El argentino Ignacio Jovtis llegó a Venezuela un día después que Leopoldo López fuera enviado a su casa. El abogado nacido en Mar del Plata, responsable del área de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España, colaboró con el equipo local de la ONG en la documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, se entrevistó con familiares de detenidos y dialogó con la hermana del líder opositor. —¿Qué fue lo que más le sorprendió en Venezuela? —Me impresionó cómo la gente naturaliza situaciones límite para sobrevivir. Van al trabajo pero no saben cuándo vuelven porque hay un “trancazo” –piquete–, están todo el tiempo mirando Twitter para decidir qué ruta van a tomar y evitar lugares peligrosos, etcétera. —¿Qué harán con los testimonios que tomaron en el terreno? —Divulgamos informes sobre detenciones arbitrarias por motivos políticos. Denunciamos una política premeditada para neutralizar de forma violenta cualquier disidencia contra las acciones del gobierno e hicimos un llamado a otros Estados para que apliquen la jurisdicción universal. Como es difícil tener justicia dentro de Venezuela, pedimos que otros países investiguen. Y también advertimos sobre la posibilidad de que intervenga la Corte Penal Internacional. —Siguiendo el principio de justicia universal, ¿puede un venezolano presentarse ante un juzgado argentino y demandar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos del chavismo por violaciones a los derechos humanos, como sucedió con la causa del franquismo? —La justicia universal está reconocida por más del 84% de los Estados del mundo. Sin embargo, hay poca aplicación de esa justicia. Argentina la ha aplicado, tiene antecedentes de jurisprudencia que admiten casos como el que me planteas. Si Argentina aceptó tener jurisdicción para investigar crímenes sucedidos hace ochenta años en España, que a nuestro criterio pertenecen a la misma categoría que los cometidos hoy en Venezuela, es decir, son crímenes de lesa humanidad, ¿por qué no podría hacerlo ahora? Cualquier venezolano de Caracas o Táchira podría presentarse ante un juzgado argentino. Argentina podría ser un posible país para plantear una demanda desde la perspectiva de la jurisdicción universal. —El Ministerio Público venezolano imputó a funcionarios de las fuerzas de seguridad. ¿Esas medidas bloquean la aplicación de la jurisdicción universal, ya que Venezuela estaría presuntamente persiguiendo esos crímenes? —Creemos que no. La jurisdicción universal es concurrente, no preferente. Lo que no se puede es juzgar a la misma persona por el mismo delito.
