El director financiero de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan José Gallea; el empresario Matías Garfunkel y el agente Antonio "Jaime" Stiuso, entre otros, fueron denunciados hoy penalmente por el legislador porteño Gustavo Vera, por supuestas maniobras de lavado de dinero público.
El dirigente, titular de la ONG "La Alameda", presentó la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal 9 de Luis Rodríguez por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal. Esa sección que castiga con tres a 10 años de prisión a quien haga circular dinero "proveniente de un ilícito" para que "adquiera la apariencia de lícito", según informó la agencia DyN.
Los otros denunciados son: María Cecilia Rossero, que según Vera sería esposa de Stiuso; el exnúmero dos de la exSIDE en el Gobierno de la Alianza, Darío Florian Richarte; Horacio Alberto Dannunzio, María Vitoria Castelli, Gabriel Mario Presa, Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto Bernardo Arrigo y Luz Cecilia Bruyere.
El denunciante mencionó varias empresas y aseguró que tendrían vinculación con los denunciantes, como por ejemplo, según figuran en la presentación, Tiumayo SA, Osgra SRL, Murmendi Inversora SRL, Ventur Capital Investments SA, Panificadora Sacaan, Magnumrecords SA, Mis amores LLC, Neumáticos LLC y Expreso Management INC.
"En las sociedades Mis Amores LLC y Neumáticos LLC aparece que el empresario argentino Matías Garfunkel desempeñó el cargo de gerente y también fue presidente de Expresso Management INC", consignó en la presentación.
Vera aseguró que Gallea y Richarte ocupaban cargos jerárquicos en "la ex Secretaría de Inteligencia del Estado [SIDE] durante la presidencia de Fernando De la Rúa". Y sostuvo que el primero habría hecho "el movimiento de dinero para pagar los sobornos a los senadores peronistas que permitieron la reforma laboral que impulsó aquel gobierno".
El legislador destacó que los denunciados "son actualmente funcionarios públicos, o lo han sido en administraciones anteriores, así como también reconocidos empresarios miembros de diferentes grupos económicos muy cercanos al poder político".
El titular de La Alameda consideró que "los hechos aquí ventilados podrían ser posibles hechos de corrupción política-empresaria o bien de evasión tributaria".
Por eso, que solicitó al juez, entre otras medidas de prueba, que solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los bancos los legajos de las sociedades mencionadas y los denunciados.
Vera insistió: "Resalto la importancia de esclarecer el origen de las sociedades comerciales involucradas, sus conformaciones, la procedencia de los bienes que la conforman y los fondos administrados".
Por último, puntualizó que en los supuestos hechos "se ven involucrados políticos y empresarios en el armado de sociedades comerciales al sólo efecto de blanquear dinero proveniente de hechos ilícitos".
