Medir el daño de los últimos 12 años del gobierno saliente va más allá de un análisis de datos macroeconómicos puros. Lamentablemente han realizado un trabajo ejemplar en casi todos los lugares donde han podido tomar decisiones en pos de destruir la racionalidad económica.
La estabilidad de precios es un aspecto más, que nos ha convertido nuevamente en materia de asombro por parte de la comunidad internacional. De acuerdo con los datos suministrados por el Fondo Monetario Internacional en su informe World Economic Outlook, Argentina, junto a otros países díscolos, ha mostrado sistemáticamente desequilibrios en materia de inflación.
Hoy día la inflación ya no es un problema para el mundo. Los avances en teoría monetaria son cosa fuera de discusión en las grandes universidades. En Argentina pareciera ser que nos hemos quedado en el tiempo dado que en 2012 se modificó la Carta Orgánica del Banco Central transformando al banco de bancos en una agencia de desarrollo y promoción de equidad social, dando una justificación legal al desequilibrio monetario.
En el mundo civilizado la función de un banco central prioriza, primordialmente, la preservación del valor de la moneda local, siendo esta entidad la garante de la confianza de los individuos en las buenas prácticas monetarias que determinan un sendero de precios estables que permita la previsibilidad de los negocios y la toma de decisiones a mediano y largo plazo.
La importancia de contar con normas legales y controles que limiten el avasallamiento de las libertades de los individuos, hace estrictamente necesario que sea derogada la ley 26739 que modificó la Carta Orgánica del Banco Central para convertirlo en un apéndice del Tesoro Nacional y, de esa manera, financiar el déficit del estado nacional derivado del crecimiento del gasto público sin control.
Esta ley no sólo es arbitraria, es también perversa, pues da la justificación legal y permite abrir las compuertas para que la inflación futura pueda seguir creciendo hasta límites intolerables.
Es bien sabido que la inflación es un impuesto que perjudica principalmente a los asalariados, jubilados e individuos de bajos ingresos, quienes tienen menores posibilidades de defenderse contra el mal.
Mantener la ley 26739 provee de una poderosa herramienta al poder político para que futuros gobiernos irresponsables den inicio a una nueva etapa de desequilibrios.
Por otro lado, deberían establecerse los mecanismos que impidan el financiamiento, por parte del Banco Central, de los gastos del gobierno federal, a la vez que limiten la posibilidad de emisión de instrumentos de deuda y operaciones a término, que deberán ser pagadas por futuras generaciones.
El desafío de la nueva administración consiste en lograr el desarme del andamiaje de irracionalidad que estos doce años de gobierno han construido sobre la economía argentina, confundiendo roles y funciones a tal punto de creer que el crecimiento económico y el desarrollo de un país se centra en la voluntad de un estado omnipresente y omnisciente, y no en las acciones privadas de los individuos desarrolladas en un marco de libertad, competencia y estricto respeto por los derechos individuales que nuestra Constitución Nacional establece.
*Profesor de Economía en UCEMA
**Presidente de la Unión del Centro Democrático-UCEDE.
