Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
