La apertura del año legislativo pone al Gobierno en un nuevo desafío de continuar el proceso de fortalecimiento institucional, reclamado por la ciudadanía en los últimos comicios presidenciales. Aún cuando nos encontramos en un nuevo año electoral existen tres leyes fundamentales pendientes para tal objetivo: a) la despolitización del Poder Judicial a través de una reforma al Consejo de la Magistratura, donde los legisladores deben ser reemplazados por representantes del Poder Legislativo para eliminar la presión partidaria que hoy se vive en dicho organismo; b) un pacto fiscal que reafirme el federalismo y la autonomía de las provincias; y c) una reforma política integral que abarque su financiamiento y reglas electorales claras, transparentes y acordes a los avances tecnológicos al siglo XXI.
Respecto a esta última normativa, el Gobierno Nacional impulsó el año pasado su reforma, obteniendo en el mes de octubre la aprobación de la Cámara de Diputados. El debate en Senadores fue postergado sin fecha y el Poder Ejecutivo informó en ese momento que trataría de insistir con la iniciativa cuando comiencen las sesiones legislativas del corriente año.
Originalmente esta reforma no se limitaba exclusivamente a aspectos electorales sino que era mucho más ambiciosa, abarcando el financiamiento de la política, que fue postergada antes de la sanción de la Cámara Baja, de común acuerdo entre todos los actores políticos. Varios especialistas en la materia interpretaron que no era necesario introducir importantes reformas en dicho tema y en el caso del financiamiento de los partidos políticos, alcanzaba con hacer cumplir las leyes vigentes. Éste debe ser un primer objetivo, aún pendiente.
Por otra parte, tiene media sanción de Diputados la reforma electoral que incluye la boleta única electrónica, la eliminación de candidaturas múltiples y listas colectoras, el establecimiento de un régimen sancionatorio claro y de cumplimiento efectivo y el traspaso del control del escrutinio provisional del Ministerio del Interior a la Cámara Nacional Electoral. Si bien aún quedan varios meses hasta las elecciones legislativas nacionales de octubre y varias provincias han mostrado su compromiso en avanzar en los cambios locales, la implementación a nivel nacional puede ser difícil y riesgosa por la escasez de tiempo en la adaptación de importantes modificaciones. No sería conveniente que se aplique sólo en las provincias y se dupliquen esfuerzos al existir dos elecciones por distinto procedimiento (existiría el doble de cuartos oscuros, de mesas, de fiscales y de urnas). A modo de prueba piloto se podrían efectuar en algunos municipios elecciones por voto electrónico y sobre esa experiencia, replicarla a nivel nacional en los comicios presidenciales del año 2019 con las correcciones y modificaciones que convengan realizar para asegurar su seguridad, transparencia y celeridad. En febrero del corriente año hubo elecciones municipales en la localidad de Santa Rosa, Mendoza, donde votaron aproximadamente 13.000 electores por el sistema de voto electrónico con una máquina que solo guardaba información por 24 horas y ello permitió que una vez impreso el resultado eleccionario, se convierta en una herramienta imposible de violar o hackear.
Por otra parte, de ser aprobada la reforma electoral, seguramente existirán modificaciones en el Senado y deberá remitirse nuevamente a la Cámara de Diputados, con lo cual no podrá aplicarse este año sino recién en el año 2019. Lo importante es no demorar el tiempo en su análisis y evolución. La demanda ciudadana de una mayor transparencia, expuesta tan claramente en las elecciones presidenciales del año 2015, no debe encontrar reparos entre los dirigentes de los distintos partidos políticos si existe una voluntad de diálogo serio, maduro y sin mezquindades.
Sería un fracaso llegar a los comicios del 22 de octubre próximo con la confirmación de que nada cambió, y de que nada se está haciendo para modificar nuestro sistema electoral.
(*) Abogado.
