Vea la casona y el campo que Palacios habría comprado

Los antropólogos sostienen que todo mito es un relato en parte fantástico y en parte verídico, surgido de las vivencias comunes a un grupo de personas. En el caso de los habitantes de Henderson, una localidad agropecuaria al oeste de la provincia de Buenos Aires, en los últimos cinco meses comparten un mito propio de los tiempos que corren. Dicen que un sindicalista muy poderoso compró San Ignacio, una de las estancias más famosas de la zona.
Y explican que, “obviamente, no puso las tierras a su nombre”. Muchos repiten que se trataría nada menos que de Hugo Moyano, el jefe de los camioneros, que se habría convertido en estanciero a pesar de sus permanentes críticas a la clase terrateniente.

Lo fantástico de este relato es que nadie en Henderson vio a Moyano. Lo real es que la venta de la estancia sí conduce, por un juego de espejos y sociedades anónimas, a otro hombre que pisa fuerte en la CGT, el colectivero Juan Manuel Palacios, mano derecha de Hugo. Una operación millonaria que involucra al hijo del titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a varias personas vinculadas a su gremio.
La estancia San Ignacio se encuentra al sur de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, a unos 450 kilómetros de la Capital Federal. Son 380 hectáreas (70 de ellas de monte) de reconocida excelencia agropecuaria, ideales tanto para el cultivo como para la ganadería. Pero no sólo eso vuelve especial a San Ignacio: por su valor histórico y arquitectónico, es una de las estancias más reconocidas. Tan grande fue el valor forestal de su parque, que estuvo entre los más importantes de la Argentina. Hoy, aunque la falta de cuidados mermó en parte la coquetería de sus chalets levantados a principios del siglo XX, éstos aún conservan su distinción original.

Por décadas, San Ignacio fue propiedad de los Naón Pirovano, una familia tradicional de Henderson, pero con el paso del tiempo, de lo que fueron 40 mil hectáreas, sólo el casco quedó en su poder. Así fue hasta octubre de 2005, cuando pasó a manos de Calema SA, una empresa que fue creada en 1992 para la cría de ganado bovino y el cultivo de cereales. Por la cotización del suelo en Henderson, donde la hectárea vale de 3.000 a 4.000 dólares, la firma habría pagado no menos de 1.140.000 dólares por la transacción. Desde ese momento empezaron los rumores.
La telaraña. “Todos creen que es de Moyano, pero nunca se lo vio por acá”, cuenta Sebastián García, titular de la Sociedad Rural local. No resulta nada raro: todas las huellas dejadas en la compra de San Ignacio no conducen al jefe de la CGT, sino a su mano derecha, Juan Manuel Palacios (ver recuadro).
Según el registro de catastro de la Municipalidad de Henderson, la estancia tiene nuevos dueños desde, por lo menos, octubre pasado. “En nuestros registros, la empresa que figura, la que paga los impuestos, es Calema”, confirmó Eduardo Posse, agrimensor del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Henderson.

El primer nexo concreto entre Palacios y la estancia está en la operación de compra. ¿Quién fue la escribana que intervino en la transacción? Una notaria llamada Haydeé Raquel Barcan, la misma que certificó los dos últimos Congresos Generales Ordinarios de los Delegados de la UTA.
Pero los vínculos decisivos se ubican en las autoridades de Calema. Como es obligatorio para todas las sociedades anónimas, los nombres de los directivos aparecen publicados en el Boletín Oficial. Hasta agosto de 2003, el presidente de la compañía era Roberto Carlos Fernández: nada menos que el secretario adjunto de la UTA. Calema asegura que Fernández sigue siendo accionista (ver recuadro).
Las casualidades continúan con el presidente actual. Se llama Osvaldo Roberto Rigamonti y, curiosamente, también está ligado al transporte. En los registros impositivos, su actividad principal es la de “servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises”. Y su domicilio fiscal es el mismo que hace figurar en los papeles una cooperativa llamada Transporte Unido Limitada: Juan B. Alberdi 567.

PERFIL se acercó hasta esa dirección para intentar hablar con el presidente de Calema, pero sólo había un departamento alquilado por él. Horas después, la redacción recibió un llamado telefónico de un hombre que decía llamarse Osvaldo Rigamonti, interesado en saber por qué se lo buscaba. Rigamonti explicó que la Cooperativa se había trasladado a otro lugar: Venezuela 2742, el mismo edificio en donde aseguraron a este diario que allí se encargaban de llevarle las cuentas a Calema.
PERFIL también se acercó hasta la dirección fiscal declarada por Calema, en un edificio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Montevideo 536. En el departamento “J” del décimo piso funciona una oficina de Calema. A menos de dos cuadras se encuentra Lavalle 1634, otro domicilio declarado por las autoridades de Calema. Pero allí informaron el traslado a la sede de la calle Venezuela.

Los lazos entre el jefe de la UTA y la estancia de Henderson también aparecen en los aportes realizados a la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá de 2003. Tanto Moyano como Palacios habían manifestado su apoyo público a la candidatura del puntano. En el listado de colaboradores aparece Calema SA (3.500 pesos), seguida por el propio Juan Manuel Palacios, Roberto Carlos Fernández y Osvaldo Rigamonti.
El círculo de indicios se completa con las demás autoridades de Calema. Uno de ellos, nada menos que el hijo del líder gremial: Gabriel Adrián Palacios, un joven de 32 años que vive en un departamento de Recoleta. PERFIL intentó comunicarse por teléfono y también traslandándose al lugar, pero no obtuvo respuesta.

Otras conexiones. Manuel Villanueva trabajó por siete años en San Ignacio y fue peón de los Naón hasta que las tierras pasaron a Calema. Después, él y otros trabajadores tuvieron que buscar nuevos empleos. Hoy, Manuel cumple tareas en otra estancia de la zona y también escuchó los rumores sobre Hugo Moyano. Pero él es uno de los pocos que saben otros nombres. “No conozco nada de lo de Moyano, porque yo sé que es de Palacios. Por lo menos, el que iba a ver la estancia era Palacios, Gabriel Palacios, un muchacho de unos 30 años. Era él el que venía a ver el campo, no Moyano”, aseguró.
Desde diciembre de 1995 y hasta el mes que acaba de terminar, Gabriel Palacios viene recibiendo aportes de la seguridad social por parte de la Clínica Privada Dr. J.J. Vaccarini, de La Plata, una empresa que tiene 23 embargos por un monto total de 580 mil pesos, a causa de los impuestos que adeuda en Rentas de la Provincia de Buenos Aires.

Como si fuera poco, en agosto de 2002, la clínica Vaccarini publicó una participación fúnebre en el diario El Día, por “el fallecimiento del Sr. padre del secretario adjunto de la UTA Seccional La Plata”.
La tercer integrante del directorio de Calema SA es una mujer de 52 años, llamada Alicia Noemí Marchetti. Otro dato clave es que tanto ella como Gabriel Palacios declaran que su domicilio fiscal está ubicado en la Calle 56, número 726, en la ciudad de La Plata: el mismo que tiene el propio Juan Manuel Palacios.
En medio de rumores gastados de tanto repetirlos, la gente de Henderson aguarda con ansias conocer el verdadero rostro de sus nuevos vecinos en la estancia más famosa del lugar. Una tarea que puede resultar más difícil de lo que parece.