, quien estuvo detenido en el caso y poco después se transformó en uno de  los arrepentidos del expediente.
Sobre todos ellos pesaba la acusación de haber participado de los supuestos traslados de dinero ilegal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Santa Cruz, en lo que quedaron comprometidos por el testimonio de los pilotos Sergio “el potro” Velázquez, Alfredo Amaral, Luis María Cismondi, Domingo Zelaya, José Javier Videla y Claudio Sacchi, entre otros. Tras revisar sus situaciones, los camaristas consideraron que en el expediente aún no hay elementos que permitan incluirlos dentro de la asociación ilícita que, de acuerdo con la investigación de Bonadio, operó en el país durante los gobiernos kirchneristas. De la resolución se desprende que si había alguien encargado de transportar los bolsos con dinero, esa persona era Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner.
Por eso los camaristas dictaron la falta de mérito para los secretarios por el delito de asociación ilícita, al tiempo que procesaron a Alvarez y a Gutiérrez por encubrimiento agravado y a Copetti por tenencia de arma de guerra.
“Para el magistrado (Bonadio) ciertos secretarios serían los encargados de aguardar el arribo del vuelo presidencial para descargar los bolsos de la aeronave a fin de subirlos a los vehículos en los cuales llegarían a diversos domicilios de cada una de las ciudades. En El Calafate esa labor estaba en cabeza de Ricardo Barreiro. En Río Gallegos, la tarea era encomendada a Raúl Copetti, Roberto Sosa y Julio Alvarez”, sostuvieron los jueces. Y agregaron: “La presencia de los secretarios en momentos tan vitales del recorrido –la llegada del dinero a manos del entonces presidente, su posterior transporte, su último arribo a las residencias sureñas_ no puede reputarse inocua. (…) Su constante acompañamiento forjaba, hacia adentro, un círculo de elemental confianza para operar. Pero, más importante aún, generaba hacia afuera un halo de legalidad propicio para que el dinero pudiera ser conducido sin mayores sospechas”.
Al tiempo que agregaron que “Gutiérrez y Alvarez construyeron una idónea fachada que permitió que los autores del ilícito pudieran asegurarse el provecho de su maniobra”.