La sociedad se conmovió por la condena de las autoridades responsables del accidente de ferrocarril de Once, donde murieron 51 personas. Sin embargo, la denuncia del Dr. Regazzoni sobre la corrupción en PAMI sólo suscitó unos pocos comentarios. La corrupción en el PAMI ha matado a más de 51 personas, pero al parecer si no se ve la sangre, la muerte parece una entidad abstracta. La sociedad sólo se acuerda de la salud cuando falta. El PAMI nos toca a todos, tarde o temprano, un pariente, un amigo, caerá en sus garras y su suerte dependerá de azarosas circunstancias. Una de cada diez personas en la Argentina tiene PAMI. Desde 1971, cuando se lo organizó, se pensó que se estaba dando un salto social en nuestro país, porque el segmento más vulnerable de la población recibiría cobertura médica. Pero a lo largo de estos 45 años, el sistema ha ido de crisis en crisis. Durante el gobierno de Menem, Matilde Menéndez y toda su comisión fueron acusados de administración fraudulenta. PAMI llegó a deber 1.200 millones de dólares. Le siguió Víctor Alderete, quien al finalizar el mandato tenía veinte causas. Esos juicios terminaron hace pocos días con su condena a prisión domiciliaria.
El PAMI sufrió 14 intervenciones. No podemos olvidar la gestión de la señora Ocaña, quien denunció la estafa con drogas anticancerosas. Ocaña renunció y Zanola, el dirigente de Bancarios, fue encarcelado. Ahora tiene prisión domiciliaria, pero la gente a la que él le negó los recursos está muerta. El juez Bonadio procesó a Luciano De Cesare por financiar al Estado nacional en perjuicio de los beneficiarios de PAMI. En cuatro años invirtió 14.810 millones de pesos en letras del Tesoro, impidiendo contar con esos fondos para fines propios. Lo que pasa en el PAMI es un genocidio por omisión. PAMI es el altar de la corrupción, y sus periódicas crisis nos hacen dudar de su viabilidad, por su administración burocrática e ineficiente. En 2014 tenía un presupuesto de $ 45 mil millones, y pasó de tener 10 mil a 20 mil empleados, pero no hay camas suficientes, ni geriátricos, ni establecimientos de salud mental adecuados. Las capitas se digitan entre grupos que salen siempre beneficiados, y las compras de insumos se prestan a suspicacias por los enormes intereses en juego. La falta de capacidad de elección es otro tema infame de la medicina nacional. Podemos elegir presidente, gobernadores e intendentes, pero no podemos elegir médico tratante.
Se debe corregir la distorsión financiera entre Nación y PAMI, y eliminar esta red de corruptelas y capitalismo de amigos, donde se consumen los medios en intermediaciones parasitarias. Es tiempo de buscar otro sistema donde las instituciones académicas médicas tengan espacio para aconsejar sobre prácticas, formas de atención y productos a consumir. Cuando se fracasa tantas veces es que el sistema debe corregirse, si no, sólo perseveraremos en una actitud criminal como la que tantas veces hemos visto en el PAMI.
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