“El primer problema de la Argentina es financiero, antes que económico”

—Usted sostiene que habría una diferencia entre el planteo de Milei y Caputo…

—Aunque todavía es prematuro opinar sobre anuncios, noticias y hechos de un gobierno que acaba de asumir, pueden hacerse algunas observaciones y/o comentarios al respecto. Apenas electo, el presidente Milei planteó tajante que se necesita resolver el problema de las Leliq –Letras de Liquidez del Banco Central a 28 días de plazo y tasa de interés del 133% anual– para poder abrir el cepo cambiario a las importaciones. En su primer discurso, del 12 de diciembre, el ministro de Economía, Caputo, en cambio, planteó que el primero y determinante problema de la Argentina es el déficit fiscal, del que la deuda pública es el principal problema financiero, y enunció una decena de medidas de emergencia inmediatas o de muy corto plazo que en principio no atacan ese problema de fondo sino que lo convalidan a través de una nueva política de gobernar con deuda. No son enfoques antitéticos, pero sí diferentes modos de encarar el problema ya que la cuestión de la deuda es prioritaria e inmediata y el primer problema de la Argentina es financiero antes que económico.

—El nuevo gobierno dice que el principal objetivo es bajar el gasto público, pero ¿cuál gasto público?

—El mayor problema de nuestras finanzas públicas y causa del déficit fiscal estructural de la Argentina es el pago de los servicios de capital e intereses de la deuda, de modo que vivimos refinanciando en forma permanente los vencimientos, pateando para adelante todas las obligaciones, refinanciando las amortizaciones de capital que se van produciendo, hasta el último centavo, tomando deuda nueva y afrontando pagos de intereses cada vez más gravosos, hasta el punto que hoy tomamos deuda para pagar intereses, tanto del Tesoro o gobierno nacional como sobre todo del Banco Central (por Leliq y Pases Pasivos). El presidente Milei plantea tajante frente al gasto público que “no hay plata” para nada, gastos corrientes por remuneraciones, jubilaciones, costos operativos, etc., incluso obras públicas e infraestructura, pero no les dice lo mismo a los acreedores financieros del Estado, con los que mantiene la premisa de cumplir a rajatabla con sus compromisos, pese a que los mismos son impagables y solo pueden cubrirse con más endeudamiento. Hoy la Argentina tiene una deuda pública de 438 mil millones de dólares (MD) en cabeza del Estado central más el equivalente de otros 71.000 MD por Leliq del Banco Central (25,6 billones de pesos), más 25-30.000 MD del consolidado de las provincias más un pasivo indeterminado de deuda flotante o exigible con proveedores que, solo por atrasos con importadores y giros de ganancias al exterior, suma más de 62.000 MD. Y seguimos tomando deuda no solo para renovar vencimientos sino para pagar intereses de esa deuda ya que el Gobierno no tiene fondos propios para cancelarlos. Solamente por intereses a pagar de las Leliq el BCRA tiene 92 mil millones de pesos por día y estos intereses son la principal causa de la emisión monetaria (más de 2,5 billones de pesos por mes). Las reducciones burocráticas de la administración pública, en la medida en que sean racionales y mejoren el rol administrativo del Estado, lógicamente no son objetables, aunque su incidencia en el gasto total es comparativamente muy reducida. Por ende, cuando se plantea un fortísimo plan de ajuste como el actual, con miras a reducir el déficit fiscal, hay que decir que dicho plan no es suficiente para bajar significativamente el gasto y que soslaya el problema central, que es la cuestión del peso determinante de la deuda. Los otros dos componentes del gasto público que se atacarían –la reducción de subsidios trasladando el costo a la suba de precios y tarifas de los servicios públicos que paga la gente y las transferencias discrecionales a las provincias– son relevantes, aunque con la aclaración de que van a transmitirse a la inflación y que, de llevarse a cabo, supondrían ajustes provinciales difíciles de ser asumidos por los gobiernos locales.

—Caputo dice que la inflación es producto del déficit fiscal, pero usted relaciona inflación y deuda...

—Sí, en efecto, los servicios de la deuda pública (capital más intereses) son el principal rubro del gasto público, con la aclaración que los vencimientos de capital o principal de la deuda no se pagan, sino que se refinancian en forma perpetua mientras crece la cuenta de los intereses. Y estos intereses generan emisión monetaria, que a su vez aumenta el peso del coste financiero a lo largo de toda la cadena de la actividad económica y se trasladan a los precios, siendo así que la tasa de interés deviene un factor determinante dentro de la tasa de inflación. Si se deja de lado el complejo financiero deuda (Estado más BCRA y otros), el siguiente rubro más grande del gasto público –como es sabido– es el gasto social y, dentro del mismo, el pago de pasividades por jubilaciones/pensiones, asignaciones familiares, AUH, planes sociales y otros. Pero con la gran diferencia de que este conjunto de gastos sociales, lo mismo que gran parte de los gastos corrientes en general, se van licuando por la inflación mientras que, por el contrario, los servicios de la deuda se van indexando sistemáticamente por inflación y/o por tipo de cambio. De allí que la incidencia de la deuda es –a mi juicio– la principal causa del gasto del estado y consecuentemente del déficit fiscal. 

—¿La deuda es, entonces, un problema del pasado o del presente?

—Si contamos el tiempo desde el origen del macro y continuo endeudamiento contemporáneo de la Argentina (1976-2023), la deuda aparece como un problema del pasado reciente pero desde el punto de vista práctico y de su incidencia determinante en las finanzas públicas es y seguirá siendo un problema del presente y también del futuro porque es producto de una política irresponsable de toma sistemática de obligaciones sin la más mínima capacidad de repago por parte de todos los gobiernos que se han sucedido en ese período hasta hoy. Con el agravante de que, una vez instaurado este sistema de deuda perpetua, el proceso no es reversible y el sostén del endeudamiento se basa en las refinanciaciones permanentes, las periódicas reestructuraciones de los pasivos y la toma de nuevas deudas, mantenidas a su vez con planes de ajuste fiscal destinados a poder pagar más Intereses. 

—¿Las medidas de emergencia de Caputo atacan este problema de fondo?

—Las enunciadas en su discurso del día 12 no, pero las acciones que se han venido tomando hasta la fecha sí, aunque –en mi opinión– no en lo favorable sino en el empeoramiento del problema de la deuda dada la mayor toma en curso de más endeudamiento. La administración Milei-Caputo está tomando nuevos créditos para poder pagar intereses al Fondo Monetario y a bonistas privados, la deuda comercial con los importadores (más de 60.000 MD) se está convirtiendo en deuda financiera del Estado a corto y mediano plazo vía títulos Bopreal (una suerte de nueva estatización de deuda privada), la deuda del BCRA por Leliq y Pases Pasivos se está traspasando al Tesoro (vía colocación de nuevas letras de Tesorería), etc. En síntesis, seguimos dentro de un esquema de gobernar con deuda, de una trampa de deuda perpetua y de mayores pagos de servicios de dicha deuda a costa de un fortísimo plan de ajuste que genera estanflación (estancamiento o recesión más inflación). 

—¿Hay alguna analogía entre lo que está ocurriendo ahora y el pasado reciente?

—Sí, yo creo que estamos frente a un neomenemismo, tanto en sus formulaciones de política económico-financiera como en sus modalidades fácticas de favorecer la rentabilidad del capital financiero sobre la de capitales o inversión productiva –macrodevaluación previa y remarcaciones salvajes de precios, con formación de “colchones” empresarios, discurso contrario al gasto público y pro equilibrio fiscal, liberación de importaciones con peligro para la industria local, licuación previa de salarios y jubilaciones a través de la inflación para bajar el gasto oficial y el costo de la mano de obra en general, privatizaciones de empresas del estado y también de la obra pública, etc., aunque cabe reconocer que todavía es prematuro sacar conclusiones sobre muchos hechos que se están planteando pero que aún no han producido resultados. En lo personal, pienso que esto se encamina así hacia una nueva convertibilidad, una forma de dolarización indirecta, no directa, pero que como la anterior (administración Menem-Cavallo) va a ser sostenida con más deuda.

*Periodista, guionista y docente.