El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Presupuesto para 2023 que prevé un crecimiento de la economía de solo el 2%, una inflación del 60%, y la realización de obras de infraestructura, sobre todo, focalizadas en el Gran Buenos Aires.
La iniciativa está atravesada por la necesidad de cumplir con el acuerdo celebrado en marzo –hace apenas seis meses– con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la demanda de los gobernadores, para tener “un plan platita”, como lo bautizó el ahora diputado Daniel Gollán.
Es que a partir de las exigencias del Fondo, Massa y su equipo tiene que reducir el déficit fiscal primario de 2,5% del PBI con el que terminaría este año, a 1,9% en 2023.
Para llegar a ese resultado bajarán los subsidios, al tiempo que buscan terminar con beneficios fiscales en empresas radicadas en algunas provincias y sectores de la sociedad.
Por el lado de los subsidios se reducirá en 0,6 del PBI los destinados a la energía, que quedarán en 1,6%, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.
También bajará en 0,1% del PBI el subsidio al transporte que quedará en 0,4% para los colectivos interjurisdiccionales. La tarifa de transporte de cada provincia lo tendrá que disponer cada gobernador.
La novedad es que este proyecto de Ley de Presupuesto irá con un anexo planteándole al Congreso eliminar algunos beneficios impositivos que implican 2,4 del PBI.
Entre ellos, están la excepción del pago del Impuesto a las Ganancias de los jueces, beneficios que tienen directores de empresas, los impuestos internos de Tierra del Fuego.
Todo esto va en línea con lo planteado con el FMI sobre varias compañías que tienen beneficios impositivos que no se discuten sus costos en el Congreso.
La iniciativa mantiene el nivel de obra pública en torno al 0,3% del PBI, sin “mucho aire” en un año electoral.
Esta caída se vería compensada por el aumento en el saldo de balanza comercial, que llegaría a los US$ 12.300 millones contra los US$ 7.750 millones de este año.
El titular del Economía se reunió con CFK tras su visita a los Estados Unidos
Para el año próximo se prevé “mantener actualizado el tipo de cambio”: se espera que hacia diciembre próximo el dólar oficial se ubique en $ 166,50 por dólar y que pase a valer $ 269,90 hacia fines del año que viene.
En este marco, todo apunta a que el crecimiento de la economía será de apenas el 2%, un “efecto arrastre” que dejará el 4% con el que cerrará este año.
Como contrapartida, la expectativa de inflación es del 60%. Si bien el proyecto reconoce que la inflación de este año será del 95%, la proyección sigue siendo alta, y muy por debajo del 84% que estiman los privados para todo el 2023.
Sin embargo, una inflación del 60% en medio de un fuerte ajuste monetario y fiscal estaría dando una tasa del 3% para agosto, cuando se realicen las PASO.
Advertencia de gobernadores. Massa regresó el martes de su gira por Washington y Houston, donde buscó atraer inversiones en energía y mantener el acuerdo con el FMI, y se entrevistó con el presidente Alberto Fernández para hacerle un resumen de lo obtenido, y adelantarle los lineamientos del Presupuesto.
Un día más tarde, el miércoles, lo recibió en su despacho en el Senado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Antes que se conocieran los números “duros” del proyecto de Presupuesto, un grupo de gobernadores salió a “marcarle la cancha” a Massa.
Fue el chaqueño, Jorge Capitanich, quien ofició de vocero de las exigencias de sus pares al afirmar que “la Liga de Gobernadores y Gobernadoras de las provincias argentinas sostenemos la necesidad de contar con el consenso necesario a los efectos de propiciar la sanción de la ley del presupuesto 2023”.
Más allá de las formalidades, pidieron “un tratamiento equitativo de los subsidios en el transporte público de pasajeros”, entre las provincias y la región comprendida por Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Además, los gobernadores “solicitaron” el “sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas”, en tiempos electorales.
Pero también, le reclamaron “garantizar un tratamiento diferencial del subsidio energético teniendo en cuenta la segmentación por el consumo de energía/mes en base a la temperatura promedio de las provincias”.
Incluso, fueron “más allá” al proponer, lisa y llanamente, “Redistribuir los recursos no imprescindibles –financiamiento de gastos electorales– a los efectos de promover más transferencias directas (a las provincias) para el desarrollo productivo y social”.
