Mientras Argentina y Qatar negociaban un Memorándum de Entendimiento, el funcionario argentino Horacio Reyser compartió información de Estado con lobbistas privados. Así lo publicó en exclusiva Perfil, y lo sostuvo con pruebas de los correos que este funcionario envió al extenista Gastón Gaudio, quien reconoció a este medio que trabajaba para los qataríes "pero nada oficial".
Sin embargo, en una carta que Reyser envió a la Oficina Anticorrupción (OA) para responder los cuestionamientos que ese organismo le hizo por el caso, señaló que todos sus actos como funcionario estuvieron "estrictamente" guiados por la ley. En el mismo escrito, enviado a Laura Alonso, negó que haya utilizado información adquirida por su cargo para "beneficiar intereses privados". Por último, agregó que la investigación publicada por este medio sobre los mails de Estado que filtró a Gaudio era "parcial y sesgada".
La información que publicó este medio jamás fue desmentida por él ni por nadie de Casa Rosada que estuvo al tanto de la situación. En el artículo original, publicado el 21 de noviembre de 2016, se informaba que mientras se negociaba el Memorándum con Qatar (inversión por mas de mil milloners de dólares), el ahora secretario de Relaciones Económicas Exteriores de la Cancillería reenvió toda la información confidencial de Estado al campeón de Roland Garros.
Esto incluyó el borrador del memorándum días antes de que se firmara en tierras árabes. Y el tenista retirado -quien dijo a este portal que todo lo hacía "de onda"- la volvió a reenviar al empresario y amigo de su infancia, Nicolás Rosendi. ¿Qué hicieron con todo esto? Comenzaron a reunirse con empresarios argentinos para ofrecerles participar de las inversiones de Qatar Investment Authority (QIA) y poner a disposición sus servicios, adelantándose a los acuerdos entre ambos Estados gracias a la información (privilegiada) que fue recibiendo de Reyser.
¿Cuántos mails envió Reyser a lobbystas privados? Perfil accedió a decenas. Cada comentario importante que se realizaba sobre el asunto, el funcionario se encargaba de reenviarlo. Para Reyser, lo que se publicó fue "parcial y sesgado". Este funcionario no es uno más dentro de la administración del presidente Mauricio Macri: su nombre suena como uno de los principales candidatos para reemplazar a Martín Lousteau en la embajada de los Estados Unidos.
A pesar de todas las pruebas que fueron publicadas aquí y que valieron una denuncia penal que recorre Comodoro Py, Reyser le dijo a la OA: "Todos mis actos funcionales han estado estrictamente guiados por el cumplimiento de la ley". "Y eso incluye los aspectos abordados en la indicación de su nota. En modo alguno de mi ejercicio funcional ha surgido la utilización de información adquirida en él de manera que pudiera beneficiar a intereses privados. En todos los casos resultó claramente privilegiado en interés público. En modo alguno fueron ventilados en perjuicio del Estado aspectos propios del interés público. Esto vale para toda mi gestión e incluye los aspectos referidos -de manera parcial y sesgada- en la noticia que se transcribe en la nota de esa Oficina", sostuvo.
"Se trata de actos propios de la función que me ha sido encomendada, regularmente cumplidos, y referidos a aspectos preliminares de una propuesta de inversión en interés del Estado nacional. Ello ha sido encaminado con ajuste a la ley y en procura del beneficio público, centrado especialmente en la naturaleza de las inversiones que se promueven", planteó el funcionario.
En la carta, la OA le recordó las "recomendaciones sobre la Ley 25.188 al Sr. Asesor Presidencial Horacio Reyser Travers" y se refirió al artículo publicado por este medio. Luego, señaló: "Le hago saber que conforme establece el inciso f) del artículo 2° de la Ley 15.188, los funcionarios públicos se encuentran obligados a: Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados"
Además se le mencionó el Artículo 19 del Decreto N° 41/99 que dice: "DISCRECION. El funcionario público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa (...) Cabe señalar que dicha conducta, en caso de corroborarse y de cumplirse con los requisitos establecidos en la norma, además de configurar una falta ética, podría incluso llevar a cosiderar la comisión del delito previsto en el artículo 168 (1) del Código Penal".
Las preguntas de la OA fueron enviadas a Reyser el 6 de diciembre de 2016 y respondidas por el funcionario el 13 del mismo mes. Perfil accedió a ambos documentos tras presentar un pedido de Acceso a la Información Pública el 27 de marzo de este año, amparándose en el Decreto 1172/03, por ese entonces la norma principal, ya que no estaba reglamentada la ley.
