La Argentina vivió hace 34 años uno de los días de mayor tensión institucional desde el retorno de la Democracia. Los días 23 y 24 de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 del Ejército. Esa acción, conocida como el copamiento de La Tablada, fue duramente reprimida por el aparato estatal que terminó con cuatro desaparecidos de los cuales no se sabe nada y el Estado sigue sin dar una respuesta.
A las 6 de la mañana de aquel 23 de enero, un camión de gaseosas entró por el portón del Regimiento junto a otros vehículos con 46 personas armadas. El grupo, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, justificó la acción en un inminente golpe de Estado que los militares habrían estado preparado para afectar al Gobierno de Raúl Alfonsín.
En tanto, según el escritor Pablo Waisberg, coautor de "La Tablada, vencer o morir", querían movilizar a las masas a Plaza de Mayo, exigir políticas de fondo, políticas económicas y desarticular el esquema de concesiones de Alfonsín a los carapintadas.
De entrada, el Ejército respondió los ataques con armas e incluso tanques de guerra, con lo cual se emprendió un combate que dejó como saldo 41 personas muertas, de las cuales 32 eran militantes del MTP, siete militares y dos efectivos de la Policía bonaerense.
Cuando terminó el combate, los miembros del Movimiento que había copado el cuartel se rindieron y se entregaron a los militares. Ese fue el comienzo de una serie de gravísimas torturas y vejaciones consideradas como delitos de Lesa Humanidad, con cuatro militantes capturados con vida y posteriormente desaparecidos. Son José Díaz, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y Francisco Provenzano, sobre quienes aún hoy el Estado sigue sin dar respuestas acerca de su paradero.
Impactantes imágenes al cumplirse 30 años del copamiento al cuartel de La Tablada
Poner en agenda el enfoque de las violaciones a los Derechos Humanos que cometió el Estado en aquel episodio fue una lucha que unió a los sobrevivientes del copamiento y a las familias de los fallecidos. Eso frente a una respuesta institucional que buscó instalar una versión encubridora de los brutales crímenes cometidos por integrantes del Ejército y que se extiende hasta la actualidad.
Los juicios y su rol frente a la narrativa estatal
Para fortalecer el relato del Estado, Alfonsín ordenó la realización de un juicio sumarísimo que se llevó a cabo el mismo año del copamiento.
En un discurso que dio por televisión el ex presidente el día de la rendición quedó graficado el concepto general de la versión que el Estado se encargó de sostener hasta estos días. "Sentimos estupor e indignación frente a la sanguinaria y cruel acción de estos personeros de la muerte. Pero al mismo tiempo experimentamos el orgullo de ver a los hombres del Ejército que han dado prueba fehaciente de su valentía, su inquebrantable decisión de defender nuestra independencia y resguardar la sobreranpía popular", decía Alfonsín.
Esa idea se plasmó en la realización del juicio sumarísimo que llevó a cabo la Cámara Federal de San Martín, que terminó con 20 sobrevivientes del copamiento condenados con penas desde los 10 años hasta la prisión perpetua.
El proceso se ejecutó con una serie de características a todas luces irregulares y por fuera del debido proceso: la Ley de Defensa de la Democracia les quitó la posibilidad de apelar, fueron juzgados de manera exprés y sólo se permitió la versión militar, sin posibilidad de dar testimonio acerca de las torturas recibidas por los militares post rendición.
Pero con el paso de los años una causa por la desaparición de José Díaz llegó a juicio. El 12 de abril de 2019 tuvo sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex general de Brigada Alfredo Arrillaga, que estuvo a cargo de la recuperación del cuartel. En esa causa también era investigado el mayor Eduardo Varando, que murió poco antes del inicio del juicio.
"En la recuperación de La Tablada se cometieron los mismos delitos que en la dictadura"
Para los sobrevivientes y familiares de los militantes del MTP fue una reparación, una respuesta favorable del Estado después de años de ocultamiento. El juicio arrancó el 10 de diciembre del 2018 con la lectura de cargos, la indagatoria del acusado y los testimonios de un sobreviviente y un ex conscripto. Los portales La Retaguardia y Revoluciones arrancaron hoy a las 10 de la mañana a emitirlos en vivo a través de este enlace.
Las dudas que quedan: hablan sobrevivientes y familiares
"Hay un antes y un después de lo que significó el juicio, en cómo llegamos a los aniversarios de Tablada y de cómo se ve Tablada hacia afuera. El juicio como un hito, pero parte de un proceso más amplio de poder empezar a instalar que en Tablada hubieron violaciones a los derechos humanos. Y eso nos para diferente también, es llegar a cada 23 siempre con la reivindicación de los compañeros y las compañeras caídos ahí, y también con la legitimidad de una denuncia que se va transformando en una confirmación a través de la justicia", sostiene Irene Provenzano, hija de Francisco Provenzano, desaparecido.
Provenzano dio una entrevista a La Retaguardia junto, entre otros, al sobreviviente Joaquín Ramos. Este coincide en el sentido de reparación que les dio el juicio de 2019.
"El juicio por (José) “Maradona” Diaz fue muy reparador para todos nosotros, incluso para todos los compañeros que quedamos, que pasamos la cárcel juntos, que la mantuvimos ahí como una trinchera de lucha. No ir ahí como acusados sino como testigos y que se nos escuchara, fue muy reparador", afirmó.
El día que el ERP intentó copar el Regimiento de Azul
Ramos vinculó el tratamiento que les dio la Justicia con el fenómeno del lawfare, denunciado por Cristina Kirchner y parte del oficialismo actual. "Es como muy difícil cuando vos enfrentas a la Justicia y la Justicia te dice 'no, porque no'. Es como el Estado rechazando todo lo que vos haces, todo lo que vos pedís, cosas que son evidentes, y fingiendo demencia ante el otro", dijo.
Para Aurora Sánchez Nadal todavía no se hizo el juicio por los desaparecidos de La Tablada, porque todavía faltan tres. Para la mamá de Iván Ruiz, desaparecido, y la hermana de Roberto Sánchez, uno de los militantes muertos en combate, "se hizo un juicio, para mi es muy importante".
En esa línea, valoró que en ese proceso "reconocieron que Diaz e Iván no habían asesinado a nadie, eso nos dio tranquilidad a todos. Y que por fin se podía hablar, como dijo Joaquín, que ya no era el juicio a nosotros, sino que era el juicio a ellos. Fue increíble ver a todos los familiares ahí, yo digo que si se abre otro juicio, yo quiero ir, no sé cómo, pero voy a ir".
Un nuevo juicio por los tres desaparecidos es una de las deudas del Estado. Dar respuestas, la obligación.
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