“Inmediatamente después de sancionada la ley de divorcio se sanciona la ley del aborto en Estados Unidos; Inglaterra, Francia, España e Italia”. La enumeración que hacía allá por el año 1987 el diputado Alberto Medina para impedir que el divorcio fuera legal en la Argentina no se cumplió. Tuvieron que pasar más de 33 años para que la interrupción del embarazo fuera garantizada por ley. Tanto la posibilidad de disolución del vínculo conyugal como el aborto legal, seguro y gratuito eran deudas pendientes de la democracia argentina que se saldaron en estas cuatro décadas.
La posibilidad de la disolución del vínculo matrimonial a través de una ley fue uno de los primeros pasos en la construcción de los derechos para las mujeres y disidencias. Cuando Raúl Alfonsín llegó a la presidencia, las separaciones de hecho existían pero dejaban en un limbo a cientos de familias. El grupo Suéter cantaba “Casémonos vía México, Paraguay”, un pedido de matrimonio ilegal pero simbólica ante cientos de situaciones irregulares. En esa Argentina salida de la dictadura las mujeres no tenían la patria potestad compartida con los padres de sus hijos. El uso del apellido “de casada” era obligatorio. Los abusos sexuales eran delitos contra el honor y la salud sexual y reproductiva no existía.
Argentina venía de la oscuridad de la dictadura. Ya el gobierno de Isabel Martínez de Perón había avanzado sobre los derechos sexuales y reproductivos cuando en 1974 dictó el Decreto 859/74 para prohibir la venta de anticonceptivos. La dictadura fue más lejos con el Decreto 3983, que directamente prohibió cualquier tipo de práctica de control de natalidad.
Aquel 10 de diciembre de 1983, los derechos de las mujeres eran una larga lista de deudas pendientes con muchas mujeres desaparecidas que habían parido en centros clandestinos y cientos de niñas y niños apropiados. Las Abuelas de Plaza de Mayo aún buscan a 300 de ellos.
El debate del divorcio duró casi un año en el Congreso, de agosto de 1986 a junio de 1987. Entre los argumentos en contra para su legalización se escuchó que en Estados Unidos “el 91 por ciento de los delincuentes juveniles eran hijos de padres divorciados”. Para los críticos de la iniciativa, “frente a una despoblada y débil Argentina, había que unirse para fortalecer la institución familiar”.
El Congreso que construía la estructura legal de la nueva democracia era un reflejo de la desigualdad en las posibilidades de acceso para las mujeres. La cantidad de legisladoras era mínima. Las diputadas no llegaban al 5% y las senadoras, al 2%. La ley de cupo (24.012) se sancionó en 1991, ocho años después, y permitió un cambio en la sociedad. Pero antes se vio uno en la composición del Congreso cuando, en 1993, el 12 por ciento eran diputadas.
La transformación fue el reflejo de los vínculos y las alianzas de distintos sectores del movimiento feminista, organizaciones sociales y de políticas de diferentes partidos que también lograron incorporar derechos a la nueva Constitución de 1994.
Los primeros años de la restauración democrática trajeron las primeras modificaciones al derecho civil, lo que también significó un cambio simbólico. Por ejemplo ya no era solo el padre de familia quien decidía con exclusividad sobre los hijos.
Cuando los años 90 llegaban a su fin, la agenda legislativa se abrió a la salud sexual y reproductiva con una serie de leyes mientras que la Campaña por el Derecho al Aborto seguía construyendo alianzas. En 2002 se sancionó la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) y en 2006 llegó la Ley de Educación Sexual (Ley 26.150).
La desaparición de mujeres en democracia también irrumpió en la agenda después de casos resonantes como el de Marita Verón. Las redes de captación, traslado y reducción a servidumbre con fines de explotación sexual y laboral quedaron expuestas. La ley contra la trata fue sancionada en 2008 y, en 2012, se reformó.
Dos años antes, en 2010, Argentina se había convertido en ejemplo de diversidad con la llamada Ley de Matrimonio Igualitario, que permitió la unión matrimonial entre personas de un mismo sexo. Desde 2012 existe la ley que garantiza la identidad de género a las personas.
Carla Figueroa fue asesinada por su marido que, en realidad, había sido primero el hombre que la violó. En la legislación argentina aún existía la figura del “avenimiento”, que decía que si una mujer violada aceptaba casarse con su victimario el castigo quedaba suprimido. Su caso provocó la modificación de esa ley en 2012. Ese mismo año, y también en el Código Penal, se agravaron las penas por femicidio.
La violencia machista contra las mujeres tenía en los femicidios la impunidad. El femicidio de Chiara Páez en 2015 provocó una marea verde que tomó las calles de la mayoría de las ciudades argentinas. Surgió así el movimiento Ni Una Menos.
En 2020, los derechos de las diversidades se ampliaron con la ley que estableció que las personas travestis, transexuales y transgénero con las condiciones de idoneidad debían ocupar puestos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total. Un año después, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 476, permitió que se adoptara la identidad no binaria en los documentos de identidad.
Unos meses antes, el 10 de diciembre de 2020, había ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que garantizaba el aborto legal, seguro y gratuito antes de la semana 14 de gestación. Fue 33 años después de aquel primer debate en Diputados por el divorcio.
