Nunca será más comprobable cuánto la economía depende de la política que a mediados de 2023.
Hoy el oficialismo debate cuál será la mejor estrategia para enfrentar las elecciones el año próximo: si reduciendo más la inflación, pagando el precio de enfriar la economía, o al revés: aceptando una inflación más alta pero una economía con mayor crecimiento y consumo. Si tener algo menos del 4% de inflación mensual (el “3 delante” de Sergio Massa, que daría alrededor del 60% de inflación anual) con cero de crecimiento, o mantener el 6% de inflación mensual actual (el mismo 100% de inflación de 2022) con un crecimiento de la economía de –por ejemplo– 3% sobre el año anterior.
Y hoy la oposición debate cuál sería mejor estrategia para gestionar con menor incomodidad en el caso de ganar las elecciones: si con el actual gobierno llegando al 10 de diciembre del año próximo con la economía más o menos como hoy, y dejándole a quien lo sucederá las correcciones que hubiera que hacer junto al costo político a pagar por hacer un ajuste, o haciéndole explotar la economía al actual gobierno antes de las elecciones, consiguiendo así reducir la cantidad de votos del actual oficialismo y haciendo que pague el costo político del ajuste al saliente.
La oposición tiene en sus manos el detonador de la bomba porque bastaría con que el candidato de Juntos por el Cambio que triunfara en las PASO anunciara que unificará el mercado cambiario o devaluará el peso un porcentaje importante el primer día que asuma para que los mercados se anticipen fomentando un salto grande del dólar meses antes.
La duda es si la explosión de la bomba irradiaría esquirlas también sobre quien le toque gobernar después, además de la responsabilidad ética de haber contribuido a empobrecer más a la sociedad porque un ajuste por explosión es siempre más grave, recesivo y doloroso que un ajuste programado dentro de un plan que contemple amortiguadores para los más afectados.
Finalmente, los dos debates, el del oficialismo y el de la oposición, se entrecruzan. Si el Frente de Todos, para mejorar sus posibilidades electorales, se hiciera más irresponsable aumentando el lastre que dejaría al gobierno que lo suceda, Juntos por el Cambio podría sentirse menos culpable de crearle una corrida cambiaria anticipando públicamente medidas que lo desestabilizaran. Lo sensato sería que oficialismo y oposición coordinaran la economía de la transición entre las PASO y la asunción del nuevo gobierno que resulte.
En un contexto así, parece sensato reducir el tiempo entre las PASO y la primera vuelta a la mitad: un mes en lugar de dos, como es entre la primera y la segunda vuelta en la mayoría de los países con ballottage.
Nuestras primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) son una verdadera primera vuelta. Basta recordar la hecatombe económica que se produjo después de las PASO de 2019, cuando Macri salió derrotado, equivalente aunque en menor medida a cuando en 1989 Alfonsín salió derrotado y los ministros del electo nuevo presidente, Carlos Menem, anunciaron un dólar con un precio “recontraalto”, generando un encadenamiento de devaluaciones que terminó con el adelantamiento de la entrega del mando.
Aquel ejemplo es un llamado de atención para Juntos por el Cambio: Menem logró hacerle pagar el costo de una hiperdevaluación e hiperinflación a Alfonsín antes de irse, pero tuvo que soportar una réplica de ese terremoto medio año después, cuando estaba en el gobierno. Como Menem tenía seis años de mandato y no cuatro, como después de la reforma constitucional de 1994, podía caerse y remontar más de una vez.
Macri sostiene, no sin parte de razón, que su gobierno terminó el 10 de agosto y no el 10 de diciembre, inmediatamente después de su derrota en las PASO y no del traspaso del gobierno. También se podría conjeturar que si Macri hubiera tenido un mandato de seis años, como Menem, probablemente se podría haber repuesto de las devaluaciones de 2018 siendo la de 2019 no una derrota presidencial sino otra legislativa.
Que haya elecciones cada dos años, con presidenciales cada cuatro más PASO, crea un calendario electoral que pone en tensión a los presidentes de cualquier signo ideológico. Y es una responsabilidad de las dos coaliciones con posibilidades de gobernar acordar una campaña electoral que no genere mayores turbulencias a una macroeconomía volátil y débil.
Desarmar bombas y no inflarlas es equivalente a desinflar la grieta en lugar de promoverla. El enorme costo social que tendría un chispazo macroeconómico serio que condenara a la pobreza a otro 10% de la población, aunque menor que aquel de 1989 y el de 2002, podría derivar en otro “que se vayan todos”, donde una turba enojada vaya a las casas de los dirigentes de la oposición y no solo del oficialismo. Y que en un contexto así, quien termine ganando no sea Juntos por Cambio sino Milei y los libertarios.
La posibilidad de ese escenario distópico podría tener un efecto secundario positivo haciendo que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio colaboren y comiencen a zurcir el surco que cavaron, como en los primeros meses de la pandemia, cuando se vio a oficialismo y oposición colaborando frente a un enemigo común.
Un mercado totalmente fuera del control del Estado puede ser más letal que el covid sin vacunas, como ya lo demostró la historia argentina de la recuperación democrática.
