Alberto Fernández confirmó esta semana que su postulación no altera la doctrina kirchnerista sobre la Justicia. No se puede condenar la acción de un gobierno cuando dejó de serlo, a menos que se someta al de turno. En una entrevista con C5N, puso a Julián Ercolini de ejemplo didáctico. “Cristina está sentada en el banquillo porque le echa la culpa de haber mandado proyectos de ley de presupuesto que, previo a ser aprobados por el Congreso, fueron promulgados. En algún momento alguien va a tener que revisar esas cosas".
Dulce melodía en la provincia de Buenos Aires si no fuese por la nota disonante del viernes 17 en Lomas de Zamora. Ese día compartió almuerzo con una decena de intendentes reunidos por Martín Insaurralde. Tras escuchar los reparos por la candidatura a gobernador de Axel Kicillof, Fernández agradeció la invitación y les pidió tratar el tema con el hijo de la ex presidenta. El malestar se multiplicó horas después, cuando trascendió su candidatura. Es probable que la herida cicatrice.
Los intendentes piensan como Fernández. Y Cristina, por propiedad transitiva. No hay acción judicial sin intervención de la política.
Gustavo Menéndez está convencido. “Quiero vivir en un país donde la Justicia solo esté comprometida con la verdad: la política debe ser dirimida a través de acciones políticas y no de tribunales penales”, escribió en las redes mientras acompañó a Cristina en la lectura de los cargos que se le imputan en la causa de Vialidad.
A fin de 2018 fue condenado a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata lo halló culpable de fraude contra el Estado bonaerense, como director provincial de Casinos en el gobierno de Felipe Solá. La denuncia se efectuó en 2009. Menéndez apeló en la Cámara Correccional de Dolores. La UFI N° 2 de Morón lo investiga por supuestas irregularidades en la construcción del hospital Eva Perón de Merlo.
La desconfianza con Kicillof es aprovechada para extender las dudas a este terreno. No bastaría que le gane a María Eugenia Vidal para modificar la orientación del Ministerio Público. Todavía sería preciso reunir los dos tercios de las representaciones en ambas Cámaras de la Legislatura e iniciar un proceso de destitución por juicio político al procurador general, votado por unanimidad en el Senado. Pero aún sería difícil si fuese sustituido por Insaurralde como desean Menéndez y Walter Festa, su socio político.
Moreno. El intendente de esa localidad es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Se libraron oficios para saber si es propietario en el barrio Los Robles de Pinamar, con exclusivos servicios de amarre, hangares y pista propia de aterrizaje. Menéndez y Festa fueron parte de los 54 intendentes que asistieron el miércoles a Cañuelas para insistir en que uno de ellos integre la fórmula que compita por la gobernación.
Igual que Mario Secco, que debe afrontar el juicio oral y público por los incidentes del 14 de diciembre de 2017 en la Legislatura. El testimonio de siete legisladores de Cambiemos y uno de Unidad Ciudadana fue clave para los cargos de resistencia a la autoridad y coacción agravada que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta imputa al intendente de Ensenada.
Situación similar a la de Osvaldo Caffaro. La Unidad de Delitos Complejos de Zárate pidió elevar a juicio la causa de 2011 contra el intendente vecinalista de Zárate, aliado al kirchnerismo desde 2003. Está acusado de abuso de autoridad y supresión de documentos públicos, entre otros delitos. Caffaro anexó tierras privadas al erario de forma irregular. Patricia Moyano lo representa en el bloque de Diputados Unidad y Renovación alineado con Insaurralde.
Jorge Fernández y Gustavo Pulti no están en ese grupo. Intendente de Lincoln entre 2003 y 2015, Fernández quedó detenido en 2018 tras permanecer prófugo y acusado de liderar una asociación ilícita contra el Estado. Fue beneficiado con la atenuación de cargos y prisión domiciliaria por la Cámara de Garantías y Apelaciones de Junín por una gestión de Julián Domínguez ante Emilio Monzó. El ex presidente y el actual de la Cámara de Diputados tienen actividad política en la Cuarta Sección Electoral.
Pulti fue intendente de Mar del Plata hasta 2015. En diciembre, la Cámara de Garantías y Apelaciones de esa ciudad confirmó la elevación a juicio de la causa por el desvío de $ 35 millones en su gestión. Se le sigue otra por supuesto enriquecimiento ilícito. Pulti es tentado por el kirchnerismo para competir en sus listas. Hasta el año pasado lo hizo Sergio Massa.
Otro tema. No es lo que llevó a Insaurralde a concretar el 23 una visita a Julio Conte Grand en La Plata. Ni tampoco las causas que involucran a media docena de funcionarios y ex funcionarios del Municipio de Lomas de Zamora. Ninguna se vincula al intendente. Es más probable que se trate de la primera aproximación institucional entre dos concepciones de la función de los fiscales.
O una respuesta a la inquietud de Héctor Corrado, su secretario de Seguridad. Primero por la renuncia de Marcelo Rochetti al ministerio del área. Y ahora por la salida de Cristian Ritondo en diciembre, si es electo diputado nacional. Corrado creía ver en Ritondo un reaseguro para su jefe. No hay constancia de que el ministro comparta esa percepción. Cuando a fines de enero Vidal anunció que no desdoblaría las elecciones, Corrado habría compartido en Miami festejos con Insaurralde.
Es probable que su visita a La Plata haya sido una decepción. Por orden del procurador, la fiscalía general de Bahía Blanca atiende 11 causas contra Camilo Etchevarren. Intendente de Dolores por la Coalicion Cívica desde 2007 y reelecto en 2015 por Cambiemos, recusó a los fiscales de ese distrito que lo investigan por malversación de fondos, falsedad ideológica, amenazas y coacción. En la mayoría aparece vinculado el ex comisario César Puig, secretario de Seguridad Ciudadana.
El año pasado, Fabián Perechodnik se vio forzado a pedir la renuncia de Mario Etchevarren, su segundo en la secretaría general de Gobierno.
Es hermano de Camilo y primera consecuencia visible de lo que tendrían en común los casos en su contra. La supuesta conexión con el narcotráfico.
La asunción de Sergio Torres en la Corte el 29 de mayo completará el circuito ideado para combatir ese delito. Una rígida partitura para el opus que Vidal dedica a los intendentes que desean sucederla.
