Cristina Fernández de Kirchner ejerció su defensa en el juicio donde se la investiga por el presunto redireccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones. La exmandataria abrió su exposición en la tercera y última jornada dispuesta por el tribunal oral número 2 para esta etapa.
Fue tras un cuarto intermedio donde su abogado Carlos Beraldi le cedió la palabra. En la apertura de su alocución, Cristina citó el artículo 104 del Código Procesal Penal que la faculta para intervenir en el debate: “Como soy acusada y al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato por mi carácter de profesional, además de acusada”.
En ese sentido, la exmandataria reiteró que le fue negado el derecho a ejercer su defensa oportunamente tras el alegato de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes pidieron 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sobre la exposición de los acusadores, Cristina reafirmó fue “improcedente y arbitraria sobre prueba que no había sido merituada”, haciendo referencia puntualmente a los mensajes del teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López.
“Esta declaración que voy a hacer ahora no es una graciosa concesión del tribunal sino porque así me asiste el Código de Procedimiento Penal” al tiempo que advirtió que, de no ser abogada, “estaría en un estado de indefensión frente al alegato del Ministerio Público”. Cristina celebró a sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, de quienes aseguró “desmontaron las mentiras que desarrollaron Mola y Luciani” y que además de eso, quedaron a la luz las arbitrariedades cometidas en el juicio.
Destacó el rol de sus defensores, de quienes dijo siguió las dos jornadas previas de alegatos y comparó como los juicios de las películas “donde se ven a jueces, fiscales y defensores en juicios buscando la verdad” al tiempo que se le vio con una importante pero muy ordenada cantidad de papeles en su escritorio del Senado de la Nación, de los que dijo es el trabajo de sus abogados volcado en pruebas, intervenciones, testimonios y exhibición de pruebas documentales y periciales, entre otros.
En ese marco, la titular del Senado solicitó formalmente al tribunal oral número 2 extraer testimonios de los fiscales Luciani y Mola en sus alegatos a fin de que sean investigados por presunto prevaricato. Para ello requirió que se contraste con toda prueba pericial y testimonial presentada por su defensa técnica a lo largo del juicio iniciado en mayo de 2019.
El alegato, que duró casi una hora y media, tuvo su marco teórico-legal claro y con escasos tecnicismos, Cristina criticó diversos aspectos contemplados en la causa que se hacen del derecho constitucional, administrativo y contencioso entre otros e incluso citó el ordenamiento jurídico bajo la doctrina de Hans Kelsen al remontarse a la cátedra “introducción al derecho”, a quien les recordó a jueces y fiscales haber cursado (incluyéndolos) antes de recibirse de abogados.
Seguidamente la vicepresidenta cuestionó férreamente a los fiscales, al tribunal e incluso la Cámara de Casación. Mencionó otras causas que la involucraron, tal fue el caso del de la presunta reunión con el juez Sebastian Casanello en la quinta de Olivos que terminó con dos personas enjuiciadas por falso testimonio.
Sobre el fiscal Diego Luciani, dijo que “intervenciones artísticas, grandilocuentes” mientras criticaba uno de los puntos desarrollados por el acusador como lo fue el “plan limpiar todo”, apartado que devino del análisis de mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López, donde se concluyo que la exmandataria dio el consentimiento del cierre del emporio de Lázaro Báez y la desvinculación de sus empleados. En esa sintonía desmintió una reunión con el empresario santacruceño en noviembre de 2015.
Tras aclarar lo anterior, Cristina se expidió sobre la imputación de los fiscales de la que dijo viola la Constitución y que es poco seria: “Un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, subrayó Fernández de Kirchner. Fue cuando pasó al segmento más político del alegato: “No podemos ser una asociación ilícita pues se discuten decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento”. Esto último le dio pie para concluir que el debate carece de andamiaje constitucional.
Luego de un cuarto intermedio de 30 minutos y tras sortear cuestiones técnicas de la transmisión, el penalista Carlos Beraldi formalizó el pedido de absolución de su defendida. Con el “se tiene presente” del tribunal, los jueces llamaron a un cuarto intermedio en el debate que se reanudará el próximo lunes con el alegato de Carlos Kirchner, primo político de la vicepresidenta y exfuncionario del Ministerio de Planificación.
El juicio continuará el próximo lunes con el alegato de la defensa de Carlos Kirchner, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner. Y el martes será el turno del alegato de la defensa oficial del exsecretario de Obras Públicas José López. Mientras tanto, el viernes de la semana que viene comenzará la de Báez.
