Tras 30 meses de dilaciones para llegar a un acuerdo en el caso Correo Argentino SA, los tiempos prometen extenderse, nuevamente. El Ejecutivo busca ahora que la Justicia le otorgue otros 120 días para seguir evaluando la última oferta presentada por la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri para pagar su deuda con el Estado. Así consta en el último escrito presentado por la Procuración del Tesoro en el expediente.
PERFIL contó en su edición del sábado cómo durante el último mes, coincidieron pedidos de la empresa Correo con resoluciones judiciales, de la Magistratura y del Ejecutivo que intentarían reducir el monto que la compañía tiene que pagarle al Estado para cerrar el acuerdo. Una sincronización de poderes en el caso que más preocupa al Presidente.
La Cámara Comercial dio solo tiempo hasta fines de agosto para que el Gobierno tome una decisión: si acepta o no la última oferta de Correo.
La compañía de los Macri debe al Estado alrededor de 300 millones de pesos o dólares (sin intereses). Los funcionarios de Macri y Correo acordaron en junio de 2016 una quita de la deuda del 98,87%. En billetes, significaba $ 4.200 millones (a 2017). Esa cifra se aproxima a lo que Correo le debería actualmente al Estado, de acuerdo a fuentes del tribunal.
La empresa planteó en su última propuesta que pagará al Estado en la medida en la que el Estado le abone sus reclamos por supuestos daños y perjuicios provocados por la estatización.
Correo: maniobras contrarreloj para beneficiar a la familia Macri
El abogado de Correo dijo a PERFIL que estiman que el Estado le debería a la empresa unos 2.300 millones de pesos más intereses millonarios. En la Cámara Comercial estiman que ese cálculo rondaría los $ 4 mil millones. Eso equipararía las deudas.
Si el Ejecutivo logra o no una prórroga, dependerá de la Cámara Comercial y eventualmente de la Corte Suprema. Mientras tanto, obtenga o no esa extensión de plazos, habrá ganado algo de tiempo. ¿Por qué necesita tiempo? Porque la Justicia en lo contencioso administrativa aún debe decidir si el Estado está en deuda con Correo por la estatización y a cuánto alcanza esa deuda.
El pedido en nombre del Gobierno lo hizo el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En el caso también comenzó a interceder otro funcionario: el secretario de Trabajo, Alvaro Lucas Fernández Aparicio.
En junio, la vicepresidenta Gabriela Michetti lo nombró “autoridad política” (así se describe en los documentos oficiales que constan en el expediente) para la toma de decisiones en la negociación con la empresa de la familia presidencial.
Otro tema. En el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces, también se dieron avances en el caso. Días antes de las PASO, el 8 de agosto, la comisión de selección oficializó la terna de jueces para integrar la Sala B de la Cámara Comercial. Es la instancia judicial en la que se definirá cuánto dinero y en qué términos deberá pagar la empresa al Estado.
El consejo ya tiene la terna para cubrir una vacante en la Sala B de la Cámara Comercial
La Cámara Federal está dividida en varias salas. Cada sala debería estar integrada por tres jueces o juezas. La Sala B, que interviene en el caso Correo, está actualmente integrada por solo dos magistradas, Matilde Ballerini y María Díaz Cordero. Tiene una vacante. El juez que ocupe ese cargo será clave para un eventual desempate.
Si el plenario del Consejo da el visto bueno a esta terna, los seleccionados para esta sala, luego de rendir concurso, serán tres jueces de primera instancia del fuero Comercial: Javier Cosentino; Sebastián Ignacio Sánchez Cannavó; y Fernando Gabriel D’Alessandro.
Cosentino tuvo numerosas causas de alto voltaje político, pero la más resonante, entre las últimas, fue la de la quiebra de las empresas de Cristóbal López. D’Alessandro intervino en otros expedientes que llegaron a los medios, como la disputa entre el sindicato de Camioneros y Macri por el Club Comunicaciones. Sánchez Cannavó tiene una conexión con el caso Correo: su esposa trabajó en la fiscalía general de Gabriela Boquín y luego de que la fiscal frenara el acuerdo entre Correo y el Gobierno, presentó una queja contra su jefa en la Procuración General de la Nación que le valió a Boquín un sumario administrativo que aún está en trámite. Así lo confirmaron fuentes de la Procuración.
Las distintas fuerzas políticas que integran el Consejo (oficialismo, peronismo y kirchnerismo) coincidieron en que los números en el Senado tampoco eran demasiado favorables para el Gobierno antes de las PASO. La Cámara alta tiene la última palabra en la selección de jueces. Tras la derrota del domingo el panorama para Macri, sostienen, es todavía más negativo. No llegaría a nombrar al futuro integrante de la Sala B de la Cámara Comercial que definirá el caso Correo.
