Obligación alimentaria: solo el 10% de las familias bonaerenses puede cubrir las necesidades de sus hijos
Un informe reciente expuso que cerca del 70% de las mujeres encuestadas en la provincia de Buenos Aires no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos.
Derechos. La falta de educación, descanso, salud y juego afectan el desarrollo integral del menor. |
cedoc
Un estudio reveló un porcentaje elevado de violencia económica que padecen las familias bonaerenses: alrededor del 70% de las mujeres encuestadas no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe esporádicamente.
Así se desprende de los resultados del informe "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género" que realizó el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
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El sondeo en cuestión se basa en una encuesta respondida por 6442 personas de los 125 municipios y más de 50 entrevistas. Se trata del primer diagnóstico sobre el incumplimiento de las obligaciones parentales en la provincia de Buenos Aires, que sacó a la luz que el 51,2% de las encuestadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos.
Tras analizar el grupo de encuestadas que indican que el padre aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), solo un 24,9% asegura que este lo realiza de manera regular, mientras un 15,3% cumple de modo irregular.
De este modo, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.
Apenas el 7,9% de las mujeres indicó que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
A la luz de los resultados expuestos, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, se refirió a "la vulneración del derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores".
Por otra parte, llamó la atención sobre "el impacto que la falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado, a las que principalmente las mujeres suelen hacer frente, en muchísimos casos, desde hogares monomarentales".
Solo el 10% de las encuestadas consideró que cuenta con recursos suficientes para afrontar todos los gastos y necesidades de las y los hijos, en los casos en que el padre cumple con sus obligaciones en dinero.
Las mujeres que no reciben el aporte del padre, se ven obligadas a compensar el desbalance con mayor carga horaria en el trabajo y en muchos casos se endeudan. En efecto, el 44% depende de dinero prestado, ya sea de familiares o de instituciones financieras, para completar sus ingresos mensuales.
De lo anterior se desprende que el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedorasa la condición de deudoras, lo cual afecta la posibilidad de ejercer una vida autónoma, consignó el documento oficial.
Para abarcar la problemática en toda su dimensión, se detalló que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo incluye las necesidades materiales cotidianas de alimentación, vestimenta o salud de los hijos, sino que supone también el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza por parte de los progenitores.
División estereotipada de responsabilidades
A partir del estudio se vislumbró que la ausencia de los progenitores varones en las responsabilidades de cuidado atraviesa a todos los sectores sociales.
Sin embargo, la asimetría "impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares, produciendo efectos negativos en las condiciones de vida y la salud de las mujeres", observó la ministra.
En ese sentido, se comprobó que la responsabilidad del cuidado suele recaer en familiares y amistades (35%) y, en segundo lugar, en la madre (23%).
El análisis demuestra que las hijas e hijos mayores también se responsabilizan por sus hermanas y hermanos menores.
Por consiguiente, es frecuente que en las familias exista una división estereotipada de tareas: los padres se ocupan más de las actividades vinculadas con ocio, eventos o distracciones los fines de semana, mientras que las tareas de cuidado (actividades escolares, control médico, alimentación, higiene) pertenecen a la esfera de las mujeres.
De este modo, el estudio concluye que el cumplimiento o no de la obligación alimentaria se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio.
Una transformación cultural pendiente
Con respecto a la posibilidad de plantear la problemática ante la Justicia, casi la mitad de las encuestadas (45,9%) advirtió que desconoce el marco normativo que garantiza sus derechos y el de la niñez.
Una inmensa mayoría representada por el 65% reconoció que tampoco tiene conocimiento de los centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia donde pueden recibir asesoramiento.
"La mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores y operadores de justicia, entre otros, no consideran que el pago de la obligación alimentaria sea un derecho de las infancias y una medida en contra de la violencia económica", expuso en Informe.
Dentro de los casos donde existe un acuerdo alimentario, el 56,5% de las encuestadas reconoció que no existe un mecanismo de actualización que permita acompañar el encarecimiento del costo de vida.
Las mamás "comprometen el 100% de su tiempo y dinero en el cuidado y necesidades de hijas e hijos, y en líneas generales perciben salarios inferiores a los de los varones. Por esta razón, tarifar puede ser riesgoso porque se pierden de vista las particularidades y se simplifica, sin tener en cuenta las necesidades de cada niña, niño o adolescente", describió el estudio.
Al término del documento se enumeran una serie de recomendaciones sobre el incumplimiento de la obligación alimentación "y también promueve la revisión de prácticas sociales y comunicacionales. Esperamos, además, que aporte en el sentido de las transformaciones culturales pendientes", remarco la ministra Diaz.
