El gasto electoral de López Obrador allanará camino de Morena a la presidencia, con riesgos

El otrora frugal presidente de México decidió disparar el gasto y provocar el mayor déficit presupuestario desde la década de 1980, lo que podría dejar a su sucesor en un aprieto financiero.

Es un cambio para Andrés Manuel López Obrador, que mantuvo el control de las arcas públicas durante toda la pandemia, mientras los líderes de otros países gastaban libremente. Ahora, el presidente está aumentando los estipendios para estudiantes y jubilados, inyectando capital a la petrolera estatal e intentando terminar proyectos de construcción emblemáticos de su Administración.

Es una agenda popular que parece que ayudará al partido de López Obrador a mantener la presidencia con una victoria aplastante en las elecciones de junio. La candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, lidera con una ventaja abrumadora en las encuestas, especialmente en los estados más pobres del sur, como Oaxaca, donde el dinero público está impulsando un auge económico.

“La verdad, ningún otro Gobierno ha trabajado tanto como López Obrador lo está haciendo”, dijo María Alicia Jiménez Ibáñez, residente de Oaxaca, mientras hacía fila para comprar boletos para un nuevo servicio de tren que conecta pequeñas poblaciones del lado del Pacífico, con el estado de Veracruz, en el lado atlántico. “Antes, había recursos que se iban ¿Y dónde están?. Acá se está viendo”.

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Entre los votantes que reciben programas sociales, o aquellos que sus familiares los reciben, el 64% dice que tiene intención de votar por Sheinbaum, mientras que solo un 21% afirma que votará por la principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, una porción mucho mayor que en la población en general, según el periódico El Financiero.

Para Sheinbaum, que ha anunciado sus propios planes que incluyen la inversión en salud, la preocupación es que los fondos serán cada vez más difíciles de conseguir. Se prevé que los costos del servicio de la deuda alcancen este año el 3,7% de la producción económica, la mayor cifra en al menos tres décadas. Añadir más compromisos de gasto podría poner en peligro la calificación crediticia de grado de inversión de México. Aumentar los impuestos para compensarlo sería políticamente impopular, pero también lo serían fuertes recortes del gasto.

Con menos deuda que muchos de sus homólogos, México puede permitirse el presupuesto final de López Obrador, según Carlos Serrano, economista jefe para México del BBVA. No siempre ha sido así, con una historia de presidentes que preparan a sus sucesores para una contracción del gasto, un fenómeno conocido en México como “crisis sexenal”, por tratarse de un problema recurrente para quien llega a la presidencia cada seis años

Además, los mercados no se han inmutado por el giro fiscal: El peso ha sido la divisa de mercados emergentes con mejor desempeño este año. S&P, Fitch y Moody’s consideran estable la calificación soberana de México a pesar del aumento del gasto y de la presión que podría suponer para las finanzas del país.

Sin embargo, el déficit presupuestario se produce en “un año en el que todo va bien”, dijo Serrano. “Cada vez tenemos que gastar más en pensiones, cada vez estamos gastando más en servicio de la deuda, eso es lo que está dejando al país sin margen de maniobra”.

El auge de Oaxaca

Oaxaca, durante mucho tiempo bastión del partido de oposición conocido como PRI, sirve como indicador de cómo el presidente y su partido, Morena, han cimentado el control sobre la política mexicana.

Morena asumió el liderazgo del estado en diciembre de 2022. Incluso el anterior gobernador desertó del grupo de oposición del PRI tras finalizar su mandato y apoyó a Sheinbaum, lo que lo convirtió en el tipo de político al que los mexicanos llaman “chapulín” por su capacidad para saltar de una posición, a otra más prometedora.

De hecho, en los primeros nueve meses del año pasado, la economía de Oaxaca creció un 10%, el mayor salto en el país, en gran parte gracias al gasto público en ese estado.

Estas mejoras han logrado convencer a pobladores como Jiménez Ibáñez, de 42 años, cuya madre —que vende totopos hechos a mano, una tortilla crujiente especialidad del sur— se inscribió en el nuevo programa de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.

“Hasta los adultos mayores cobran”, afirma. “Antes dónde estaba el apoyo? Nunca se veía”.

El Gobierno reservó este año cerca de US$43.000 millones para programas sociales, más de la mitad de estos para los adultos mayores. Pueden cobrar las pensiones cada dos meses, en los nuevos bancos creados por el Gobierno por todo el país. Los pagos se han más que duplicado en los seis años de Gobierno de López Obrador.

Prestaciones como éstas son una parte importante del presupuesto de la actual Administración. La otra son las inversiones en infraestructura, incluido un tren turístico de US$30.000 millones que serpentea por los estados del sur, una refinería de petróleo de casi US$20.000 millones en el estado de Tabasco y un nuevo aeropuerto para la capital, después de que cancelara los planes para uno iniciado por el anterior presidente.

También puso en marcha una compañía aérea estatal, que, como muchos otros proyectos, no se espera que genere beneficios a corto plazo. Las obras de infraestructura aún no han concluido, lo que significa que los beneficios de la inversión podrían tardar más de lo previsto.

“El mayor debate alrededor de esto es sobre el rendimiento de la inversión, y si tal vez el Gobierno debería haber utilizado ese dinero en otros proyectos con menos probabilidades de ser desarrollados por empresas privadas y con mayores rendimientos sociales y económicos”, dijo Felipe Hernández, especialista en América Latina de Bloomberg Economics.

El servicio ferroviario de Oaxaca forma parte de un proyecto más amplio que pretende unir —utilizando la vía férrea— las dos costas de México para rivalizar con el Canal de Panamá en cuanto a carga, sirviendo a la vez como una forma cómoda de tránsito para los residentes locales. Los grandes envíos aún no han comenzado, pero el Gobierno ya amplió los puertos de ambos extremos.

Eso ayudó a Arturo Labias Hernández a conseguir un mejor trabajo que el que tenía en la industria salinera local, rompiendo la sal que se había apelmazado en la tierra y metiéndola en sacos de 50 kilos. Cambió de empleo y trabajó cerca de año y medio construyendo nuevos rompeolas como parte de las mejoras en el puerto de Salina Cruz, antes de venir a ver a López Obrador inaugurarlos en febrero.

“Me permitió hacer muchas cosas, como hacer una casa”, dice este joven de 22 años, cuya mujer tiene un bebé en camino. “En la sal se gana un poquito menos de lo que ahorita estoy ganando. Y el trabajo es muy pesado, no hay sombra”.

La idea es que el dinero privado siga al gasto público, a medida que las empresas inviertan en nuevos polígonos industriales a lo largo de la ruta ferroviaria. Aún no hay muchos indicios de ello, aunque Javier Aguilera Peña —cuya empresa PROISTMO obtuvo un contrato para construir un parque industrial cerca del extremo atlántico de la vía férrea— dice que ha observado una “alta demanda” de empresas que quieren vender al mercado de la costa este de Estados Unidos.

Promesas de austeridad

No todo el mundo en Oaxaca está contento con estos proyectos. Un tema común entre quienes están en contra es que se trata de chapuceros que obedecen órdenes de un Gobierno central lejano que ignora los problemas locales.

Los grupos indígenas que viven cerca de la línea de ferrocarril remodelada, y que expresaron su preocupación por los efectos medioambientales, dicen que no se les consultó adecuadamente. Los salineros protestan porque los rompeolas podrían impedir que las aguas de las mareas lleguen a las lagunas, lo que arruinaría las cosechas estacionales locales tanto de sal como de camarón, aunque el Gobierno alivió la tensión por medio de contratos de trabajo temporales en proyectos de mejoramiento del puerto e infraestructura.

Los agricultores, que ya tienen problemas con el suministro de agua, no están convencidos de querer los nuevos puestos de trabajo, y les preocupa perder el acceso a las tierras comunales donde recogen leña para cocinar y frutos silvestres como la pitaya.

Pero cuando un agricultor —que funge como líder cívico— se unió a una protesta contra un parque industrial en proyecto, fue acusado de prender fuego a los coches de los agrimensores que habían venido a medir el terreno, acusación que él niega. Fue condenado a 46 años de cárcel.

Jesús Luis López, otro agricultor local, dice que aprecia la forma en que López Obrador está distribuyendo el dinero público. “Yo veo a gente con quien he crecido, desde niño los he visto en su trabajo. Veo que reciben esta ayuda y me pongo alegre, porque se lo merecen”.

Pero también apoya a los manifestantes: “Nosotros no nada más estamos defendiendo las tierras por, digamos, por necios.Sino porque ocupamos la tierra. Es una manera de supervivencia para nosotros”.

Sheinbaum se comprometió a mantener la “austeridad republicana”, que es como López Obrador describe su programa de recorte de gastos en los asuntos de Gobierno, como el recorte de salarios y deshacerse del avión presidencial. La candidata ha sido vaga sobre sus planes fiscales más amplios: ha prometido mantener los niveles de deuda en un “equilibrio razonable” y garantizar que las prestaciones para niños, discapacitados y pensionados nunca se queden rezagados respecto a la inflación.

Los recortes drásticos del gasto en 2025 “es poco probable que se materialicen porque tendrían un coste económico y político muy alto”, dijo Hernández, el economista de Bloomberg. “Al final, el escenario más probable es uno en el que el Gobierno realice algún ajuste fiscal”, pero no el suficiente para hacerse cargo de su problema de deuda.

Independientemente de cómo el sucesor de AMLO decida hacer frente a la cuenta que está dejando, la próxima Administración tendrá que tener en cuenta los pagos del servicio de la deuda que serán sustancialmente mayores que cuando López Obrador asumió el cargo. Los costos de endeudamiento del banco central están en 11%, cerca de un récord, lo que eleva la tasa para el Gobierno a medida que emite nueva deuda local.

La cuestión podría empujar a un futuro presidente a considerar aumentos de impuestos, algo que López Obrador se comprometió a evitar. Una colega de larga data de Sheinbaum en Ciudad de México dijo en febrero que una medida similar a la expansión de la base impositiva de la capital mexicana podría ser replicable a nivel nacional.

Pero incluso si la primera mujer presidenta de México intentara recortar el gasto el próximo año, podría no ser suficiente para compensar la deuda con las altas tasas de interés o bien, mejorar el perfil deuda/PIB del país.

“Seguiría presionando al alza el saldo histórico en los requerimientos financieros, seguiría presionando al alza el costo financiero de la deuda, restando recursos para salud, educación y seguridad”, dijo Jorge Cano, analista del think tank México Evalúa. “Definitivamente el gran aumento de la deuda y el gasto de 2024 esta atando de manos a la siguiente Administración en temas fiscales, ya que van a ser grandes modificaciones recaudatorias o recortes para mantener la trayectoria de la deuda estable”.

LM