La Sala II de la Cámara Federal reabrió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi y removió del expediente a Norberto Oyarbide, quien había ordenado detener un allanamiento a pedido de la propia mano derecha de Carlos Zannini.
Además, el tribunal envió una copia de la denuncia al juez Luis Rodríguez, que investiga precisamente las irregularidades en el allanamiento a Propyme. Ahora el futuro de Zannini y Oyarbide está en manos de este magistrado cercano al poder, a cargo de varias denuncias de corrupción contra el kirchnerismo y con acusaciones de irregularidades.
El año pasado, el titular del juzgado federal número 9 estuvo al frente de la causa del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusado por otra exsecretaria, Myriam Quiroga, de llevar "bolsos con dinero" al despacho presidencial. Finalmente la causa quedó en la nada: los testigos citados por la propia Quiroga terminaron reconociendo que su despacho estaba a 70 metros y que la mujer en realidad sólo buscaba promocionarse.
Por la misma época, Rodríguez se vio involucrado en otro expediente que tocaba a los Kirchner: salió sorteado para investigar a Ricardo Barreiro, el exjardinero de Néstor y Cristina que se había transformado en un empresario millonario y funcionario, acusado de "incompatibilidad de funciones" por prestar servicios al Estado. El juez entendió que el presunto delito debía ser investigado en la jurisdicción donde habría ocurrido, se declaró incompetente y giró la causa a la justicia federal de Río Gallegos.
El magistrado también maneja el expediente contra el vicepresidente Amado Boudou, acusado de usar helicópteros de una constructora privada en un acto de campaña, como reveló Perfil.com. Rodríguez había sobreseído al funcionario, pero la Sala II de la Cámara Federal lo revocó y ordenó seguir investigando.
Desginación polémica. Tras 18 años como juez de instrucción, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner postuló a Rodríguez para cubrir el juzgado federal 9, que antes ocupaba el destituído Juan José Galeano. Fue el candidato más resistido por el Senado: tuvo 39 votos a favor y 18 en contra.
Es que el juez acumulaba una larga lista de cuestionamientos e impugnaciones: Había sospechas de que había "hecho trampa" y contaba de antemano con las respuestas del examen que le tomó el Consejo de la Magistratura. Además su mujer, Silvia Arcos, era prosecretaria letrada del organismo, con sospechas de arreglo de concursos. Y el padrino de su hija es Javier Fernández, auditor de la Nación señalado como operador del kirchnerismo en la Justicia. Ninguna de las acusaciones se pudo comprobar y el 3 de octubre de 2012 el Senado aprobó su pliego.
Incluso el CELS repudió su nombramiento: "Ha demostrado poco interés en realizar una investigación diligente en la causa del intento de soborno para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra y no reconoció legitimación para ser querellante a la madre de Mariano", cuestionó el organismo en un comunicado. Además, calificaron de "preocupante" la "afición del juez Rodríguez por la colección de objetos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos representativos de la ideología nazi".
"No soy coleccionista de objetos nazis, en cambio tengo algunas órdenes, condecoraciones, medallas y distintivos de guerra pero todos británicos y relacionados a las guerras mundiales", respondió Rodríguez al Diario Perfil. "Tengo medallas de soldados argentinos. La historia no puede borrarse con el dedo pero fui soldado dos años cuando mantuvimos el problema del Beagle. Si hubiera podido ir a Malvinas, hubiera ido. Soy nacionalista con C, amo mi país y soy hijo de gente laburante", remató