El gobierno argentino prepara la presentación que hará ante el tribunal internacional de La Haya, con el objetivo de frenar un aumento en la producción de la papelera uruguaya UPM. Lo que sostiene la Cancillería es que la fábrica generará, con este incremento, una contaminación inadmisible en el río Uruguay –que comparten los dos países–, que excede los parámetros fijados por el mismo tribunal en su sentencia de 2010. La consejería legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Héctor Timerman, está armando la prueba que llevará a los jueces. Eso demanda tiempo. El paso formal antes de ir a La Haya es intimar oficialmente a Uruguay para que retroceda en su decisión. Eso iba a ocurrir el viernes, pero no sucedió. Una fuente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) le contó a este diario que la intimación llegará la semana entrante. Desde que se hace, el gobierno argentino tiene 180 días (es decir, seis meses) para recurrir al tribunal internacional. Necesita ese tiempo para reunir argumentos en contra de la producción de la pastera.
En 2006, Argentina fue a La Haya para intentar impedir el funcionamiento de la fábrica. No logró convencer a los magistrados de que se generaba contaminación sobre el río Uruguay, pese a que las plantas de pasta de celulosa son de las más peligrosas para el medio ambiente en todo el mundo. En 2010, el tribunal dictó sentencia: dijo que Uruguay violó el derecho internacional al no consultar a la Argentina antes de la instalación de la papelera, pero indicó que, a su criterio, no estaba probado el riesgo que corría el río. En la Cancillería no descartan un diálogo informal con Uruguay que pueda destrabar el conflicto. “Nosotros tenemos embajada allá y ellos la tienen acá. No estamos en guerra. Así que podemos dialogar”, explicó a PERFIL una fuente diplomática. En el mismo sentido, Mujica dijo ayer que el diálogo “no está roto, tenemos una discrepancia”. Ayer, el diario El País de Uruguay afirmó que la empresa finlandesa UPM ya tiene previsto instalar otra pastera, en el departamento de Tacuarembó, reafirmando la sospecha argentina de la expasión de la industria de papel en Uruguay.
