Un juez federal detuvo el último intento del gobierno de Trump de sellar la frontera sur de Estados Unidos impidiendo que los migrantes busquen asilo en el país.
El juez de distrito Jon Tigar aprobó la solicitud de una orden de restricción temporal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que impida que el gobierno restrinja las solicitudes de asilo a las presentadas en los puertos de entrada oficiales. Es probable que la orden del juez sea apelada.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en una corte federal de San Francisco el 19 de noviembre que la política no pretende impedir que los migrantes pidan asilo, sino limitar su acceso a puertos específicos de entrada a lo largo de la frontera. La espera para las entrevistas con los oficiales de asilo de EE.UU. puede durar hasta dos meses, y actualmente hay cerca de 3.000 personas en la fila, informó el 18 de noviembre el New York Times.
La ACLU argumentó que el anuncio del presidente Donald Trump violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que especifica que cualquier persona dentro de EE.UU. puede solicitar asilo, si lo solicita dentro del año posterior a su ingreso al país. La demanda también sostiene que la mayoría de los solicitantes carecen del conocimiento necesario para ubicar un punto de entrada oficial, o están en riesgo de "retrasos que amenazan la vida" en los puntos de entrada oficiales.
"La administración está tratando de anular lo que el Congreso ha hecho", argumentó Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que representa a los demandantes. “Contrariamente a lo que se dice, no todos lo que vienen aquí son delincuentes o miembros de un cártel, son familias. Esta es una verdadera crisis humanitaria".
Tigar dijo que el presidente se excedió al emitir la directiva.
"Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente", escribió Tigar en el fallo de 37 páginas.
El juez dijo que la norma de la administración sugiere que el presidente tiene el poder de hacer proclamaciones más agresivas en el futuro, incluidos edictos que podrían amenazar a todo el programa de asilo de EE.UU.
"La norma en sí le da al presidente la capacidad de emitir proclamaciones aún más restrictivas" más tarde, dijo Tigar. "La norma le otorga al presidente la autoridad plenaria para detener completamente las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera sur".
El Departamento de Justicia insinuó planes de apelar la decisión, en una declaración escrita de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Katie Waldman, y del portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford. Llamaron "absurda" la afirmación de la ACLU y expresaron su frustración por la decisión del juez de "impedir que todo el gobierno federal actúe para que los extranjeros ilegales puedan recibir un beneficio del gobierno al que no tienen derecho".
"Nuestro sistema de asilo no funciona" y está siendo abusado cada año por decenas de miles de solicitudes que no tienen mérito", dijeron. "Como afirmó la Corte Suprema este verano, el Congreso le ha dado al presidente una amplia autoridad para limitar o incluso detener la entrada de extranjeros a este país", refiriéndose a la decisión del tribunal superior que ratificó la prohibición de viaje que impuso Trump a personas de varios países, en su mayoría musulmanes.
