La Cancillería argentina busca quitarle influencia al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone, el prestigioso galardón que Argentina entrega a personalidades y ONGs extranjeras desde 2007. La decisión de los funcionarios del Palacio San Martín busca evitar un nuevo desliz diplomático, como el que se produjo recientemente en la ceremonia para condecorar a la venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización que este año cumple su 30° aniversario y que desde hace tiempo viene denunciando la represión estatal en Venezuela.
El problema para Cambiemos fue que las críticas de Provea al chavismo no evitaron que la ONG premiada intentara mencionar en su discurso una crítica al gobierno de Mauricio Macri, a través del reclamo por la liberación de Milagro Sala y la condena a la represión a las protestas sociales en la Argentina. La ceremonia se iba a realizar el 15 de marzo en la Cancillería, pero cuando las autoridades argentinas de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos se enteraron del discurso, minutos antes de que fuera pronunciado, evitaron que se mencionaran esas palabras. Entonces Provea rechazó el galardón y denunció que fue censurada. El premio quedó desierto.
El papelón internacional hizo que se pusiera en duda la continuación del certamen sobre Derechos Humanos. Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Perfil que “el premio Emilio Mignone se seguirá entregando”, pero “con otra modalidad y una nueva conformación del Comité de Selección”. Hasta el momento, junto a la familia de Mignone, fundador del CELS, y los funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, el CELS era la organización encargada de conformar la terna de candidatos a ganar el premio entre todas las postulaciones que llegaban a la Argentina desde las embajadas acreditas en el exterior. Se desprende, entonces, que la decisión que acaba de tomar el gobierno de Mauricio Macri busca erosionar la influencia del organismo presidido por Horacio Vetbitsky en este prestigioso galardón que otorga la Argentina.
Perfil se comunicó con el CELS, donde aclararon que no realizarán ningún tipo de comentario al respecto hasta que Cancillería les comunique esta decisión en forma oficial.
Conflicto internacional
Cuando se iba a realizar la entrega a Provea del Premio Emilio Mignone, organizaciones de izquierda y militantes chavistas protestaron frente al Palacio San Martín por considerar que la ONG que iba a homenajear el gobierno argentino era muy crítica de la gestión del presidente Nicolás Maduro. De hecho, desde Provea reconocen esa postura. “Venezuela vive un momento muy difícil, con una pobreza por ingresos del 80% de su población, con un salario mínimo equivalente a 4 dólares que no alcanza para adquirir ni siquiera un cartón de huevos; sin democracia ni instituciones que puedan adjetivarse como tales, que den respuesta a los reclamos, cada día más dramáticos, de la gente más humilde”, aclaran desde Provea. “Lamentamos las oportunidades perdidas para relatar los padecimientos actuales de los venezolanos, especialmente de los sectores más vulnerables. Sin embargo, en sus 30 años de existencia Provea ha demostrado que la única obediencia a la que está dispuesta a someterse es a la de los principios y valores en derechos humanos”, agregan desde la organización venezolana.
Provea había decidido que iba a recibir el premio en nombre del argentino Raúl Cubas, detenido-desaparecido en la ESMA y con dos hermanos y un cuñado que permanecen desaparecidos por el terrorismo de Estado y cuyo testimonio ha sido fundamental para los procesos judiciales en los casos ESMA I, II y IV. Cubas se exilió en Venezuela en 1979 y allí fue cofundador de Provea. En su discurso, Cubas quería mencionar la situación de derechos humanos en ambos países. Y esto fue lo que molestó a los funcionarios de Macri: “En la actualidad, tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos. Asimismo, el autoritarismo de las gestiones gubernamentales, la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad estructural o el retroceso en el proceso de Verdad y Justicia, la existencia de decenas o centenares de presos políticos, la creciente represión a la protesta social, la aplicación de doctrinas de seguridad conocidas como ‘gatillo fácil’ o ‘dispare primero y averigüe después’ que victimiza a los jóvenes que viven en zonas populares, así como le crecimiento creciente de la pobreza, en ambos países, es una realidad que nos interpela. Cambiar esta preocupante realidad, necesita no solo del otorgamiento de Premios o reconocimientos simbólicos a organizaciones y a defensores de derechos humanos –que son necesarios y bienvenidos– sino también de una auténtica voluntad política de las autoridades estatales de ser coherentes en el diseño e implementación de políticas públicas de derechos humanos caracterizadas por ser inclusivas, no discriminatorias, garantistas y progresivas”.
Pero lo que más preocupó a los funcionarios argentinos de las palabras de Cubas era la mención de la dirigente de Túpac Amarú junto a los presos políticos de Venezuela: “Creo que las actuaciones coherentes de los Estados en materia de derechos humanos son relevantes y fundamentales, y por eso creo necesario que tanto Argentina como Venezuela tomen medidas prontas y oportunas para que el legado de coherencia que nos legó Emilio Mignone se convierta en efectiva realidad. Propongo que ambos Estados asuman inmediatamente sus obligaciones internacionales ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Milagros Sala, y en Venezuela con el abogado y defensor de los derechos humanos, Marcelo Crovato, quien por cierto tiene doble nacionalidad, argentina-venezolana. Ambos tienen decisiones favorables de la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que esperan por ser cumplidas por las autoridades de ambos países”.
El Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone fue establecido en el año 2007 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina para “reconocer a instituciones y/o personas extranjeras residentes en el exterior que se destaquen o se hayan destacado en la promoción y protección de los Derechos Humanos en sus respectivos países, tanto en temas de lucha contra la impunidad por violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos como en áreas de discriminación, derechos económicos sociales y culturales, entre otras”.
Las organizaciones que lo han recibido anteriormente fueron: Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia en 2007; Comisión Colombiana de Juristas en 2008; Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009;
Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) en 2010; International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) en 2011; Komisi untuk orang hilang & korban Tindak Kekerasan (Comisión contra la Desaparición y Víctimas de la Violencia) en 2012; Mary Aileen Diez Bacalso, secretaria general de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas (AFAD) en 2014; Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (CNV) en 2014; Fray Miguel Concha Malo, MEXICO en 2015; mientras que en 2016, la canciller Susana Malcorra entregó el primer premio de la gestión Cambiemos a la organización civil de Nigeria Bring Back Our Girls, constituida como plataforma civil para exigir la recuperación con vida de las estudiantes secuestradas en ese país.
El Premio Emilio Mignone es anual y se entrega en una ceremonia que tiene lugar en diciembre. Según informan desde Cancillería, el premio que quedó desierto este año se podría entregar a las otras organizaciones ternadas de India, Canadá y El Salvador. Alguna de estas organizaciones debería ser invitada a venir a la Argentina para “participar de un número de actividades organizadas por el CELS”, según se aclara en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ahora todo eso quedó bajo un mar de dudas.
La única certeza es que se avecina un conflicto diplomático para Macri en la siempre polémica agenda de los derechos humanos para Cambiemos.
