Un abogado llega a las puertas del paraíso y se encuentra con San Pedro, quien mira su expediente y, sorprendido, le pregunta: “¿Usted vivió 900 años?”. A lo que el abogado responde: “No, eso es lo que facturé”. Este chiste popular entre los estudios de abogados norteamericanos ilustra un problema muy serio en los contratos de representación legal. Se requiere un fuerte control para garantizar que las horas de trabajo facturadas por los representantes legales a sus contratantes se correspondan con el tiempo dedicado a la tarea.
En el caso del gobierno argentino, la falta de transparencia en el contrato con el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (CGS&H), a cargo del caso que perdió la Argentina en todas las instancias legales de la Justicia norteamericana por la deuda en default, despierta fuertes sospechas sobre un negocio que distintas fuentes estiman como multimillonario.
El secreto de Estado que protege esta erogación pública se basa en el Decreto 749/2002, firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que delegó la facultad de representar al Estado –y contratar los servicios legales necesarios– en la Procuración del Tesoro de la Nación. Un dato que contradice el relato oficial, que intenta en todo momento diferenciarse de las gestiones que lo antecedieron. El ciclo kirchnerista mantuvo el contrato con el estudio CGS&H, que se inició con el citado decreto. Más aún, este mismo instrumento legal detalla en sus considerandos que el despacho jurídico se encargó de la reestructuración de la deuda a través del Plan Brady, durante la gestión del presidente Carlos Menem, al justificar la conveniencia de la elección.
Ya en el decreto de 2002, se adjuntaba el contrato con el estudio legal y se indicó que los abogados senior cobrarían hasta US$ 625 por hora. Sin embargo, distintas fuentes con experiencia de litigio en el exterior indicaron que esta suma asciende en la actualidad, al menos, a 800 dólares más los gastos, que también se facturan al cliente, como viáticos y comidas. Las estimaciones más altas apuntan a 1.500 dólares por hora de asesoramiento legal. Desde 2002, el Estado no realizó ninguna publicación sobre los nuevos contratos que se firmaron con el estudio, amparado en la delegación de la responsabilidad en la Procuración del Tesoro que, a su vez, se basó en las competencias que cedió el Congreso al Ejecutivo desde la crisis de 2001.
La excepcionalidad que rodea el contrato por los juicios de la deuda con los fondos NML Elliott y Aurelius Capital, entre otros, queda en evidencia por el modo en que maneja esta misma información el Banco Central en los casos por pedidos de embargos de los holdouts. La entidad publica informa cada pago realizado como contratación directa en la tercera sección del Boletín Oficial. De allí, el blog Eliminando Variables realizó un relevamiento de los pagos del Central al estudio CGS&H, por servicios de asistencia legal: entre 2008 y 2012, la autoridad monetaria argentina abonó US$ 2.127.814,50. Si se toman los datos de las 33 contrataciones directas de servicios legales en el exterior, realizadas por el BCRA entre 2008 y 2013, que incluye otros estudios, el total se eleva a más de 22 millones. Sin duda, la facturación por el caso a cargo de la Procuración del Tesoro en la contienda con los buitres debería ser muy superior a esta cifra.
En base a precios de referencia provistos por abogados con experiencia en litigios internacionales, PERFIL pudo estimar que desde la primera audiencia ante el juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, tras la negativa de la Corte Suprema norteamericana a revisar el caso, el pasado 18 de junio, el país ya gastó más de US$ 1,1 millón en costas. Esta suma resulta de multiplicar las 14 jornadas de trabajo por 80 mil dólares, una estimación conservadora sobre la cantidad de horas que se facturarían para la preparación de cada audiencia con el juez o instancia de mediación con su representante, el abogado Daniel Pollack.
Sin embargo, la facturación final, que el país debe abonar trimestralmente, alcanzaría un número mucho más abultado, porque los abogados de CGS&H y sus asistentes dedican muchas horas de trabajo al asesoramiento del Gobierno para cada paso que da en el frente interno, como la presentación del proyecto de ley sobre “pago local soberano”, enviado al Congreso esta semana. Entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Economía, hay un comentario frecuente sobre el estudio de abogados: sería el único dispuesto a aceptar las marchas y contramarchas del Gobierno. A diferencia de otros, el tiempo facturado juega jugosamente a su favor.
